Ribó alerta de que la segregación crea una tercera red en Cataluña
Ribó, que presentó el 9 de noviembre el informe La segregación escolar en Cataluña: condiciones de escolarización, explicó que esta tercera red de escuelas estaría formada por centros mayoritariamente públicos, aunque también habría concertados, con una “composición social desfavorecida” y proyectos educativos “socialmente estigmatizados”, que prestarían “un servicio educativo básico en un contexto de alta complejidad”.
El segundo grupo lo formarían escuelas públicas y concertadas con un perfil social del alumnado heterogéneo y con proyectos educativos consolidados, aunque no singularizados, que no generarían rechazo, pero tampoco una gran capacidad de atracción ni de demanda.
El primer grupo lo integrarían también escuelas públicas y concertadas, generalmente con una composición social más favorecida que su entorno, y con proyectos educativos singularizados, distinguidos socialmente y con gran capacidad de atraer demanda.
Para llegar a esta conclusión, el Síndic ha estudiado los costes de escolarización que deben sufragar las familias tanto de la red pública como concertada, el proyecto educativo de los centros y las condiciones materiales de éstos.
La clave, en las cuotas
Según el informe, las cuotas que pagan las familias en las escuelas concertadas en concepto de actividades complementarias, de servicios escolares y de aportaciones voluntarias a las fundaciones “difieren considerablemente entre ellas, llegando a diferencias entre colegios que pueden superar los 2.000 euros por alumno y año”.
Estas cuotas son “clave”, según el Síndic, a la hora de elegir centro educativo por parte de las familias y favorecen la segregación escolar.
En el capítulo de costes también se incluye el carácter lucrativo de las cuotas de libros de texto y de material escolar en determinados centros concertados, que generan desigualdades en la financiación privada de éstos.
El informe remarca que “existen escuelas concertadas comprometidas plenamente con la igualdad de oportunidades, sin el suficiente reconocimiento social”, a la vez que describe que “hay otras que responden a planteamientos elitistas, nada comprometidos con la equidad y que, pese a ello, reciben financiación pública similar a la de los centros con una composición social desfavorecida”.
El informe también remarca que las escuelas con proyectos educativos consolidados, que ofrecen más oportunidades a sus alumnos en los ámbitos del aprendizaje o que desarrollan una oferta amplia de salidas y colonias escolares, se orientan a una determinada tipología de alumno, que contrasta en un mismo territorio con la presencia de otros centros con proyectos educativos menos consolidados.
Entre escuelas públicas, las diferencias en los costes vienen determinadas por los distintos importes de las cuotas que sufragan las AMPA, y en la proporción de familias que las abonan.
Estas diferencias, según Ribó, “generan disparidad en cuanto a la disponibilidad de recursos, actividades y servicios para los alumnos y revierten en la calidad del proyecto educativo del centro”. Las cuotas de las AMPA más elevadas pueden desincentivar la demanda socialmente más desfavorecida, y atraer, en cambio, a familias con una composición social más favorecida.
Coste del comedor
Otro factor que contribuye a favorecer la segregación, según el informe, es el “incumplimiento del coste máximo” en el servicio de comedor en los centros públicos, que la Generalitat estableció en 6,20 euros, y que se incrementa en algunas escuelas con ofertas de menús ecológicos o elaborados con determinados alimentos de coste más elevado.
Otro de los aspectos que remarca el informe es la “desconfianza” por parte de algunas familias en el sistema público a la hora de decidir el centro donde cursar Secundaria, ya que, mientras que durante la etapa de Infantil de segundo ciclo un 67,2% del alumnado está escolarizado en centros públicos, la proporción baja al 61,9% durante la Secundaria.