Tolón asegura que la reducción lectiva en la concertada no es competencia del Gobierno

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha advertido que el Gobierno no tiene competencia ni potestad para que el nuevo proyecto de ley sobre ratios incluya también la reducción de la jornada docente en la enseñanza concertada. En un almuerzo organizado por el Club Siglo XXI, Tolón ha pedido a PNV y Junts que retiren las dos enmiendas a la totalidad que este jueves se debatirán y votarán en el pleno del Congreso sobre la nueva ley, que rebajará el número de alumnos por clase y la carga lectiva en la enseñanza pública.

Tolón ha recordado además que los convenios laborales firmados con las patronales de enseñanza concertada y con los centros privados son los que deben regular la rebaja de las horas lectivas de estos colectivos, después de las quejas trasladadas por los sindicatos al Defensor del Pueblo.

Tolón se ha mostrado abierta a que, en el trámite de enmiendas parciales, la ley pueda mejorar y ha defendido la educación como el corazón del proyecto de un país, al considerar que sostiene la democracia, la convivencia y la igualdad.

También ha afirmado que la prioridad nacional del Gobierno es la educación y la sanidad pública, la vivienda y el empleo, y se ha mostrado confiada en que la actual polarización social pasará pronto. «Ninguna política de convivencia será sólida si no empieza en las aulas», ha señalado la ministra, en una defensa de la escuela como base de la cohesión social.

Sobre la Formación Profesional, Tolón ha avanzado que el nuevo decreto que regulará la creación de centros de FP se conocerá a mediados de julio, aunque por los tiempos administrativos no podrá entrar en vigor hasta más allá del mes de octubre. La ministra ha insistido en que el nuevo marco regulatorio garantizará la oferta formativa y ordenará los centros privados, que, según ha dicho, no se pueden apoyar a cualquier precio. Además, ha subrayado que es imprescindible que las prácticas en empresas sean obligatorias desde el primer momento y que se debe blindar la FP online.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), que representa a los centros concertados, ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por haber sido excluidos en la nueva ley que reducirá la jornada docente y las ratios en las aulas, informa la Agencia Efe. El proyecto de ley que contempla una reducción del número de alumnos en primaria y secundaria y que bajará las horas del profesorado entra este jueves en su primer debate parlamentario, con la votación en el pleno del Congreso de las dos enmiendas a la totalidad que ha presentado Junts y el PNV.

El rechazo de estas enmiendas –que piden la devolución del texto– depende de la abstención del PP, ya que si no las apoya, el proyecto de ley seguiría con su tramitación en las Cortes. Los sindicatos de la enseñanza concertada llevan varias semanas movilizándose para que la nueva ley extienda la reducción de la carga lectiva semanal a estos docentes y afirman que su exclusión genera una diferencia de trato injustificada. En el escrito remitido al Defensor del Pueblo, FSIE solicita «que se examine la actuación del Ministerio de Educación y que se formulen las recomendaciones oportunas para garantizar un tratamiento homogéneo y no discriminatorio».

La queja se fundamenta en la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha reconocido la competencia del Estado para regular mediante normativa básica aspectos esenciales relacionados con la actividad docente en los centros sostenidos con fondos públicos, garantizando un tratamiento homogéneo. También se denuncia la ausencia de diálogo y negociación por parte del Ministerio de Educación con los representantes de la enseñanza concertada.

La organización recuerda que los centros concertados forman parte del servicio público educativo, conforme reconoce expresamente la Ley Orgánica de Educación, y considera que no existe ninguna justificación objetiva para privar a su profesorado, alumnado y familias de unas medidas que el propio proyecto de ley considera esenciales para mejorar la calidad educativa. El colectivo de la concertada se ha reunido con diferentes partidos políticos para trasladarle esta y otras reivindicaciones con el fin de que queden registradas en diferentes enmiendas parciales que posteriormente serían debatidas y votadas para poder ser introducidas en la ley.