Los profesores en Castilla y León serán "autoridad pública" en el próximo curso
El Consejo de Gobierno ha analizado el informe previo sobre el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado en Castilla y León, según las explicaciones dadas en la rueda de prensa posterior a la reunión por el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. Se trata de un texto que la Junta espera consensuar con los sindicatos a partir de la próxima semana a pesar del ambiente de "tensión y conflicto" que existe en la actualidad por las medidas tomadas en las últimas semanas, especialmente por la ampliación de jornada laboral.
Con la consideración de "autoridad pública", la Junta pretende otorgar a los docentes una protección jurídica para aquellos casos en que puedan ver amenazada su integridad física, ya que con esta catalogación las "agresiones o intimidaciones graves" contra los profesores pasarán a ser considerados "delitos de atentado a la autoridad". En la práctica, las condenas por este tipo de agresiones se agravarán "significativamente", aunque la Junta de Castilla y León defiende que lo que hay detrás de esta normativa es la "dignificación y mejora de la convivencia de los centros".
Actualmente las agresiones contra profesores son "poco frecuentes" y tienen "escasa relevancia", en palabras del portavoz, quien ha destacado también que esta normativa supondrá que los profesores gozarán de la denominada "presunción de veracidad" en sus informes y declaraciones frente a la de cualquier ciudadano, en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión. Además, los delitos cometidos contra los docentes, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximiría al profesor agredido de ser el agente principal de la denuncia.
La consideración del docente como autoridad pública significa reconocer explícitamente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven del ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar. De Santiago-Juárez ha insistido en que confían en que los sindicatos sepan "distinguir" entre este asunto y la discrepancia que mantienen respecto al incremento de la jornada laboral proyectada por la Junta.
Por esta razón, en aras del máximo acuerdo posible, la próxima semana han convocado a sindicatos de docentes, asociaciones de padres y madres, estudiantes y patronales de enseñanza, el Consejo Escolar de la Comunidad, y los grupos parlamentarios para iniciar los contactos que deriven en un acuerdo antes del verano. La regulación de esta figura ya está fijada en otras comunidades autónomas como Madrid, La Rioja, Galicia y Comunidad Valenciana, mientras que en otros territorios como Castilla-La Mancha y Aragón están en tramitación.
Para la portavoz de Educación del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Ángela Marqués, el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, cuyo informe previo fue analizado en el último Consejo de Gobierno, no es una prioridad, y requiere de consenso previo. "Ahora hay más prioridades", ha dicho Marqués durante una rueda de prensa en la que, acompañada por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de La Adrada (Ávila), Roberto Aparicio, ha anunciado que presentará una pregunta en la próxima Comisión de Educación para conocer los motivos del retraso en el inicio de las obras del colegio de esta localidad, anunciados para finales de 2011.
La procuradora socialista ha aprovechado este acto para referirse a la iniciativa anunciada ayer por la Junta para convertir al docente a partir del próximo curso en autoridad pública. En su opinión, el Gobierno autonómico "no debe poner en marcha" esta idea "sin el consenso" de la comunidad educativa", ya que de lo contrario se generarán "problemas y no soluciones".
Para Marqués, "ahora hay más prioridades" que esta, como los recortes en materia educativa o la falta de convocatoria de oposiciones en la ESO, entre otros asuntos, que redundan en una "pérdida de calidad educativa". Desde su punto de vista, el Gobierno de Juan Vicente Herrera está adoptando medidas que "afectan al respeto que se le debe a la comunidad educativa y ninguneando a los docentes" suprimiendo programas de diversificación curricular o decidir sin avisar a los docentes que este curso no habría nuevas secciones bilingües, así como "castigar la buena gestión de los equipos directivos". "Estas decisiones de la Junta chocan frontalmente con este pretendido plan de autoridad del profesorado", ha argumentado Marqués, quien ha insistido en la necesidad de que exista un "consenso con la comunidad educativa" y en el hecho de que existen "otras prioridades". Todo ello, tras reconocer que esta era una promesa electoral del PP de Castilla y León, aunque en su momento señaló que "esperarían al planteamiento del Gobierno de la nación".
Por otra parte, la portavoz socialista de Educación ha denunciado que los recortes de la Junta en este sector "van en detrimento de la calidad educativa y sobre todo en las escuelas infantiles de 0 a 3 años", de ahí que reclame un "sistema estable de financiación" a estos centros.