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Los sindicatos avisan de que las protestas seguirán hasta que vuelva el diálogo

Si los últimos días de 2010 transcurrieron al compás de un rosario de manifestaciones (hasta cuatro del 22 al 29 de diciembre) protagonizadas por los sindicatos de enseñanza (junto al resto de funcionarios públicos) en protesta por la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, la llegada de 2011 no hace si no caldear el ambiente.
María CuéllarMiércoles, 12 de enero de 2011
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Hasta cinco veces han salido los sindicatos a la calle desde finales de diciembre.

Para empezar, la lista de protestas que prometen las organizaciones sindicales (unidas tras la batalla electoral del pasado diciembre) para este nuevo año comenzaba el 4 de enero con la siguiente ya fijada: este 12 de enero. Los sindicatos lo tienen claro, como bien dijo el presidente de ANPE, Clemente Hernández, al terminar la última marcha: “seguiremos manifestándonos hasta que el Gobierno regional se siente con nosotros a discutir y hablar, pues apretarse el cinturón vale, pero todos”.

De hecho, distintos delegados sindicales consultados señalan, incluso, que no descartan una huelga, aunque conscientes de que ni los alumnos ni los padres deberían pagar por esta situación lo que se está haciendo estos días es enviar a los centros un manifiesto en contra de estas medidas, así como organizar una serie de asambleas (18 y 20 de enero) en los claustros de distintos municipios para que sea ahí donde se adopten las futuras actuaciones de protesta. Y es que decisión a última hora del gobierno regional de recortar el sueldo a los docentes en 75 euros, en lugar de los 175 previstos (correspondientes al complemento de productividad pactado en 2008), no apaciguó los ánimos ya que, como indica el delegado de Comunicación de ANPE, Antonio Sánchez, “no todo es cuestión del bolsillo”, en clara referencia a otros efectos que traerá la aplicación de estas medidas y que, entre otros, supone la suspensión del Acuerdo Global de Plantillas que, incluido en el anterior Pacto, reconocía el horario específico para el desempeño de la acción tutorial. Ahora, con la nueva Ley, lo que se hace es volver a la anterior situación. “Es una salvajada porque agrede a los acuerdos y las condiciones laborales de los docentes y rompe el diálogo ya que se ha hecho sin contar con los sindicatos de una forma poco creativa.”, dice José Manuel González de SIDI.

En esta misma línea, el secretario general de FE-CCOO, Pedro Manuel Vicente, manifiesta que “ha sido un golpe de estado en toda regla que se carga de un plumazo años de acuerdos consensuados con los agentes sociales que han mejorado las condiciones laborales de los docentes”.

Ante esta situación y en respuesta a unas declaraciones de IU, el consejero de Educación, Constantino Sotoca, emitía un comunicado donde señala que estas medidas de ajuste “responden a una situación de crisis”, por lo que tienen un carácter coyuntural y que "se adoptan para garantizar la continuidad y la calidad de los servicios que se prestan en nuestros centros educativos".

Las medidas de la discordia

  • 75 euros menos en la nómina como consecuencia del recorte del complemento de productividad fijado en 2008 en 175 euros.
  • Suspensión del Plan de Pensiones. Hasta ahora la Consejería aportaba un 0,5% del sueldo anual de cada docente (alrededor de unos 180 euros al año) a estos planes.
  • Más horas de trabajo.

Con la liquidación del Acuerdo de las 35 horas, la jornada se alargará hasta las 37,5 horas (lectivas y complementarias).

nnMenos permisos y licencias. En el caso de enfermedad grave, operación o fallecimiento de un familiar se computarán como días naturales y no hábiles.

  • Suspensión del Plan de Acción Social. Se terminan las ayudas por nacimiento o para la educación de hijos discapacitados, entre otros.
  • Los cursos no descuentan. Los docentes, como los profesionales sanitarios, tendrán que formarse fuera de su jornada laboral ya que no se computarán como tiempo de trabajo.
  • No habrá oposiciones. Los maestros se quedan sin convocatoria de empleo público.
  • Recorte salarial en incapacidad temporal derivada de enfermedad común en un 25% .
  • Menos liberados sindicales. Sólo se mantienen los de la Junta de Personal.
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