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CIG-Ensino denuncia represión y venganza contra el profesorado del Celga

MagisnetMartes, 27 de enero de 2015
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El secretario nacional del sindicato CIG-Ensino, Anxo Louzao, ha denunciado al secretario general de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, por actuar "de manera represiva y vengativa" con los profesores que impartían cursos para la obtención del Celga, el certificado de conocimiento de lengua gallega. Louzao resaltó en una conferencia de prensa que su organización ha ganado ya 26 de las 52 demandas judiciales presentadas en defensa de miembros de este colectivo, 20 de ellas por despido nulo y seis por despido improcedente, informa CIG en un comunicado.

El sindicato recuerda que hasta 2014 cerca de 200 profesores venían impartiendo los cursos de lengua gallega sin que la Xunta estableciese relación laboral con los docentes, por lo que ya en marzo de 2013 CIG y profesores presentaron una denuncia ante Inspección de Trabajo de A Coruña que concluyó con el alta de oficio en la Seguridad Social con cuatro años de retroactividad. A partir de entonces, fueron presentadas iniciativas semejantes en las otras oficinas del servicio de Inspección de Trabajo fueron resueltas de forma similar.

Además, explica CIG-Ensino, la Tesorería de la Seguridad Social presentó demandas de oficio para que el Juzgado de lo Social determinase la relación jurídico-laboral de estos trabajadores con la Xunta y una de ellas, la de Ourense, fue resuelta con una sentencia favorable que reconoce la naturaleza laboral de la relación.

Louzao denunció en su comparecencia que la Secretaría General de Política Lingüística de la Xunta "en lugar de asumir las propuestas de la Inspección de Trabajo, actúa de manera represiva y vengativa, al dejar sin trabajo a más o menos 120 personas, a las que decidió no contratar y recurrir al profesorado en activo para dar los cursos". Para el sindicalista, esta actitud es "paradigmática" de cómo actúa el departamento de la Xunta, que "se desentiende de este profesorado formado y se desentiende de promover el uso y la normalización de nuestro idioma, destruye empleo y, en vez de negociar, procede de manera vengativa y represiva con este personal por reclamar sus legítimos derechos laborales".

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