Los recursos contra la Lomce se multiplican en las comunidades
CCOO, que lo recurrió en la Audiencia Nacional la semana pasada, resalta que estas “reválidas” son “un despropósito que afectará a los jóvenes y dificultará la equidad en el acceso a la universidad”.
Ceapa, mayoritaria en la escuela pública, anunció el 19 de septiembre tras reunirse con el ministro que recurrirá el real decreto, al tiempo que rehusaba presentar propuestas para un pacto educativo mientras haya un gobierno en funciones.
Según la Lomce, estas pruebas deben aplicarse por vez primera al final de este curso en 4º de ESO y 2º de Bachillerato; habrá que superarlas para obtener los títulos correspondientes y acceder a la universidad, pero solo a partir del curso 2017-18.
Situación por CCAA
El Gobierno de Canarias ha aprobado solicitar al Tribunal Supremo que anule el decreto, del 29 de julio pasado, por “indefensión” de la comunidad autónoma debida a la “omisión clara, manifiesta y ostensible del trámite de consulta previa” por parte del Gobierno central.
El de Cantabria ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer un contencioso-administrativo porque esas pruebas suponen una “segregación” para el alumnado, “desconfianza” para centros y profesorado y un coste “elevado” para la autonomía.
También Castilla-La Mancha ha decidido presentar recurso. El consejero de Educación, Ángel Felpeto, ha anunciado que trabaja con la universidad regional para que los alumnos de 2º de Bachillerato no salgan perjudicados.
La Conselleria valenciana de Educación ha anunciado que lo recurrirá tras constatar que el ministro en funciones Íñigo Méndez de Vigo “no está dispuesto a establecer ningún diálogo”.
Igualmente, la Junta de Extremadura estaba preparando un recurso por entender que las evaluaciones no mejoran la Educación, y han sido “impuestas” por un gobierno en funciones.
Asturias tiene una posición “beligerante” sobre la cuestión, según el consejero Genaro Alonso, que ha señalado que el Gobierno asturiano ha decidido recurrirlas porque “no son justas”.
El Gobierno balear impugnaría el decreto que regula las evaluaciones, según anunció el pasado agosto el consejero de Educación y Universidad, Martí March. March comparó estas pruebas con “la reválida franquista” y explicó que se había encargado a los servicios jurídicos de la comunidad que iniciase acciones judiciales.
Aragón anunció el mes pasado que recurrirá en el Supremo, al considerar “inaceptable” que una regulación que genera tanta “controversia” sea aprobada por un gobierno en funciones.
El Gobierno catalán ha acordado también presentar un requerimiento de incompetencia al Estado, paso previo a recurrir en el Tribunal Constitucional por vulneración de competencias en Educación y lengua cooficial.
En Andalucía, la Junta ha advertido que presentará un contencioso-administrativo en el Supremo si el Gobierno “no rectifica”, pues las “reválidas” son un “auténtico despropósito”.
Fuentes de Educación de Navarra han comentado a Efe que el Gobierno Foral está pendiente de cómo evoluciona la aplicación de la Lomce en función del Gobierno central que pudiera formarse. Para el Ejecutivo navarro sería deseable que el ministro de Educación informara a las comunidades sobre cómo va a proceder respecto a la “reválida” de Bachillerato y decidir, entonces, si presenta recurso o no.
El Gobierno vasco, por su lado, no va a recurrir porque ya presentó, hace dos años, un recurso de inconstitucionalidad contra la propia Lomce.
Entre las comunidades que gobierna el PP, el consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, ha sido crítico con la evaluación de Bachillerato como sistema de acceso universitario, y tampoco es partidario de que haya una prueba al final de esa etapa.
El PSOE ha pedido la derogación del decreto y que Méndez de Vigo convoque a las comunidades y comparezca en las Cortes.
El ministro, que ha iniciado una ronda de reuniones en busca de un Pacto por la Educación, ha venido reiterando que esas evaluaciones son de aplicación obligatoria desde este curso.