Educación retoma la próxima semana las mesas de negociación sobre el Estatuto Docente

Antes de participar en la Conferencia Sectorial de Educación con los consejeros de las comunidades en la que se acordará la distribución de 329,2 millones de euros correspondientes a seis programas de cooperación territorial, Tolón ha vuelto a reiterar que «por supuesto» esta será la «legislatura del profesorado». Sin embargo, ante las diferentes protestas que protagonizan los docentes de comunidades como Madrid o Valencia, la ministra ha incidido en que la gestión de la Educación corresponde a los gobiernos autonómicos y se ha preguntado «¿cómo se está gestionando ese dinero?», en referencia a las transferencias del Gobierno central a las autonomías ya que «han recibido más dinero que nunca».

«Habría que preguntar cómo se está gestionado. Lo que no me vale es que devuelvan fondos de 0 a 3 años como hizo Galicia o Andalucía» ha recalcado Tolón, que también ha recordado a las administraciones autonómicas que «hay que tener capacidad de diálogo y querer dialogar con los que se están manifestando».

En la Conferencia Sectorial de Educación participan casi la mitad de las comunidades autónomas de forma presencial, salvo Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria, Murcia, Aragón, Extremadura y Castilla y León, que lo hacen de forma telemática. La Consejería de Educación de Madrid ha puesto sobre la mesa la problemática de las educadoras del primer ciclo de Educación Infantil, que mantienen su huelga indefinida desde hace más de un mes en la comunidad madrileña, para pedir la pareja educativa en el aula y la bajada de ratios en las clases.

Tolón ha exigido «corresponsabilidad» a las comunidades al tiempo que ha avanzado que siguen trabajando en el decreto de 2010 que revisará las ratios del primer ciclo de Infantil. «Es un real decreto que sería aprobado dentro de unos meses», ha dicho, la ministra tras apelar también a la «responsabilidad» para que el PP apoye el proyecto de ley que bajará las ratios en primaria y secundaria y que sigue paralizado en el Congreso.

Después de que Junts haya presentado una enmienda a la totalidad a esta norma, los plazos para presentar enmiendas parciales han vuelto a prorrogarse hasta la próxima semana, por segunda vez. «Apelo a la sensibilidad con el profesorado, a que el principal partido de la oposición apoye a los 800.000 profesores que piden la bajada de ratios», ha dicho la ministra. En cuanto al decreto que modificará la creación de nuevos centros de Formación Profesional para establecer límites en cuanto a la formación online y a los criterios que deben tener sobre profesorado e infraestructuras, la ministra ha avanzado que «a finales de junio ya tendremos el texto para ponerlo en conocimiento».

En la Conferencia Sectorial de este miércoles Madrid también han incluido en el orden del día la situación de los auxiliares de conversación para evitar que algunas comunidades sean sancionadas por la Inspección de Trabajo, al señalar que hacen tareas docentes. Tolón ha avanzado que tras el acuerdo con el Ministerio de Trabajo para garantizar la legalidad y la seguridad jurídica «el conflicto está resuelto» y ha avanzado que la convocatoria de plazas ya ha sido publicada y para el próximo curso el programa contempla 4,2 millones de euros.

Por otra parte, la distribución de fondos de los programas de cooperación territorial que tiene previsto aprobar hoy la Conferencia sectorial se refieren al programa PROA + para centros de especial complejidad educativa (105,9 millones), programas para impulsar la educación inclusiva (28,7 millones y 7,7 millones), programa de bienestar y protección en los centros (10 millones) y programas de refuerzo en competencia lectora y competencia matemática (56,2 millones y 120,5 millones, respectivamente).

Varias comunidades como Andalucía, Galicia, Madrid o Valencia, se han quejado a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, de la falta de seguridad jurídica para adherirse al programa de auxiliares de conversación que tienen muchos centros escolares, y aseguran que no ven certeza de que no puedan ser multados por la Inspección de trabajo.

Después de que los gobiernos autonómicos de Valencia y Andalucía hayan sido sancionados por Trabajo al considerar que estos auxiliares de conversación mantenían una relación laboral con estas administraciones, el Ministerio de Educación publicó en mayo la nueva convocatoria de plazas para el curso 2026-27 acordada con el Ministerio de Trabajo y en la que se puntualizaba el programa «no constituye una relación laboral, sino un programa de intercambio cultural y educativo». Sin embargo, algunas comunidades como Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía no lo ven suficiente y han sopesado no acudir a esta convocatoria ya que consideran que este cambio no tiene un marco jurídico seguro.

Así se lo han señalado durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación que este miércoles ha aprobado repartir 329,2 millones entre las comunidades autónomas para el impulso de seis programas de apoyo educativo. La consejera madrileñs, Mercedes Zarzajelo, ha señalado a la salida de la reunión que «lo único que han hecho es modificar un anexo que es el mismo que ya aparece en nuestras guías y que no ha permitido que no se sancione».

«No hay seguridad jurídica y no hay un marco jurídico y valoraremos la convocatoria, que viene tarde y mal y sin certezas», ha dicho tras recordar que Madrid invierte cada curso 28 millones de euros en 2.800 auxiliares de conversación y que el Ministerio de Educación aporta 90. Zarzalejo ha recalcado que la Consejería venía con «la intención de adherirnos a la convocatoria si había una solución real y no ha sido así».

Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha negado que hubiera un conflicto y ha dicho que al final se ha resuelto con «la garantía de una interpretación coincidente» entre el Ministerio de Educación y Trabajo sobre las funciones de esta figura, que «no es un docente».

La convocatoria del Ministerio de Educación que cubre cerca de 700 plazas para el próximos curso señala que «no existe relación laboral entre los auxiliares de conversación y la Administración: la selección de los auxiliares no responde a un procedimiento de selección de personal, sino a una convocatoria de subvenciones; no concurren los elementos característicos de una relación laboral (dependencia, ajeneidad y salariedad), tampoco se dan las notas definitorias propias de un contrato formativo».

Puntualiza que la función de los auxiliares de conversación extranjeros es asistir en las prácticas de conversación en la lengua extranjera en los centros educativos españoles, en el marco del intercambio intercultural que promueve el programa, fomentando el conocimiento mutuo y la difusión de las lenguas y culturas de los países de origen y destino, siempre bajo la supervisión de un profesor titular. En consecuencia, las personas participantes en el Programa de Auxiliares de Conversación no realizarán, en ningún caso, funciones correspondientes a una relación laboral ni las funciones que son propias y exclusivas del profesorado, según quedan establecidas en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. La convocatoria estableció un plazo de solicitudes del 2 al 30 de junio.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha acordado con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial presencial, celebrada este miércoles en la sede del Ministerio, el reparto de 329,2 millones de euros entre las autonomías para el impulso de seis programas de cooperación territorial destinados al apoyo educativo. Se trata del Programa de refuerzo de la Competencia Lectora, Programa de refuerzo de la Competencia Matemática, dos programas de Educación Inclusiva, Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+), y Programa de Bienestar y Protección en los centros educativos.

La ministra ha señalado que esta inversión demuestra el compromiso del Gobierno con “una educación pública más fuerte, más equitativa y con más oportunidades para todos”. Los programas de refuerzo de la Competencia Lectora, cuyo importe asciende a 56,2 millones de euros, y el de refuerzo de la Competencia Matemática, dotado con 120,6 millones de euros, se centran en ofrecer al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, en reducir la brecha de género en ambas competencias, y en formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje (en el caso de la lectura, en distintos soportes). Ambos programas tienen como objetivo mejorar el nivel de desempeño del alumnado de segundo ciclo de educación Infantil (solo en el caso del de lectura), Primaria, ESO y ciclos formativos de Grado Básico.

Otro de los programas, el de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (el llamado PROA+), con un presupuesto de 105,9 millones de euros (cofinanciados por el Ministerio y el Fondo Social Europeo Plus), responde a la necesidad de mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa. Serán las comunidades las que seleccionen aquellos centros que por sus características y vulnerabilidad del alumnado deban formar parte de PROA+.

El objetivo de dicho programa es impulsar una transformación progresiva de los centros basada en la generación de expectativas positivas para todo el alumnado y en la consolidación de un clima escolar inclusivo, para que todo el alumnado alcance el éxito educativo.

Por otra parte, hay dos programas de Educación Inclusiva, uno dotado con 7,7 millones y con otro con 28,7 millones (cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus), que tienen por objeto impulsar la transformación de los centros educativos hacia entornos plenamente inclusivos. De esta manera, persiguen identificar y eliminar las barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas u organizativas que puedan dificultar que todo el alumnado acceda en igualdad de oportunidades al sistema educativo, participe plenamente en la vida escolar y desarrolle su aprendizaje en condiciones de equidad e inclusión.

Otro de los programas, el de Bienestar y Protección en los centros educativos, que pasa de 5 a 10 millones de euros, persigue potenciar el bienestar y la convivencia escolar desde una perspectiva integral, favoreciendo la formación del profesorado y tomando como eje la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección para mejorar los entornos educativos. La LOMLOE incorporó entre sus principios la necesidad de garantizar entornos educativos seguros y promover el desarrollo integral del alumnado. En este contexto, se estableció la obligatoriedad de designar en todos los centros educativos la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección.

En esta línea, los objetivos de dicho programa son facilitar la liberación del horario lectivo de los coordinadores de bienestar; aumentar y/o reforzar los recursos humanos para la intervención en el campo de la promoción del bienestar emocional a través de la incorporación de asesoras/es o profesionales específicos; desarrollar actuaciones formativas destinadas a coordinadores o coordinadoras de bienestar y protección, y desarrollar actuaciones formativas dirigidas al profesorado y a los servicios de inspección de educación.

En la Conferencia Sectorial del pasado 6 de marzo se aprobó la distribución de 58,6 millones de euros del Programa de ayudas para libros de texto y material didáctico. Por ello, tras la Sectorial de este miércoles el Ministerio habrá transferido a las autonomías un total de 387,7 millones de euros para Programas de Cooperación Territorial este 2026, prácticamente el triple de lo destinado en 2018 (129,7 millones de euros).