El Parlamento gallego pide al Gobierno central modificar los umbrales económicos para las becas educativas
Así ha sido acordado este miércoles en la comisión cuarta de Educación y Cultura, en la que el BNG presentó una proposición no de ley para modificar el artículo 11.3 del Real Decreto 117/2023 por el que se establecen becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Formación para el curso académico 2023-24. Este decreto establece los límites de ingresos y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso académico 2023-24 y en el citado artículo señala que la beca será «denegada» cuando se compruebe que la suma de las rentas obtenidas por todos los miembros computables de la familia supere la cantidad de 155.500 euros.
Según los nacionalistas, la redacción de este artículo «está provocando que muchos solicitantes de ayudas o becas reciban decisiones desfavorables porque se tiene en cuenta que la facturación excede los 155.000 euros y no el beneficio neto, como sería normal y deseable para no caer en discriminaciones». «Los autónomos y emprendedores que estén teniendo pérdidas, si tienen una mayor cantidad de facturación de su empresa, no podrán acceder a estas ayudas y becas para sus hijos e hijas teniendo en cuenta su capacidad económica real», han señalado desde el BNG.
La PNL, que ha sido aprobada con los votos a favor del BNG y el PPdeG –los socialistas se abstuvieron– ha sido defendida por la parlamentaria nacionalista Cristina Fernández Dávila, que ha señalado que «la facturación no es lo mismo que los beneficios» y que lo que deben primar son «los beneficios netos reales». Desde el PSdeG, la parlamentaria Noelia Otero ha planteado dudas sobre este debate y ha afirmado que ha consultado al Ministerio la magnitud de las personas que se quedan fuera en las convocatorias de becas en este sentido por si fuera necesario modificar el Real Decreto.
Por su parte, desde el PPdeG, María Sol Díaz ha afirmado que la competencia de las becas es del Estado y que esta iniciativa debería debatirse en el Congreso de los Diputados, al mismo tiempo que ha reclamado que las competencias sobre las becas educativas se transfieran a las comunidades autónomas. Además, los tres grupos han acordado por unanimidad que la Xunta inste al Ministerio de Educación a conceder becas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo a aquellos niños y niñas con TDAH «sin la necesidad de presentar un certificado del 33% de discapacidad».
La diputada del PPdeG, Rosalía López ha criticado que el Ministerio modificase las ayudas que hasta el curso 2019-20 iban dirigidas a este colectivo. En su discurso, ha señalado que hasta 36 asociaciones de toda España interpusieron varios recursos en la Audiencia Nacional contra la decisión del Ministerio de Educación de no incluir a 20.000 menores con TDAH en ayudas y subvenciones al estudio para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. «Las familias siguen teniendo dificultades para acceder a dichas ayudas a menos que cumplan con los requisitos antes mencionados, de tal modo que se ven obligadas a recurrir estas resoluciones negativas teniendo que presentar recursos», ha expresado López.
Por su parte, desde el PSdeG, Otero ha criticado el papel del PPdeG en materia de «inclusión y de la atención a las necesidades específicas del alumnado» y ha expresado que «el TDAH no genera de por sí el derecho a percibir una ayuda, sino que se trata de un trastorno susceptible de protección siempre que se acredite la necesidad específica de apoyo educativo». «Este alumnado tiene cabida en estas becas de diferentes maneras, dependiendo del trastorno de la conducta que se tenga que acreditar en cada caso», ha declarado.
Por último, desde el BNG, María Cristina Fernández ha declarado que «algunas familias sales perjudicadas» porque tras la modificación del Real Decreto dejan de estar «beneficiados por distintos conceptos que permitían el apoyo educativo».