CSI-F pide a Marín que anule decisión de "privatizar" siete plazas en Consejería
El sindicato CSI-F pide al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, que anule una resolución destinada a la "privatización" de servicios para los que se han licitado siete plazas que podrían cubrir personal funcionario o laboral por un importe de 320.000 euros. En un comunicado, CSI-F explica que se trata de cubrir siete plazas en los Servicios Centrales de la Consejería de Educación que se pueden ejercer con la categoría laboral de ordenanzas bajo el eufemismo de "externalización" del servicio. Con la medida se pretende, afirma el CSI-F, privatizar el servicio de atención telefónica, conserjería, auxiliares de recepcionistas y un mozo de almacén, cuando cuenta con personal adscrito a esa Consejería, o a otras, que puede cubrir esos puestos con absoluta capacidad.
CSI-F ha dirigido una carta a Marcial Marín, para pedirle que retire la revocación de la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado 13 de enero para la licitación de siete puestos de trabajo en los Servicios Centrales de la Consejería. Este sindicato entiende que esa medida es un "claro despilfarro" de los dineros públicos al existir una plantilla suficiente de trabajadores que puede desarrollar las labores que se ofertan. La utilización del dinero público en beneficio de las empresas privadas es evidenciado por CSI-F como un mal uso del dinero de todos los castellano-manchegos.
La resolución publicada en el Diario Oficial publica los perfiles profesionales y las funciones a desarrollar para cubrir dos puestos de telefonistas, dos conserjes, dos auxiliares recepcionistas y un mozo, algo que no se explica cuando esas tareas pueden ser asignadas a funcionarios o personal laboral de la Junta.
CSI-F afirma que es "incomprensible" que se opte por la vía de externalizar unos servicios para "despilfarrar" un dinero que no sobra y que sería necesario para indemnizar, por ejemplo a los interinos afectados por la reciente sentencia que condena a este gobierno por su incompetencia y mala fe. Por ello solicitan al consejero la revocación de esa resolución, sobre todo cuando pende de la Junta de Comunidades la readmisión de unos 500 interinos y se mantienen recortes de personal "poco justificados", afirman en el comunicado.