CEOE planta cara a la bajada de ratios y avisa de su impacto en la concertada

La patronal ha  elaborado un informe para fijar posición con claridad ante el proyecto de ley que reduce las ratios y regula la jornada lectiva del profesorado no universitario. El núcleo de su rechazo es doble: por un lado, sostiene que no existe una evidencia concluyente de que bajar de forma generalizada el número de alumnos por aula mejore de manera directa el aprendizaje; por otro, advierte de que una medida así altera de raíz el equilibrio del sistema educativo y afecta a todos los centros, con independencia de su titularidad. En ese marco, CEOE, Educación y Gestión, ACADE y CECE defienden que cualquier cambio debe ser prudente, proporcionado y respetuoso con los derechos fundamentales implicados.

El documento insiste en que la propuesta no es una mera mejora organizativa, sino una reforma con impacto transversal. La libertad de elección de las familias, la pluralidad de modelos y la capacidad de cada centro para sostener su proyecto educativo quedarían, según las patronales, seriamente condicionadas por la pérdida de plazas y por el aumento inevitable de costes. La discusión no llega, además, en un vacío informativo: el debate sobre ratios y jornada lectiva ya venía agitando el sector, como refleja la información sobre el anteproyecto que abrió esta nueva fase de discusión.

Uno de los argumentos más repetidos por las patronales es el de la sostenibilidad económica. El texto sostiene que muchos centros no disponen de espacios adicionales para desdoblar grupos o ampliar instalaciones, de modo que la adaptación sería materialmente imposible en numerosos casos. A partir de ahí, el diagnóstico es severo: menos alumnado por aula supone menos ingresos, más dificultades para cuadrar plantillas y un riesgo real de cierres o de recorte de empleo en proyectos educativos ya consolidados. La patronal ve aquí un problema especialmente sensible en los centros privados, donde la financiación depende de la matrícula y no de recursos públicos específicos.

La crítica no se limita al terreno económico. El encaje legal del proyecto también preocupa a CEOE y a las organizaciones asociadas, que cuestionan que una modificación del artículo 157.1 a) de la Ley Orgánica de Educación pueda proyectar efectos obligatorios sobre centros que no reciben financiación pública. Según su lectura, ese precepto pertenece al capítulo de recursos económicos y, por tanto, debería limitarse a los centros públicos y a los sostenidos con fondos públicos. La falta de esa precisión, sostienen, abriría la puerta a una aplicación extensiva e impropia de la norma y generaría inseguridad jurídica sobre la libertad de empresa y de creación de centros.

Las patronales miran también al futuro y al posible desarrollo posterior del Real Decreto 132/2010. La ausencia de transitorios claros sería, para ellas, un riesgo serio si la bajada de ratios terminara extendiéndose a otras etapas, incluida infantil. En su argumentario aparece un aviso particularmente duro: sin salvaguardas para los centros ya autorizados, podría producirse una contracción muy fuerte de la oferta, con especial incidencia en el primer ciclo de educación infantil. La preocupación por el mapa escolar, por tanto, va más allá de la discusión puntual sobre un máximo de alumnos por aula.

Ahora bien, conviene no simplificar el tablero. No toda la concertada interpreta la bajada de ratios del mismo modo. Hay sindicatos del profesorado del sector que mantienen una posición más matizada, y también algunos colegios concertados pequeños que podrían salir beneficiados si la reducción de alumnos por grupo se tradujera en más atención individual y mejores condiciones de trabajo. Ese matiz no altera la tesis central del documento patronal, pero sí recuerda que el conflicto no enfrenta a dos bloques monolíticos, sino a una realidad mucho más diversa y con intereses cruzados.

La foto final que dibuja el texto es la de una medida que, en su configuración actual, no mejora la calidad educativa y sí puede comprometer la diversidad del sistema, la estabilidad del empleo y la viabilidad de numerosos proyectos. CEOE, ACADE, Educación y Gestión y CECE sostienen que cualquier reforma debe venir acompañada de un análisis exhaustivo de efectos, alternativas pedagógicas y memoria económica suficiente. Aun así, las entidades firmantes dejan abierta la puerta a seguir dialogando con los grupos parlamentarios para construir un marco normativo más equilibrado y basado en la evidencia.