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Los comedores escolares de Castilla y León: entre los más becados y coste diario menor que la media

Los comedores escolares de Castilla y León, el cien por cien de gestión indirecta, lo que sólo tiene además Madrid, figuran entre los que más aporta la Administración regional para becas, con el 52 por ciento, frente al 35 por ciento de media nacional, y con un coste diario para las familias por menú de 4,6 euros, también inferior a los 5 de promedio autonómico.
EfeMartes, 7 de noviembre de 2023
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Así se recoge en un informe realizado por CCOO nacional y presentado este lunes, que explica que la mayor parte de los comedores escolares son ya de gestión indirecta (81%), esto es apostando por la externalización del servicio, lo que en el caso de Castilla y León, como en Madrid, llega al cien por cien. El estudio indica que esa gestión de los comedores escolares se ha concentrado en los últimos años y el 58% se encuentra en manos de solo cuatro empresas, un servicio que se oferta además a precios muy diferentes en función de la comunidad autónoma –de 3,5 a 7 euros– y cuya calidad se ha ido degradando en un contexto de inflación. En el caso de Castilla y León el precio que pagan las familias por el servicio es de 4,6 euros por menú, lo mismo que en el País Vasco, en una Comunidad en la que el servicio supone 42,6 millones, y las bacas son más de 22,2, el 52 por ciento, mientras que las familias corren con el 45 por ciento restante.

En Castilla y León los alumnos con transporte escolar tienen comedor gratuito y la dirección de los colegios tienen labores de gestión y supervisión. El informe sobre el modelo de funcionamiento de los comedores escolares lo ha presentado hoy en rueda de prensa por el secretario general de Servicios de Comisiones Obreras, José María Martínez, quien ha denunciado la pérdida de calidad de los menús: hay «más carbohidratos, menos proteínas» y raciones más pequeñas. Además, sus precios son muy dispares por comunidades autónoma –de los 3,6 euros en Ceuta a los 7 euros en Cantabria–, «una diferencia que según Martínez no se corresponde con la subida de los precios de la energía y de las materias primas, sino que «son precios políticos» que en última instancia asume el usuario.

El comedor escolar proporcionó la comida principal del día a más de 2 millones de estudiantes en el curso 2021-22 y el alumnado usuario está por debajo del 25%, llegando casi al 40% en las etapas más tempranas de la educación (Infantil y Primaria) y no existiendo prácticamente ni en Secundaria ni en Bachillerato, ha explicado Carmen Ortiz, coordinadora sectorial de Restauración Colectiva. La mayoría de los centros de Infantil o Primaria cuentan con el servicio, un 67,6%, aunque solo el 32% cuenta con instalaciones de cocina en el propio centro.

Según Ortiz y Martínez, el servicio cuenta con un modelo diferente de gestión en cada autonomía, pero todos ellos se caracterizan por «la falta de transparencia e información» tanto por parte de las administraciones públicas como de las empresas concesionarias. Además, la gestión es indirecta o externalizada en un 64% de los centros donde se presta el servicio, y la tendencia que se ha consolidado en la última década, es el modelo de línea fría en lugar de que los colegios tengan cocina propia. Así, el sector se ha oligopolizado y han ido desapareciendo las cooperativas y los servicios propios, ha añadido Martínez en rueda de prensa.

Al mismo tiempo, el sector de comedores escolares ha iniciado la recuperación de los niveles de actividad prepandemia, pero mientras que las cifras de facturación evolucionan al alza, los costes medios de personal lo hacen a la baja, ha explicado Mario Morales, de la Federación de Servicios de CCOO. Morales ha explicado que un aspecto positivo de la concentración empresarial es que se han podido abrir vías de diálogo para llegar a un convenio estatal, ya que antes del 2016 existía una infinidad de convenios.

Los tres responsables de Comisiones han coincidido asimismo de que son necesarios cambios legales para mejor las condiciones de los trabajadores o que las empresas que concurren a una licitación no tengan que asumir la deuda que haya podido dejar la concesionaria anterior del servicio.

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