Junts tumba la ley de ratios en el tablero competencial

La ley que el Gobierno aprobó el 21 de abril fija un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria y de 25 en ESO, además de que el alumnado con necesidades educativas especiales compute como dos plazas. El texto ya fue remitido al Congreso y empezó allí su tramitación parlamentaria, con un calendario de aplicación progresiva.

En ese marco, Junts ha movido ficha con una enmienda a la totalidad que, según su planteamiento, frena una ley que entra a regular aspectos organizativos que corresponden a las administraciones autonómicas. Josep María Cervera, diputado de Junts y responsable de Educación, considera que la norma invade competencias porque pretende legislar sobre cuestiones de organización escolar que deberían decidir las comunidades autónomas, de acuerdo con el marco competencial fijado en la legislación europea.

Aunque la enmienda a la totalidad no contará con el apoyo de Partido Popular y Vox, hace prácticamente imposible que prospere en la fase de enmiendas parciales por tratarse de un choque competencial y no, según Junts, de discrepancias sobre el contenido de la ley.

Otras voces próximas al partido independentista como Irene Rigau, emblemática militante convergente y ex consellera de Ensenyament de Cataluña, sostiene además que una simple reducción de ratios no eleva por sí sola la calidad educativa, una idea que —subraya— ya ha sido cuestionada por abundante evidencia empírica. A su juicio, lo razonable sería fijar un techo máximo de alumnos para evitar la masificación, pero dejar después margen a las comunidades autónomas y a los propios centros para decidir el número idóneo en función de su realidad concreta.

El proyecto, sin embargo, se presenta como una norma básica amparada por el artículo 149.1 de la Constitución y afirma respetar el ámbito competencial de las comunidades autónomas, de modo que el pulso vuelve a ser jurídico antes que pedagógico. No es un argumento nuevo para Junts, que en otras reformas estatales ha recurrido al reproche de la invasión de competencias para justificar su rechazo o sus enmiendas.

Más allá de la batalla jurídica, hay voces que ponen el foco en el fondo del problema. En una reciente intervención de Mariano Fernández Enguita, el sociólogo insistió en que «la ratio no es la solución» y defendió la codocencia y el bienestar docente como palancas más útiles; y en el informe de EsadeEcPol, firmado por Lucas Gortazar y José Montalbán Castilla, se advierte de un coste presupuestario muy elevado y de un impacto limitado en el aprendizaje.

Rigau coincide en esa lectura de fondo: entiende que el dinero público debería priorizar medidas con más recorrido, como la codocencia, en lugar de aplicar una reducción homogénea de ratios en centros muy distintos entre sí, con alumnado y contextos sociales también distintos. Establecer el mismo número de alumnos para colegios de barrios diversos, apunta, puede convertirse en un despilfarro si esos recursos no se orientan a políticas con un efecto más probado sobre el aprendizaje y la atención educativa.

Con ese diagnóstico encima de la mesa, la reforma queda atrapada entre la promesa de mejorar la atención individualizada y la advertencia de que la medida no arregla por sí sola los males estructurales del sistema. El Gobierno la defiende como una mejora del bienestar docente y de la calidad educativa, pero la combinación de coste, calendario y reparto territorial la convierte en una pieza sensible del debate parlamentario.

Rigau introduce, además, un argumento especialmente delicado para Junts: el de la libertad de enseñanza. Según su planteamiento, obligar a bajar el número de alumnos por aula sin permitir al centro ampliar una línea más podría hacer que algunas familias perdieran su plaza escolar en el colegio elegido. La cuestión no sería, por tanto, solo de organización interna, sino también de acceso a la oferta educativa y de capacidad real de respuesta de cada centro.

La ex consellera matiza que otra cosa sería que esa reducción de alumnos por aula se acompañara de la posibilidad de ampliar líneas. Pero considera que esa opción es altamente improbable en muchos centros, porque exige disponibilidad de espacios, recursos económicos para acometer reformas y, sobre todo, voluntad política de los gobiernos autonómicos para incrementar la financiación necesaria.

En la práctica, nadie quiere aparecer como el partido que frena una medida asociada a más atención al alumnado y menos sobrecarga en el aula. Por eso la discusión no es solo educativa: también es una prueba de imagen y de nervio político, porque la ley llega al Congreso con trámite de urgencia, plazos cerrados y una aplicación escalonada que obliga a cada grupo a medir muy bien su posición.