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El Defensor del Pueblo andaluz investigará los problemas en la matriculación

360.000 familias tuvieron que matricular a sus hijos presencialmente ante los continuos fallos técnicos en la plataforma, según denunció el PSOE-A.
RedacciónMartes, 16 de junio de 2020
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Reunión con directores de centros de zonas socioeconómicamente vulnerables de Córdoba. JUNTA DE ANDALUCÍA

El decreto de escolarización nació con polémica, con huelga incluida el pasado 4 de marzo, por considerar que favorece a la Concertada, y su implementación continua rodeada de polémica. En este caso, por los fallos técnicos que han obligado a 360.000 familias a matricular a sus hijos presencialmente –frente a las 160.000 que pudieron hacerlo a través de internet–. Esto, pese a ser esta la opción prioritaria para la Junta en pleno estado de alarma.

Ante estas cifras, aportadas por el PSOE-A, el Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor, Jesús Maeztu, abrió una queja de oficio para investigar los problemas técnicos sufridos en los servidores de la Junta de Andalucía. Esta triplicó su capacidad cuando se detectaron los primeros problemas, pero no logró resolver la situación. «Se han seguido sucediendo los problemas de colapso en la red, de modo que en muchas ocasiones los usuarios indican estar horas intentando acceder a la matriculación digital sin poder conseguirlo», recoge el Defensor.

Desde la Consejería de Educación se pidieron disculpas a las familias andaluzas por el colapso en la plataforma, pero no se amplió el plazo, como se pedía desde el PSOE-A. Este finalizó el pasado 10 de junio y había comenzado el 18 de mayo. «Ningún niño quedará sin escolarizar», trató de tranquilizar el consejero Javier Imbroda, que al tiempo reconoció «Hubo tal avalancha al conectarse alrededor de 90.000 personas a la vez que el sistema colapsó, pero no es excusa, teníamos que haber previsto lo que iba a suceder». «No hemos dado la respuesta adecuada a lo que nuestra sociedad hoy exige: que tecnológicamente estemos preparados», añadió.

Compensatoria

La semana pasada, el consejero Imbroda anunció un nuevo decreto de compensación para el alumnado socialmente desfavorecido que estará listo a inicios de 2021 para sustituir al actual, de 2003, «que ya no da respuesta a la realidad educativa andaluza». Algunos de los cambios irán enfocados a asegurar la estabilidad de las plantillas en estos centros, para lo que se estudiarán incentivos retributivos, de puntuación o de reducción de carga horaria lectiva. En su elaboración se tendrán en cuenta las aportaciones de la comunidad educativa y de colectivos específicos.

Septiembre

Desde la oposición se criticó la semana pasada la indefinición de la Consejería: «Lo único que han sido capaces de confirmar es que no piensan gastar más dinero en personal docente para reducir la ratio y pretenden que las clases sean con normalidad, presenciales, pero no son capaces de decir cómo lo van a hacer, cómo van a respetar la seguridad y asegurar la salud de los niños y los docentes», denunció desde el PSOE-A Rodrígo Sánchez Haro. Para Adelante Andalucía es «preocupante» que no haya «un plan sobre la mesa» y que la Consejería de Educación actúe «como si aquí no hubiera pasado nada».

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