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Piden a la Xunta que asuma el programa "Preescolar na casa"

MagisnetMiércoles, 30 de noviembre de 2011
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Un colectivo de padres, trabajadores y sindicatos anunció su intención de presentar una iniciativa ante el Parlamento de Galicia avalada por más de 15.000 firmas, para que la Administración autonómica suma el programa "Preescolar na casa",

Se trata de una proposición no de ley que ese colectivo pretende llevar el próximo jueves al registro del Parlamento de Galicia en forma de iniciativa legislativa popular.

La propuesta será sometida así tras la manifestación celebrada el pasado fin de semana en Lugo a la que acudieron un millar de personas, según los convocantes, para pedir el mantenimiento de este servicio que consideran amenazado por el recorte fondos públicas que recibía anualmente de la Xunta.

El secretario comarcal del sindicato CIG en Lugo, Xosé Ferreiro, afirmó que esa iniciativa tiene el respaldado de "muchas más" de las 15.000 firmas necesarias para su debate en el Parlamento de Galicia.

Ferreiro opinó que se trata de un servicio "imprescindible para articular el país, para la Educación de las familias y para que los padres y madres estén bien capacitados para llevar adelante la educación de sus hijos".

Añadió que el mantenimiento supondría un gasto de unos 600.000 euros anuales, "una cifra irrelevante si tenemos en cuenta lo que se gasta en otras partidas".

Con esta iniciativa parlamentaria, sus promotores pretenden que la Xunta se haga cargo de la financiación de este servicio y, por lo tanto, del pago de las nóminas de "los profesionales que llevan 34 años trabajando de forma ejemplar en este programa".

A priori, dada la postura que han mantenido los distintos partidos políticos en los últimos meses, Ferreiro opinó que esta iniciativa contará con el respaldo mayoritario del PSdeG y del BNG, que lo consideran un servicio "prioritario".

"Ahora, entre todos y todas, tenemos que hacerle ver al PP que está equivocado en su idea de eliminar el programa", porque la supresión de ayudas por parte de la Administración autonómica obligaría a despedir a 42 personas y dejaría a 4.000 familias sin este servicio.

Por otra parte, el comité de empresa convocará para esta semana una nueva asamblea de trabajadores, una reunión en la decidirá si lleva a cabo nuevos actos de protesta en defensa de los puestos de trabajo.

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