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El PSOE insiste en los "recortes" en sanidad y Educación, que la Junta niega

Las interpelaciones que ha planteado el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León se han centrado en denunciar los "recortes" que en su opinión se están produciendo en materia sanitaria y educativa, algo que han negado los consejeros de estas áreas, Antonio Sáez y Juan José Mateos.
MagisnetJueves, 1 de marzo de 2012
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En la primera de las interpelaciones, la procuradora socialista Mercedes Martín ha denunciado que la Junta de Castilla y León va "en la dirección contraria a lo que es el blindaje" de los servicios públicos, en concreto de la sanidad, que necesita de "presupuesto suficiente y no descapitalizar el sistema con privatizaciones".

Martín ha ironizado con la posibilidad de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunciara un "blindaje" de los servicios públicos de la Comunidad para defenderlos del "ideario del PP" plasmado en el pasado congreso de Sevilla, donde en su opinión se vivió un "carnaval" basado en el fomento de las "privatizaciones". "Yo no estuve en Sevilla, pero antes se celebró un aquelarre", le ha replicado el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, para referirse al Congreso del PSOE que se celebró dos semanas antes en la misma capital andaluza.

El consejero ha repetido en varias ocasiones que en Castilla y León "no se han hecho recortes en la asistencia sanitaria pública" y ha pedido a los socialistas que den ejemplos de lo que denuncian. Más pausado ha resultado el debate suscitado a raíz de la interpelación planteada por la procuradora socialista Ángela Marqués, quien ha asegurado en su turno de intervención que "los recortes no son una novedad" en Castilla y León, aunque ahora se han acentuado en materias como la falta de sustituciones del profesorado o la falta de calefacción, entre otras cuestiones.

Mateos ha defendido la gestión de su departamento y, en el caso concreto de la convocatoria de las oposiciones de docentes, ha argumentado que el coste de estos exámenes, que ha cifrado en unos 1,3 millones de euros, es "muy grande" como para asumirlo. Por esta razón, el consejero ha defendido la conveniencia de mantener a los interinos en sus puestos que convocar unas oposiciones a las que se presentarían unas 15.000 personas, según sus cálculos.

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