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Escuela de Todos pide a la UE que intervenga para garantizar el 25% de clases en castellano

La plataforma Escuela de Todos ha enviado una carta al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, en la que solicita su intervención ante "el acuerdo entre los gobiernos de Cataluña y España para impedir que se ejecuten las sentencias que obligan a impartir el 25% de clases en castellano".
RedacciónMartes, 18 de octubre de 2022
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Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, con un grupo de escolares.

Para argumentar la acusación, la plataforma se refiere en la carta a las declaraciones «realizadas por el Sr. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, el pasado 13 de octubre en TV3, la televisión pública de Cataluña». En ellas –según el texto–, Aragonès «reconocía la existencia de un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat para impedir la ejecución de las decisiones judiciales que reconocen el derecho de los alumnos catalanas a recibir una parte de su educación en castellano». Por ello, Escuela de Todos insta a Didier Reynders a intervenir «atendiendo a sus funciones» en la reunión que está previsto que mantenga el próximo 20 de octubre en Bruselas con Pere Aragonès.

En el texto, Escuela de Todos denuncia «complicidad antijurídica de los gobiernos catalán y español por intereses políticos» y que el gobierno regional catalán, «en contra la Constitución, da al español un trato residual». En este sentido, indica que «pese a que el español es lengua oficial en toda Cataluña y materna de la mayoría de la población, las escuelas catalanas, controladas por el gobierno regional, excluyen al español de la vida escolar».

La entidad añade que el Tribunal Constitucional «ha establecido que el español es lengua de comunicación y de educación al mismo nivel del catalán por compartir ambas la condición de lenguas cooficiales». Asimismo, señala que «los tribunales ordinarios, ante la obcecación del gobierno regional y en ausencia de legislación estatal sobre la materia, han concretado un mínimo inexcusable de docencia en español» y que «al menos un 25% de la docencia se impartiera en cada una de las lenguas oficiales».

La entidad añade que el Tribunal Constitucional "ha establecido que el español es lengua de comunicación y de educación al mismo nivel del catalán por compartir ambas la condición de lenguas cooficiales"

Los responsables del Gobierno de la Generalitat –sigue la carta– «no solamente no han cumplido la sentencia, sino que manifestaron abiertamente que no la acatarían, y han criticado con dureza la sentencia y a los jueces que la dictaron». Además, según la plataforma, los responsables «han diseñado un plan para hacer imposible la ejecución de la sentencia que se ha articulado fundamentalmente en la aprobación del Decreto Ley 6/2022, de 30 de mayo», que provocó que el gobierno regional comunicase al TSJC que «era imposible cumplir la sentencia porque había una nueva normativa». Por ello, Escuela de Todos indica que el Gobierno de España «no ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra este Decreto Ley que suprimía absurdamente la posibilidad de aplicar porcentajes o parámetros numéricos en los proyectos lingüísticos de los centros educativos».

La plataforma pide a la Comisión que lleve a cabo una investigación y que se entreviste con las administraciones, con las asociaciones firmantes de la carta y también con las que se oponen a estos planteamientos. Asimismo, demanda que la Comisión visite las escuelas y hablen con los profesores para hacerse «una imagen cabal de la situación que se vive en Cataluña como consecuencia de la exclusión del español como lengua vehicular en el sistema educativo».

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