El decreto de FP que viene: menos descontrol en la modalidad online y prácticas garantizadas

La reunión celebrada el pasado martes en el ministerio entre la Secretaría General de Formación Profesional y las direcciones generales autonómicas de FP dejó una conclusión compartida: el próximo Real decreto quiere poner orden en un mapa que ha crecido con demasiada rapidez y sin criterios homogéneos entre territorios. El departamento prevé llevar el texto antes del verano, tal y como anunció la ministra en la última conferencia sectorial.

Uno de los cambios más sensibles afectará a la formación online, semipresencial y virtual. El ministerio estudia fijar límites a las ratios en estas modalidades, ya que en algunas comunidades autónomas los grupos alcanzan cifras muy elevadas y, en la práctica, se desdibuja la calidad del seguimiento docente. La intención es rebajar esos máximos y aclarar qué debe entenderse por presencialidad en cada ciclo.

La reforma también busca reforzar la presencialidad real en determinadas enseñanzas, especialmente en aquellos ciclos en los que la parte práctica exige más acompañamiento y más control del aprendizaje. La idea es distinguir mejor entre los distintos modelos, evitar que se confundan entre sí y ajustar la norma a la naturaleza de cada familia profesional.

Otro de los grandes frentes será el de las prácticas obligatorias. El ministerio quiere garantizar que todo el alumnado tenga asegurado el acceso a empresas antes de titular, pero al mismo tiempo algunas direcciones generales expresaron su recelo ante la posibilidad de que los centros privados lleguen con convenios cerrados y acaparen oportunidades de prácticas que también necesita la red pública.

Ese debate tiene especial intensidad en territorios con menos tejido empresarial disponible, donde la oferta de plazas para prácticas es limitada y cada acuerdo cuenta. En ese contexto, las administraciones quieren evitar que se genere un efecto de arrastre que deje sin margen a otros estudiantes y a otros centros.

La reunión también dejó clara la voluntad del ministerio de separar la FP de la oferta universitaria. Aunque existe colaboración en algunos ámbitos, el departamento entiende que la Formación Profesional de Grado Superior no debe convertirse en una simple pasarela hacia la universidad. En esa línea, Magisterio ya había adelantado la intención de ordenar la FP privada en este avance sobre la FP privada.

El problema, admiten fuentes presentes en la reunión, es que las universidades privadas han ido buscando fórmulas para sortear cualquier restricción y abrir ciclos de FP a través de fundaciones u otras figuras jurídicas. El ministerio quiere poner freno a esas prácticas, pero reconoce que no será una tarea sencilla porque el límite entre ambas ofertas se ha vuelto cada vez más difuso.

Pese a esas dudas, la valoración general entre los directores generales presentes fue satisfactoria y prudente. Las medidas se interpretan como necesarias para ordenar el sistema, reforzar garantías y dar más coherencia a la FP en un momento en el que la demanda no deja de crecer y el marco regulatorio se ha quedado corto en varios puntos.