Sumar pide que las prácticas curriculares de grado de más de 400 horas sean remuneradas
El PP insiste en que la "prohibición absoluta de cualquier tipo de aportación económica o material vinculada a las prácticas puede poner en riesgo la continuidad de convenios ya existentes, dificultar la apertura de nuevos y reducir la oferta de plazas". © Fauxels / Pexels
Así lo señala el grupo parlamentario –que apoya la petición de ERC de eliminar la firma del rey en los títulos universitarios oficiales– en las enmiendas presentadas a la proposición de ley que pide modificar la Ley del Sistema Universitario (LOSU) con el objetivo de que ninguna universidad, ni pública ni privada, tenga que pagar a empresas, instituciones o entidades para asegurarse las prácticas académicas externas de los estudiantes.
La iniciativa del PSOE, que persigue garantizar la igualdad de acceso y de oportunidades de los estudiantes a sus prácticas, que son obligatorias en determinadas titulaciones, grados o máster, debe afrontar una enmienda a la totalidad del PP con texto alternativo, después de que la proposición de ley fuera tomada en consideración por 177 votos a favor, y 168 en contra (PP y Vox). La enmienda a la totalidad de los populares afirma que la escasez de empresas y entidades receptoras en muchos territorios «limita la disponibilidad de plazas de prácticas, lo que obliga a las universidades a desarrollar fórmulas de colaboración que a menudo requieren apoyo financiero».
El PP insiste en que la «prohibición absoluta de cualquier tipo de aportación económica o material vinculada a las prácticas puede poner en riesgo la continuidad de convenios ya existentes, dificultar la apertura de nuevos y reducir la oferta de plazas». Así, mientras los populares creen que la firma de convenios con hospitales y centros sanitarios por parte de universidades privadas «resulta imprescindible para la formación clínica del alumnado», otras formaciones como ERC o Sumar apoyan no solo definir el marco de estas prácticas sino que tengan una remuneración.
Sumar ha registrado cuatro enmiendas entre las que pide una compensación económica o beca asociada cuando las prácticas curriculares (obligatorias para aprobar el grado o máster) superen las 400 horas, con el fin de garantizar que ningún estudiante quede excluido por razones socioeconómicas. También aboga porque en el caso de los estudios de grado y máster universitario de la rama de ciencias de la salud, la naturaleza de las prácticas académicas externas sea presencial, sin perjuicio de que una parte de las prácticas dedicadas a la simulación virtual pueda ser a través de dispositivos telemáticos.
Otra de las propuestas pide que las universidades publiquen anualmente un registro público de entidades colaboradoras, número de estudiantes en prácticas, duración media, evaluación de calidad y posibles incidencias. Asimismo, insta a la creación de un Observatorio Estatal de Prácticas Académicas Externas con participación de estudiantes, sindicatos, universidades y entidades sociales, encargado de evaluar el impacto, calidad y equidad del sistema.
En la línea con ERC, el socio del gobierno de coalición añade que «mientras España mantenga como forma política del Estado la monarquía, las universidades y centros universitarios no podrán adoptar denominaciones que incorporen el nombre, título, apellido o referencia identificable de la persona titular de la Jefatura del Estado ni de sus descendientes directos o línea familiar sucesoria». En este sentido, los republicanos también han presentado la misma iniciativa bajo el argumento de que «no existe ningún mandato constitucional que obligue a que los títulos se emitan en nombre del rey».
ERC también ha pedido reforzar el papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y de las agencias autonómicas, para que se acepte documentación en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado en los procesos de evaluación y acreditación, además de reconocer el derecho del Consejo de Estudiantes a convocar un paro académico. Otra de sus enmiendas pide eliminar el límite a la tasa de reposición en los centros públicos de investigación, permitiendo a las administraciones determinar las plazas necesarias según su situación financiera.
Podemos ha registrado enmiendas que instan a que las universidades privadas tengan personalidad jurídica propia en cualquiera de las formas legalmente existentes, pudiendo ser entidades de carácter social, incluidas las sociedades cooperativas. Abogan porque no puedan crear dichas universidades o centros universitarios quienes presten servicios en una Administración educativa, tengan antecedentes penales por delitos dolosos o hayan sido sancionados administrativamente con carácter firme por infracción muy grave o grave en materia educativa o profesional. También que las Universidades de la Iglesia Católica adapten su estructura a lo previsto en la presente Ley Orgánica para las universidades privadas o soliciten su adscripción al sistema público.
Junts, por su parte, centra el debate en materia competencial y ha registrado una proposición de ley para que se establezca un distrito propio universitario en Cataluña con el fin de participar en criterios de admisión y elección del alumnado.
Por otra parte, la proposición de ley del PSOE también modifica la Ley de la Ciencia para adaptarla a la nueva realidad de los espacios de experimentación y para fomentar la investigación y la innovación de vanguardia, así como la ejecución de proyectos piloto de i+d+I, por parte del Gobierno y las comunidades autónomas.