La exconsellera Irene Rigau admite ahora que derivó 81 millones de guarderías a nóminas de la Concertada
El pago de las nóminas de los docentes de la escuela concertada es una "obligación legal" de la Generalitat, que ostenta el pago delegado de estos salarios, ha manifestado Rigau en declaraciones a RAC1. Rigau ha manifestado que para poder hacer frente al pago de las nóminas en unos años en los que se tuvo que llevar a cabo "un importante ajuste presupuestario", se tuvo que dar prioridad a este capítulo por encima del destinado al tramo de escolarización de 0 a 3 años. La exconsellera ha considerado que sería un "escándalo que alguien pudiese poner en duda el pago" de las nóminas de los docentes de la Concertada.
El Departamento de Enseñanza ha reconocido que derivó 81 millones a escuelas concertadas entre 2012 y 2014, procedentes de las partidas económicas reservadas por la Conselleria para financiar los servicios de guardería que prestan los ayuntamientos catalanes.
En una carta firmada por la actual directora de los servicios de enseñanza, Maria Dolors Salgado, el departamento admite que en 2012 y en 2014 se llevaron a cabo dos modificaciones del presupuesto, de manera que la consignación económica inicialmente destinada al funcionamiento de las guardería municipales se reasignó a la partida de conciertos educativos para el pago de la nómina de los trabajadores.
En el mismo sentido que Rigau se ha pronunciado la consellera de Presidencia, Neus Munté, quien ha manifestado que en la legislatura 2012-2014 hubo "enormes dificultades presupuestarias" y que se tuvo que priorizar el pago de las nóminas de las escuelas concertadas por encima del presupuesto del servicio de guarderías, pero que "no se trata de una desviación de dinero, sino de un reajuste del presupuesto".
Respuesta de las patronales
Por su parte, todas las patronales de las escuelas concertadas, tanto cristianas como laicas, han defendido la "legalidad y objetividad" del "reajuste" presupuestario. En un comunicado, las patronales rechazan que se haya tratado de un "desvío" de dinero "con finalidades distintas de las establecidas por el ordenamiento jurídico". "Es una acusación muy grave contra de una autoridad pública, cuya actuación habría supuesto que las escuelas concertadas habrían sido beneficiarias, de manera ilegal y contraria al ordenamiento, de una financiación pública. Acusación gravísima y temeraria en contra de la entonces consellera de Enseñanza y de la escuela concertada", se quejan los colegios concertados.
Según las patronales, la transferencia de una partida a otra "tenía como objetivo abonar el sueldo del profesorado de pago delegado, que es una obligación que la Administración debe asumir por imperativo legal (LEC, art. 205 y LOE, art. 117), además de una prioridad social".
"En ningún caso -añaden- los beneficiarios de esta actuación han sido los centros docentes. De acuerdo con la normativa reguladora de los conciertos, los beneficiarios directos han sido los trabajadores y trabajadoras de los centros concertados, para los que la Administración tiene como obligación abonar los salarios del personal docente". "Así lo establece de manera clara e indiscutible la normativa reguladora de los conciertos educativos, y esta ha sido la finalidad de la actuación de la consellera", asegura la Concertada, que subraya que "es descabellado afirmar que, de forma directa o indirecta, los centros concertados hayan podido ser cómplices de una presunta actuación contraria al ordenamiento por parte de la consellera de Enseñanza".
El comunicado lo suscriben la Agrupación Escolar Catalana, la Asociación Profesional Servicios Educativos de Cataluña, la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña, la Federación Catalana de Centros de Enseñanza de Cataluña ,y la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña.
Justificación de la Generalitat
El Departamento de Enseñanza, que dirige la consellera Mertixell Ruiz, ha asegurado que abonó los sueldos de los docentes de la escuela concertada porque el Gobierno dejó de pagar más de 73 millones de euros a la Generalitat para la escolarización de P3 a P5 (parvulario), entre los años 2011 y 2012.
La CUP pedirá explicaciones al Govern sobre el "desvío". Según el diputado Albert Botran, lo que hará su grupo es "como mínimo pedir explicaciones al Govern" sobre esta "redistribución", que es la denominación que utiliza el Departamento de Enseñanza para justificar el desvío de los 82 millones presupuestados para guarderías. "Queremos saber -ha señalado Botran- si es un simple movimiento de tesorería, como dicen ellos, o es que, como resultado de este desvío, ha quedado afectada la dotación para las escuelas públicas".