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Murcia inicia los trámites de ley para reconocer al docente como autoridad pública

En el caso de los centros privados, esta condición quedaría limitada al ámbito interno y disciplinario de las relaciones de los docentes con el alumnado.
MagisnetJueves, 27 de octubre de 2011
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El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Autoridad Docente de la Región, que reconocerá y fortalecerá la figura del docente y fomentará la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones, informó en rueda de prensa el consejero Constantino Sotoca.

El objetivo de la norma será reforzar el papel social del docente ante la comunidad educativa, es decir, hacer valer su figura como parte esencial en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo, y establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución.

Para ello, el texto legal propone su aplicación en todos los centros educativos de la Región que imparten enseñanzas regladas no universitarias, recogidas en la LOE, y se extendería tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.

En cuanto a la protección jurídica, las consecuencias más directas son, por un lado, el reconocimiento de la condición de autoridad pública al docente y, por otro, la presunción de veracidad de los hechos que constaten los docentes, además de la garantía de asistencia jurídica en caso necesario.

Según el anteproyecto de Ley, la condición de autoridad pública se le confiere a todos los directores y miembros de los equipos directivos, así como a los docentes de la Región, que gozarán de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico. En el caso de los centros privados, esta condición quedaría limitada al ámbito interno y disciplinario de las relaciones de los docentes con el alumnado.

Por su parte, la presunción de veracidad implicaría que los hechos constatados por los docentes en el ejercicio de sus funciones, y siempre que lo formalicen por escrito, serían veraces salvo prueba en contrario.

Asimismo, la norma atribuiría rango legal a la protección y asistencia jurídica que ya presta la Comunidad, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, a los docentes de los centros públicos por cualquier procedimiento en el que estuvieran inmersos. Además, garantizaría la cobertura de la responsabilidad civil derivada del ejercicio legítimo de sus funciones.

Otro de los aspectos que recoge el Anteproyecto de Ley es la responsabilidad del alumno por los daños que puedan causar de forma intencionada o negligente. En este caso, el alumno deberá reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.

El Anteproyecto de Ley será compartido ahora con la comunidad educativa en los diversos foros de participación establecidos, como el Consejo Escolar de la Región de Murcia, la Mesa Sectorial de Educación y la Comisión de Directores. Finalmente, deberá contar con el visto bueno del Consejo Jurídico, que, tras emitir su dictamen, lo devolverá al Ejecutivo antes de su presentación a la Asamblea Regional, donde se procederá a su debate parlamentario.

Por otro lado, el Ejecutivo ha tomado conocimiento de varias actuaciones, por un importe superior al millón de euros, para la rehabilitación de cuatro centros educativos de Lorca afectados por los terremotos del pasado mes de mayo.

Igualmente, el Gobierno murciano destinará más de un millón de euros a los ayuntamientos de Caravaca de la Cruz, Cieza, Jumilla, Molina de Segura y San Javier para colaborar en la financiación de los conservatorios profesionales de música en estos municipios.

Asimismo, el Ejecutivo murciano ha autorizado la contratación de las obras de construcción de Contentpolis, la Ciudad de los Contenidos Digitales, que supondrá una inversión de 5.785.870 euros, y que se instalará en Los Camachos (Cartagena).

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley para la creación del colegio oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región con la finalidad de agrupar a todos los profesionales que desarrollan su labor en este ámbito y velar por la nutrición y salud de la sociedad.

También ha autorizado encomendar a la empresa pública Tragsa la gestión de las obras de mejora y adaptación de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Lorca, cuyo plazo de ejecución está fijado en 12 meses, para lo que contará con un presupuesto total de 3.681.600 euros para el período 2011-2012, cofinanciados en un 80 por ciento por el Fondo de Cohesión.

Además ha dado el visto bueno a un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM) para el intercambio de datos estadísticos entre estas instituciones y el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM).

Y, por último, ha autorizado el convenio tipo entre la Consejería de Educación, a través de los centros educativos, y la institución colaboradora o entidad deportiva para el desarrollo de la formación práctica de los alumnos que cursan las enseñanzas deportivas de Régimen Especial en la Región, como el nivel I del título de Técnico Deportivo en Baloncesto, que se imparte en el IES "Alquibla" de La Alberca (Murcia), primer título deportivo impartido en un centro público de la Región.

El Ejecutivo regional ha autorizado asimismo la renovación de cuatro miembros de la Federación de Municipios de la Región de Murcia en el Consejo Escolar de la Región de Murcia. Se trata de Patricio Martínez García como consejero titular y de Juan Martínez Pastor, Francisco Félix Montiel Sánchez y Josefa Maroto Gómez como suplentes.

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