Firmado el acuerdo para que Madrid financie la jubilación parcial a docentes de la concertada

En la firma, que ha tenido lugar este jueves en la sede de la Consejería, han participado los representantes de Escuelas Católicas de Madrid-FERE, CECE Madrid, Ucetam y Facepm, así como de los sindicatos FSIE, FEUSO, UGT y CCOO. El gobierno regional ha informado a través de una nota de prensa de que este acuerdo da respuesta a una reivindicación histórica del colectivo, y con él los maestros y profesores podrán acogerse de forma voluntaria a una reducción de su jornada lectiva los dos años previos a la jubilación. Durante ese periodo, los más de medio millar de docentes que se beneficiarán de esta medida pasarán de trabajar 25 horas semanales a tan solo siete, manteniendo el 100% de la cotización a la Seguridad Social.

Además, informa el gobierno madrileño, el contrato de relevo favorecerá la incorporación de nuevos docentes a los centros educativos concertados madrileños. Una de las entidades firmantes del acuerdo, Escuelas Católicas de Madrid, ha especificado en una nota de prensa que a diferencia de otras regiones en las que se financia el 100% de la jornada laboral del profesor relevista, la Consejería de Educación madrileña solo asumirá el 75%, obligando a los colegios a financiar el 25% restante.

Escuelas Católicas celebra la medida

Desde Escuelas Católicas de Madrid han celebrado la recuperación de la jubilación parcial con contrato de relevo, aunque ha lamentado que la Consejería solo asuma el 75 por ciento de la jornada laboral del profesor relevista, obligando a los colegios a financiar el 25 por ciento restante con sus propios recursos. No obstante, la entidad ha conseguido que la administración autorice el incremento de la ratio de horas lectivas del personal docente de relevo hasta la fecha de jubilación efectiva del profesor relevado. Esto significa que la Consejería se ha comprometido a asumir la totalidad de la jornada laboral del profesor relevista, cuando el centro acredite que no dispone de los recursos necesarios para asumir ese 25 %, una medida «decisiva» para que ningún centro se vea perjudicado, ha detallado Escuelas Católicas de Madrid.

La Junta Rectora de la organización, que agrupa a 340 centros, ha decidido facilitar estas jubilaciones parciales, un esfuerzo que busca la renovación de los claustros educativos y la mejora sustancial de las condiciones laborales de todos sus trabajadores.

FSIE acoge con «cautela y exigencia» el acuerdo

La Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE-Madrid) se reúne mañana con la Consejería para la firma del acuerdo de jubilación parcial, «una reivindicación histórica» de los docentes de la concertada. Sin embargo, FSIE-Madrid ha acogido el acuerdo «con la máxima cautela y exigencia», al considerar que es un texto «manifiestamente mejorable», que nace limitado a un solo curso, sujeto a una disponibilidad presupuestaria que hoy es «una incógnita» y pendiente de una «letra pequeña» que aclare cómo se aplicará realmente en los centros.

Para esta organización sindical, el documento «no es una meta», sino «el punto de partida» para desbloquear una serie de mejoras laborales urgentes como que las sustituciones se cubran desde el primer día para evitar la sobrecarga de los equipos, la reducción de la excesiva carga burocrática o la restitución completa del complemento autonómico y las vacaciones del personal sustituto.

La Consejería de Educación ha abierto una nueva etapa para la enseñanza concertada con el desbloqueo de medidas largamente reclamadas por el sector, según CECE Madrid. Entre ellas, destaca el acuerdo de jubilación parcial, la cobertura de las bajas desde el primer día y la expectativa de una mayor estabilidad para los centros, en un contexto en el que la patronal percibe un cambio de tono en la interlocución con el departamento autonómico.

La valoración de Juan Chávarri, secretario general de la confederación española de centros de enseñanza en Madrid, es claramente favorable. En sus declaraciones, remarca que la medida genera «seguridad» y «tranquilidad» para los centros, y subraya que la adaptación a las ratios pretende corregir una situación que calificó de desventajosa para la concertada, especialmente tras la bajada de alumnado en Infantil y Primaria en la Comunidad.

Chávarri explicó que el acuerdo que se firmará «mañana» supone adaptar la normativa autonómica a la estatal y poner al día una cuestión que llevaba demasiado tiempo bloqueada. Recordó que Madrid era una de las últimas comunidades en formalizar este marco y añadió que el desbloqueo se ha producido, en parte, gracias a la nueva consejera, a quien atribuye avances en asuntos que el equipo anterior mantenía paralizados.

En ese mismo diagnóstico, el dirigente de CECE Madrid defendió que el cambio no solo responde a una cuestión técnica, sino también a una necesidad de estabilidad para las plantillas y para los proyectos educativos. A su juicio, la reforma ayuda a compensar la inseguridad jurídica que arrastraban los centros y permite planificar mejor a medio plazo, algo especialmente sensible en un modelo que depende del número de alumnos para sostener unidades y organización.

La otra gran novedad celebrada por Chávarri es que las sustituciones del profesorado de la concertada dejarán de estar desprotegidas desde el primer día. Según relató, desde 2011 esa cobertura no se aplicaba como consecuencia de las medidas de crisis, y ahora se revertirá de forma parcial para que las bajas de pago delegado queden cubiertas desde el inicio. La medida, añadió, es especialmente valiosa porque cubrir ausencias se ha convertido en una tarea cada vez más difícil.

El dirigente de CECE Madrid insistió en que esta decisión corrige una de las medidas más dolorosas heredadas de la crisis de 2008 a 2013. También sostuvo que, aunque no se recupera por completo el esquema anterior, sí se avanza hacia una fórmula que aporta certidumbre económica y organizativa a los centros concertados.

Junto a la jubilación parcial y a la cobertura de bajas, el sector pone el foco en la ampliación de los conciertos, una reclamación que sigue viva en la concertada madrileña. Chavarri evitó convertir este asunto en una nueva batalla ideológica y prefirió insistir en que el debate debe centrarse en la estabilidad del sistema, en la seguridad jurídica y en la posibilidad de sostener proyectos educativos a lo largo del tiempo. En ese marco, la referencia a los «14 años» aparece como horizonte de una medida que busca dar continuidad y previsibilidad a los centros.

La conversación con la Consejería también deja otra lectura de fondo: la concertada percibe un clima menos tenso. Chavarri afirmó que existe «buena sintonía» con la nueva consejera y que, al menos de momento, se están desbloqueando asuntos que habían quedado encallados durante la etapa anterior. Ese cambio de tono, aseguró, ya se nota en reuniones y en la disponibilidad para abordar temas que antes ni siquiera lograban avanzar en agenda.

En ese contexto, la organización ve con mejores ojos un escenario en el que la discusión sobre ratios, conciertos y sustituciones se encauce desde el diálogo y no desde el enfrentamiento. La propia CECE Madrid sostiene que la bajada de ratios en la Comunidad de Madrid ha sido una de las más intensas del país, lo que ha impactado con especial fuerza en la concertada, y por eso valora cualquier medida que ayude a recuperar equilibrio y previsión.

La sensación que deja Chavarri es la de una etapa de desbloqueo. Y, para un sector acostumbrado a medir su estabilidad en función de cada unidad, cada sustitución y cada concierto, ese avance no es menor: significa tiempo, seguridad y margen para seguir educando con menos sobresaltos.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado este miércoles dedicar, en el próximo curso 2026-27, 74 millones de euros a sus becas para estudiar Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Superior en centros concertados y privados. El Ejecutivo autonómico espera que más de 30.000 alumnos se beneficien de estas ayudas, para las que se mantiene el mismo umbral máximo de renta familiar per cápita (35.913 euros) que el año pasado, de modo que, por ejemplo, podrán beneficiarse familias con un solo hijo y una renta total de 107.739 euros.

En una nota, la Comunidad precisa que las becas de Bachillerato tendrán una dotación de 43,5 millones de euros y está previsto que alcancen a más de 17.100 escolares. Por segundo año, la nota académica será uno de los baremos a considerar para acceder a las ayudas. Las familias con una renta per cápita de hasta 10.000 euros podrán tener una ayuda anual de 3.750 euros, mientras que las que tengan entre 10.000 y 35.913 euros por cada uno de sus miembros podrán recibir 2.000 euros. En el caso de que el coste total del curso sea inferior a la cuantía de la beca concedida, el importe de la ayuda no podrá superar el del precio total del año académico.

En cuanto a las becas de FP, tendrán una inversión de 30,5 millones de euros y la Comunidad espera que lleguen a unos 13.000 estudiantes. En Grado Superior, la cuantía a percibir oscilará entre los 2.500 y los 3.250 euros anuales, en función de la renta familiar. Para el segundo y tercer curso (este último en caso de dobles ciclos), el importe se situará entre los 1.925 y los 2.525 euros. Por su parte, los alumnos de Grado Medio podrán recibir una ayuda anual de entre 1.659 y 2.765 euros, también dependiendo de su situación económica.

Además, los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) e Ingreso Mínimo Vital (IMV) recibirán 3.500 euros en primero y 2.800 en segundo y tercer curso del Grado Superior, mientras que si estudian un Grado Medio la cantidad será de 3.000 euros anuales. Para todas las becas es obligatorio que los beneficiarios no hayan repetido curso escolar y estén matriculados o con reserva de plaza para el curso 2026-27. Y, en todos los casos, se contempla la posibilidad de prorrogar la ayuda en cursos posteriores, siempre que se mantengan las condiciones que dieron lugar a su concesión y el beneficiario lo solicite.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá tras la publicación en los próximos días de las respectivas convocatorias en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Control de calidad en obras educativas

También en el ámbito educativo, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy licitar un nuevo acuerdo marco para la prestación del servicio auxiliar de control de calidad en las obras realizadas en centros educativos. El acuerdo, con una duración de dos años –prorrogables por otros dos– y una inversión prevista de 6,5 millones de euros, «permitirá seleccionar previamente a las empresas que prestarán el servicio, lo que facilitará una respuesta más ágil a las necesidades de los centros», según la Comunidad.

Entre los aspectos que se verifican a través de este control está la comprobación de que los materiales y unidades de obra se ajustan a los pliegos de prescripciones técnicas, la calidad en la ejecución de fachadas, urbanización o acabados o la certificación de la eficiencia energética de las instalaciones.

300.000 euros a la UCM para gestionar el Distrito Único

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado una ayuda directa de 300.000 euros a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para financiar los gastos de personal, equipos informáticos y espacios necesarios para la gestión y coordinación del Distrito Único 2026-27, el sistema que centraliza el proceso de admisión a los estudios de grado en las seis universidades públicas de la región. En el actual año académico más de 65.000 personas realizaron este trámite para acceder a alguno de los cerca de 450 títulos oficiales ofertados en las seis universidades públicas de la región.