La Defensora del Pueblo alerta sobre retrasos en la sustitución de profesores de baja, especialmente en Castilla-La Mancha
En el informe anual 2012 de esta institución, Becerril ha destacado las quejas recibidas sobre el "tiempo excesivo" que dejan transcurrir las administraciones desde que un profesor causa baja temporal en un centro hasta que es sustituido. Al no contar los centros con la plantilla completa de profesores, aunque sea por la actual crisis económica, ha ocasionado quejas, especialmente en Castilla-La Mancha y, en menor medida, en las comunidades valenciana y madrileña.
También ha reiterado la necesidad de conseguir "acuerdos mínimos" para la próxima reforma educativa y ha propuesto que se incluyan medidas financieras para que su puesta en marcha y su desarrollo estén garantizados a pesar de la crisis. Los recortes en inversión educativa han ocasionado otras quejas como las relativas al retraso en los programas de construcciones escolares, ya que en 2012 no se han solucionado algunas instalaciones precarias o la ampliación de otras, lo que ha conllevado una insuficiente oferta de plazas educativas.
Asimismo, ha recibido un "elevadísimo número de quejas" sobre el incremento de los precios académicos universitarios, y ha enfatizado la necesidad de que ese aumento se acompañe de un sistema de exenciones basado en la capacidad económica del estudiante que propicie la igualdad de oportunidades. Sin embargo, ha asegurado que las medidas de austeridad en el ámbito educativo adoptadas por el Gobierno y las comunidades "en principio y por sí mismas no infringen el ordenamiento jurídico y, por tanto, no pueden considerarse irregulares". Ha subrayado que se debe establecer un adecuado régimen de disciplina académica en las universidades y que la crisis no debe parar la planificación de las universidades, como ha podido ocurrir con la reducción de ayudas para la Formación del Profesorado Universitario, y ha valorado "positivamente" que se sigan manteniendo las becas Erasmus en el ejercicio 2013.
También ha recibido quejas, especialmente en Valencia, del retraso en el pago de las ayudas para adquisición de libros de texto, y ha recordado su demanda de un mayor esfuerzo administrativo para su plena gratuidad en los niveles obligatorios. En cuanto a la supresión de rutas gratuitas de transporte escolar, ha reconocido que se han modificado normas autonómicas para restringir el ámbito de beneficiarios.
Ha habido, además, quejas sobre el cierre de colegios en núcleos rurales –en Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia–, sobre el incremento de los precios en las escuelas infantiles y casas de niños dependientes de la Comunidad de Madrid, así como el hecho de que esta autonomía no se haya mostrado dispuesta a incluir en las normas de admisión de alumnos, como se le sugirió, la no discriminación por razones personales y sociales.