Junta deberá abonar unos 5 millones por auto del pago del verano a docentes
La Junta de Extremadura deberá hacer frente al abono de unos 5 millones de euros por la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el pago del verano de 2012 a los profesores interinos, un fallo judicial que afecta a entre 800 y 900 docentes extremeños. El responsable del Sindicato del Profesorado (PIDE), José Manuel Chapado, ha explicado en rueda de prensa el auto favorable que en el alto tribunal ha logrado esta organización sindical, que reconoce el derecho a cobrar el verano del curso 2011-12 a los integrantes de las listas de interinos docentes de Extremadura que tuvieran más de 165 días de cotización pero menos de 280 en ese curso.
Chapado ha lamentado que, "una vez más, tengan que ser los tribunales de Justicia los que enmienden la plana a las administraciones", en este caso al anterior Gobierno extremeño del PP, que ya cifró en su momento en 4,9 millones de euros el ahorro que en 2012 iba a suponer la supresión del pago del verano a los maestros y profesores interinos, una medida a la que se opusieron entonces todos los sindicatos docentes.
Tras la demanda judicial que presentó PIDE, a través de un interino afiliado, en junio de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ya emitió una sentencia firme en la que clarificaba que no era posible la retroactividad de una ley, como principio jurídico básico. Sin embargo, según el dirigente sindical, la anterior Administración educativa extremeña decidió presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, que ha decidido desestimarlo en un auto que se le comunicó a PIDE esta semana.
Ante este nuevo fallo judicial, José Manuel Chapado ha considerado que la Junta debe de aplicar de oficio la sentencia a todos los interinos afectados y abonar unos 3,5 millones de euros en concepto de las retribuciones, además de 1,5 millones euros más por los costes referidos a Seguridad Social, desempleo o retenciones del IRPF de estos profesores interinos. De no ser así y aplicar la Administración el fallo judicial de oficio, los entre 800 y 900 docentes afectados reclamarían judicialmente la extensión de la sentencia –algo que PIDE se ofrece a tramitar de forma gratuita– con lo que la Junta tendría que hacer frente también todas las costas procesales, que supondrían en total unos 2,5 millones de euros más.
Esto es así, según Chapado, porque se trata de una cuestión que "se podría considerar de litigio temerario por parte de la Administración, al ser ya una cuestión –la retroactividad– que está legislada y regulada, con lo cual se le podría imponer el máximo de las costas", que son 3.000 euros por cada uno de los demandantes.
El responsable de PIDE ha confiado que la Junta aplique de oficio lo que supone la sentencia del Tribunal Supremo, dado el talante de la nueva consejera, Esther Gutiérrez, y en ese sentido se ha mostrado convencido de que los profesores afectados no tendrían "ningún tipo de problema" en cobrar lo que se les adeuda en dos plazos o el año que viene, una vez que el nuevo Gobierno incluya una partida al respecto en los nuevos presupuestos.
"No se puede seguir perseverando en el error", ha insistido el sindicalista, ya que el hecho de que los afectados se vieran obligados a reclamar judicialmente la extensión de la sentencia conllevaría, además de un gasto considerablemente mayor para la Junta, el hecho de que se colapsaran juzgados y también la Administración educativa y el gabinete jurídico del Gobierno regional. Ha especificado, además, que el fallo del Supremo conlleva reconocer la antigüedad de esos dos meses a los profesores y maestros afectados, lo que podría conllevar a su vez cambios en las listas de interinos o incluso en las nuevas plazas de Educación adjudicadas tras las últimas oposiciones.