Informe jurídico avala negativa de Iribas a entregar informe sobre profesores
La negativa del consejero de Educación, José Iribas, a remitir al parlamentario de Bildu Maiorga Ramírez el informe de la Guardia Civil sobre los profesores del modelo D no implica una transgresión del derecho a la información de los parlamentarios forales ni de sus facultades de control del Gobierno. Así se concluye en un informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra en el que se destaca que, formalmente, dicha negativa "se ha realizado precisando las razones fundadas en derecho que la avalan". Esas razones, agrega, "son suficientemente sólidas y consistentes para efectuar la expresada denegación, a la luz de lo dispuesto en la legislación de secretos oficiales".
Este informe, cuya existencia ha sido negada por el Ministerio del Interior, aunque su portada ha sido reproducida en medios de comunicación, es a juicio de los servicios jurídicos un documento existente, aunque "en un contexto críptico que, habitualmente, es el propio de las materias clasificadas". Los servicios jurídicos señalan que el derecho a la información de los parlamentarios forales "tampoco es de carácter ilimitado", ya que "la protección de otros bienes y derechos constitucionales puede requerir su restricción o modulación, tal como retiradamente sostiene el Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria".
En ese sentido, destacan que la salvaguarda de la seguridad pública y de la defensa del Estado "constituyen bienes jurídicos paradigmáticos cuya protección puede exceptuar el acceso a determinada información". Al respecto, los servicios jurídicos de la Cámara recuerdan que en la carátula del informe de la Guardia Civil, según se ha reproducido en la prensa, figura claramente estampillado el término "reservado". "En definitiva, la información clasificada está sustraída al acceso público y solo puede ser conocida y utilizada por las personas legalmente autorizadas", se indica en el informe, en el que se añade que "ni siquiera el poder judicial puede acceder a ella, en tanto no sea desclasificada, aunque el acto gubernamental correspondiente está sujeto a control judicial".
Por tanto, concluye el informe, "es obvio que la legislación reguladora de los secretos oficiales no autoriza a los parlamentos autonómicos ni a sus miembros el acceso a información sobre materias clasificadas", cuyo carácter reservado sólo se perdería mediante el acto formal de la desclasificación. Los servicios jurídicos apuntan que el parlamentario de Bildu puede valorar la pertinencia de impugnar la negativa de Iribas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, si estima vulnerado su derecho fundamental a la información, "sin perjuicio, como es obvio, de la utilización de los cauces parlamentarios que estime idóneos en defensa de sus prerrogativas parlamentarias".