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Los alumnos pagarán hasta 540 euros más por las primeras matrículas de Grado

Lo que pagan los alumnos por las primeras matrículas en las universidades públicas representará entre el 15 y el 25 por ciento del coste real de los grados desde el curso próximo, según decida cada comunidad, lo que significa un desembolso máximo medio de 540 euros más por año.
MagisnetLunes, 23 de abril de 2012
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En el caso de las segundas y sucesivas matrículas, tendrán un incremento aún mayor, de tal forma que los estudiantes repetidores tendrán que pagar entre el 30 y el 100 por ciento del precio real de los estudios. Son medidas para el curso próximo que el Consejo de Ministros aprobará hoy en un Real Decreto-Ley, según ha explicado el ministro de Educación, José Ignacio Wert, a los consejeros autonómicos para que cada comunidad las aplique, según sus necesidades, y cumplir así el objetivo de déficit.

En concreto, las tasas por segundas matrículas supondrán entre un 30 y un 40 por ciento del precio real; por la terceras se abonará entre un 65 y un 75 por ciento; y por las cuartas, entre un 90 y un 100 por ciento. No obstante, las comunidades ya vienen aplicando recargos diversos para los repetidores.

La diferencia entre lo que suban las tasas de primera matrícula y lo que cubren las becas del Ministerio de Educación será asumida por las comunidades, según ha dicho la secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, en rueda de prensa. Sobre las tasas, Gomendio ha calculado que sería un incremento máximo de 60 euros por mes, que, multiplicados por nueve meses lectivos, resultan 540 euros más por alumno y curso.

En cualquier caso, ha señalado que se trata de una cuestión compleja que depende de factores como el tamaño de las universidades, la rama de las titulaciones o el grado de experimentalidad. En la actualidad, los estudiantes asumen una media del 15 por ciento del coste real de las titulaciones de Grado (entre 5.000 y 7.000 euros por curso). A partir del próximo curso, tendrán que sufragar un mínimo del 15 por ciento y un máximo del 25 por ciento, es decir, un incremento del 66,6 por ciento.

Para ello se tendrá en cuenta la contabilidad de costes, un sistema "más transparente", según el Ministerio, mientras que, hasta ahora, la norma de subida era el IPC interanual (hasta marzo normalmente) más un margen de hasta cuatro puntos. Sin embargo, en algunos casos tendrá que ser una estimación del coste real, ya que la contabilidad de costes no está totalmente implantada, según fuentes autonómicas.

Gomendio ha señalado que también el precio de los másteres "no habilitantes" (no necesarios para ejercer ciertas profesiones) se incrementará hasta en un 50 por ciento. Además, cada comunidad estudiará con las universidades de su territorio "estándares mínimos de eficiencia" de las titulaciones para garantizar la eficiencia y viabilidad del sistema, "que no es sostenible", según Gomendio. En este momento existe un número "elevado" de universidades y campus, pero, sobre todo, "muy elevado de titulaciones", ha argumentado.

Los profesores universitarios con sexenios "vivos" (aquellos que están investigando) verán reducida la carga docente; y al contrario, los que no estén en esa situación tendrán más docencia. Se trata de conseguir un personal más especializado en investigación o Educación. Los que no tengan ningún sexenio "vivo" subirán hasta 32 créditos de docencia, y los investigadores de excelencia bajarán hasta 16.

Gomendio también se ha referido a que las comunidades puedan tener un "mayor control" del déficit de las universidades y de la oferta de empleo público de éstas. Se trataría de una limitación para que no haya personal de nuevo ingreso, según han interpretado fuentes de la reunión. El Real Decreto-Ley recogerá también medidas en la Educación no universitaria para que las comunidades puedan ahorrar 3.000 millones de euros.

El secretario general de Universidades de Andalucía, Francisco Triguero, ha reclamado al Gobierno que cualquier política de precios públicos universitarios vaya acompañada "inexorablemente" de una política de becas que compense las dificultades de acceso por razones económicas. Los consejeros de las comunbidades gobernadas por el PP han defendido las medidas, como la de Madrid, Lucía Figar, para quien son "necesarias absolutamente" y "razonables" y para hacer los "ajustes" precisos "sin perjudicar la calidad de la enseñanza".

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