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El adelanto en el calendario crispa a la comunidad educativa

Los centros, las familias y los docentes madrileños critican el adelanto de exámenes de septiembre y acusan de inacción a Educación al considerar que no se han enfrentado al problema generado, lo que ha llevado a que cada centro imponga sus propias directrices sin una planificación concreta.
Estefanía MartínezLunes, 25 de junio de 2018
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Una de las principales novedades del curso ha sido la modificación del calendario escolar, adelantando las recuperaciones finales a las últimas semanas de curso. Desde este año, junio es el nuevo septiembre. Una vez entregadas las notas finales en ESO, Bachillerato y FP, aquellos alumnos que hayan suspendido alguna materia se han presentado durante este mes a las recuperaciones finales, mientras que quienes pasen de curso ‘limpios’ han tenido que asistir durante casi un mes a diferentes actividades de ampliación.

Desde la Consejería de Educación defienden el nuevo calendario y aseguran que este adelanto beneficiará a todos. Concretamente, la medida fue aprobada en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad el pasado junio a petición de los propios institutos quienes reclamaban un cambio, a juicio de Educación, ante el escaso éxito que se registraba en las pruebas extraordinarias de septiembre.

Según la Administración, más de la mitad de los alumnos de Bachillerato (58%) con asignaturas suspensas no superó ninguna materia pendiente en los exámenes de septiembre. En Secundaria, casi la mitad de los estudiantes se encuentra en la misma situación, un 49%.

Desde que fuera anunciada hace un año, los sindicatos se han mostrado críticos con la medida. De hecho, CCOO llevó el asunto a los tribunales, impugnación que sigue pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Para CCOO, el adelanto ocasiona “una palmaria incertidumbre e inseguridad jurídica a equipos directivos y docentes” dado que no se ha dictado regulación alguna para la reorganización de tareas e incluso horarios del alumnado. En la misma línea se pronuncia UGT, que considera que “la unilateralidad de una decisión de estas características es, cuanto menos, peligrosa y más si pretende realizarse a coste cero”.

Por su parte, la FAPA Giner de los Ríos ha pedido reiteradamente la retirada del borrador y que se tome en consideración la realización de los exámenes con tiempo suficiente “en tanto en cuanto no se consiga la reclamada evaluación continua”. “Mientras se nos prometió que el paso de los exámenes a junio serviría para avanzar en la mejor organización de los centros y poder, entre otras cosas, adelantar la fecha de inicio en septiembre, así como posibilitar dar más tiempo de preparación a los exámenes, se prevé que comience y acabe en fechas similares al curso anterior”, recrimina.

Asimismo, las familias avisan del incremento en las tasas de absentismo tras la entrega de las notas el pasado 8 de junio. Según datos llegados desde varias Ampas, recopilados por la FAPA, se calcula que aproximadamente un 85% del alumnado ha faltado a clase estos últimos días. “Hay centros donde se ha alcanzado un absentismo que ha llegado prácticamente al 100% entre el alumnado que ha aprobado todo en la convocatoria ordinaria”, advierte.

En un comunicado, acusan de inacción a Educación al considerar que no se han enfrentado al problema generado, lo que ha llevado a que cada centro imponga sus propias directrices sin una planificación concreta. “El tiempo para el alumnado que ha suspendido alguna materia es insuficiente para una correcta preparación y recuperación, al mismo tiempo, los centros no han programado unas actividades que motiven al alumnado aprobado”, añaden.

La modificación del calendario tampoco ha sentado bien en algunos centros educativos. Desde Cicae, asociación de centros privados, critican la reducción del calendario escolar como consecuencia directa del cambio de los exámenes extraordinarios. “Quiero tener tiempo suficiente para hacer lo que hago, si me quitan 20 de repente, ya no hay margen”, comenta Enrique Maestu, presidente de la patronal privada. Del mismo modo, acusan que la “falta de autonomía” y la “excesiva regulación” limita sus posibilidades de crecimiento.

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