Govern aprueba proyecto de ley de FP que apuesta por complicidad de empresas
El gobierno catalán ha aprobado el proyecto de ley de la Formación Profesional, con el objetivo de mejorar las competencias profesionales de las personas, ordenar el sistema y conseguir una mayor implicación de las empresas en las prácticas de los estudiantes. La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha dado cuenta de la aprobación del nuevo proyecto de ley en la rueda de prensa posterior a la reunión del consell executiu del gobierno catalán, en la que ha asegurado que uno de los objetivos es reducir el 40% de personas que tienen una baja formación.
El nuevo proyecto de ley pretende mejorar el empleo y dar respuesta al cambio del modelo productivo que vive la economía catalana, además de renovar todo el sistema de la propia formación profesional, ha indicado Rigau. El texto regula la formación profesional a lo largo de la vida y comprende el conjunto de actuaciones, servicios y programas de formación y cualificación profesional del sistema educativo y de la formación para el empleo, ha añadido.
Uno de los aspectos más destacados del texto es que interrelaciona la formación profesional inicial y la formación para el empleo, y comporta la integración de la empresa en la formación. La nueva ley prevé crear el Sistema Integrado de Cualificación y Formación, que ofrece servicios de formación, de información y orientación y de reconocimiento de la experiencia laboral. Además, organiza la red de puntos y centros que prestan estos servicios y fomenta la implicación de las empresas en la formación, así como la Formación Profesional dual.
El Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, órgano consultivo de la Generalitat, aprobó el pasado día 29 de agosto por 24 votos a favor y ninguno en contra el dictamen sobre el anteproyecto de ley que, no obstante, tuvo cuatro votos particulares formulados por UGT, CCOO, Pimec y Fomento y Fepime, sobre algunos aspectos de la misma. En concreto, CCOO formuló un voto particular en el que consideró relevante que la representación sindical tenga información sobre los convenios de prácticas firmados entre la empresa y el centro educativo, y que se deberían establecer unos estándares mínimos de calidad de los perfiles de los profesionales que harán la función de tutores de prácticas, entre otros temas.