Canarias, Andalucía, Cataluña y Asturias estudian recurrir el decreto de ESO y Bachillerato

Representantes de estas comunidades y de Asturias han vuelto a pedir al Ministerio de Educación –como hicieron el 29 de diciembre junto con Cataluña– que se aplace la implantación de estas enseñanzas a desde el curso próximo por «falta de tiempo y motivos técnicos», entre otras razones.

En conferencia de prensa, la viceconsejera de Educación de Canarias, Manuela Armas, ha reprochado una «falta de respeto institucional» por parte del Ministerio al aprobar el Consejo de Ministros el 26 de diciembre ese decreto (ha pedido su retirada) «sin informar» a las comunidades, pues sólo se les había presentado un borrador en junio pasado, ha asegurado.

El consejero de Andalucía, Luciano Alonso, ha indicado que formulará al ministro una serie de preguntas sobre las modificaciones que haya habido entre el borrador y el decreto, que el BOE publicó el 3 de enero pasado, para ver el alcance de los cambios.

Preguntada por si Asturias se plantearía también recurrir la norma, la directora general de FP del Principado, Victorina Fernández, se ha remitido a lo que pudiera decidir la consejera, Ana González.

Alonso, que ha reclamado un Pacto de Estado por la Educación, ha pedido a Wert que haga las cosas de manera consensuada y no seguir ampliando «la senda de los disparates». Le ha acusado de causar una «disparidad» territorial en Educación con la reforma educativa.

Así, ha asegurado que la nueva Formación Profesional Básica (FPB) ha «fracasado» porque han quedado «miles de plazas» vacantes; son unos estudios que se han «impuesto» a las comunidades y no han visto «ni un solo euro de los prometidos» para su aplicación. El problema se agravará el curso próximo, ha augurado, porque las necesidades de profesorado y equipamientos escolares serán «muy diferentes» de los de los PCPI, a los que sustituye la FPB.

Según Alonso, es una «vergüenza» que el Ministerio haya tardado tanto en aprobar el decreto, de modo que las comunidades no tienen tiempo suficiente para estudiar la normativa básica de ESO y Bachillerato y planificar el currículo autonómico y la adaptación de los centros educativos, ha dicho. Además, ha afirmado, se ha aprobado «sin consenso», sin consultar a las comunidades («Nosotros también somos Estado», ha enfatizado) y con «lagunas e incoherencias», pues se evaluarán conocimientos, pero se desatienden las competencias, ha opinado.

Por ejemplo, ha aludido a los alumnos que no aprueben la «reválida» de 4º de ESO y no obtengan el título de Graduado, pues quedarán en «tierra de nadie». También cree que hay una «contradicción» sobre que esa prueba no tendrá efectos académicos en el curso 2016-17 y en otro punto se dice que «sí los tendrá».

Fernández ha insistido en que «no hay tiempo material» para implantar la Lomce y «no está clara la financiación». Después de llamar la atención sobre la celebración de elecciones autonómicas en mayo, de las que podrían salir nuevos gobiernos, ha reclamado asimismo que el próximo decreto de especialidades docente reconozca el asturiano como una de ellas.

Armas no ha renunciado al diálogo con el Ministerio y ha confiado en que «entre en razón», después de considerar un «precedente grave» que el Ministerio decidiera aprobar el decreto con una versión nueva del borrador «sin informar» a las comunidades, con lo que «se incumple» el artículo 3 de la norma que regula el funcionamiento de la sectorial.

En su opinión, la fórmula de financiación de la reforma educativa planteada por Wert ha «endeudado» a las comunidades y algunas han «renunciado». También ha indicado Armas que ha «fallado» la compactación de asignaturas del Bachillerato, que supondría un ahorro económico para las administraciones, y se ha preguntado: «¿Cómo vamos a pagar esta reforma?».

Por otra parte, Cataluña está analizando el contenido del real decreto de regulación básica de la ESO y el Bachillerato para decidir si debe recurrirlo judicialmente, según ha comentado la secretaria general de Enseñanza de la Generalitat, María Jesús Mier. Preguntada por la prensa si Cataluña recurriría la norma, como ha planteado alguna otra comunidad, Mier ha respondido: «Nosotros también nos lo estamos pensando, se está analizando con los servicios jurídicos si es oportuno o no».