El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que baja las ratios y fija un tope a la jornada lectiva docente

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, en primera vuelta el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, para establecer una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario. El objetivo es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada.

En relación con las ratios, se reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) computará como dos plazas.

«Existe un consenso generalizado de que cuando se reduce el número de alumnos por aula se favorece la atención del alumnado, la aplicación de los principios básicos de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, además de que reduce la carga laboral del profesorado y, por tanto, mejora el bienestar docente. Además, favorece una mayor individualización de la atención educativa, innovación y adaptación vinculada al contexto social y cultural», señala el Ministerio de Educación en un comunicado.

El documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.

El Gobierno hizo una recomendación a las comunidades autónomas en 2019 respecto a las ratios, pero no todas lo adoptaron, por eso ahora con este APL se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar homogeneidad en todo el territorio nacional.

Este anteproyecto de ley «refuerza la equidad, la inclusión educativa y el bienestar docente, y garantiza la cohesión del sistema educativo desde el respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas», dice el Ministerio.

El calendario de aplicación prevé que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado NEEs entren en vigor en el curso 2026-27. Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027-28 en Infantil y Primaria; en 2028-29 en Secundaria; y en 2029-30 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031-32.

El texto del anteproyecto de ley continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva como proyecto de ley y su remisión a las Cortes Generales. Durante la tramitación, el texto será sometido a negociación con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas.

El Ministerio afirma que «está trabajando con el INE para el desarrollo de un índice de vulnerabilidad socioeconómica». Este índice servirá para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presentan una situación de especial complejidad. El índice es una fórmula matemática que a partir de diferentes variables (como el contexto socioeconómico del hogar, entre otros) establecerá el grado de vulnerabilidad de cada estudiante.

Este anteproyecto de ley contempla que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley se desarrollarán recursos como este para esa tipología de centros educativos.

Además, el Gobierno establecerá, mediante norma reglamentaria, las ratios para las demás enseñanzas no obligatorias y los criterios que permitan determinar los centros en los que, por razones sociales o educativas, sea necesario aplicar reducciones adicionales.

Los sindicatos enseñanza no universitaria valoran que se rebaje por ley el número de alumnos en las aulas, pero insisten en que su implantación debe ser inmediata y no progresiva y tiene que afectar a todo el alumnado con necesidades de apoyo y no solo con necesidades educativas especiales (NEE). El secretario de Enseñanza Pública de CCOO, Héctor Adsuar, ha recordado en un comunicado que las mejoras laborales deben continuar en las mesas de negociación con el Ministerio de cara a la elaboración del nuevo estatuto docente y ha señalado que darán «la batalla en todos los frentes», también para igualar la categoría de maestros a la de docentes y para una mejor jubilación anticipada y gratificada. Reducción de la burocracia, recuperación del 100% de las pagas extraordinarias, mayor prevención de riesgos psicosociales o aumentar los recursos dirigidos a la orientación son las asignaturas pendientes que están sobre las mesas negociadoras.

Para CCOO, la aplicación de la bajada de ratios en las aulas debería ser inmediata y no progresiva y «todo el alumnado con cualquier necesidad tendría que contar para bajar ratios e incrementar apoyos especialistas».

El anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta irá ahora a la Mesa Sectorial de negociación y al Consejo Escolar, antes de pasar a las Cortes Generales. El Ejecutivo confía en un apoyo mayoritario de todas las formaciones, incluida Junts, pero el responsable de política educativa de STES-Intersindical, Fernando Villalba, señala a Efe que «la aritmética parlamentaria es prácticamente imposible pese a que las mejoras son tan livianas que podrían ser votadas por la oposición y salir adelante».

La CSIF ha reclamado a los grupos parlamentarios «altura de miras» y ha recordado que falta la regulación de los especialistas en atención a la diversidad y exige más profesionales. «Reclamamos ratios máximas también para especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, así como un orientador por cada 250 alumnos, como recomienda la Unesco», han señalado en un comunicado. El secretario estatal de Acción Sindical de ANPE, Ramón Izquierdo, ha señalado que seguirán negociando para intentar acortar los plazos en la implantación de las nuevas ratios y sobre todo para que la nueva ley vaya acompañada de una memoria económica que permita a las comunidades autónomas poder aplicarla.

Por su parte, la secretaria de Enseñanza de UGT, Beatriz García, ha recordado que es «un primer paso legal» pero que les hubiera gustado que el acuerdo «fuera más ambicioso». «Muchas comunidades ya tienen las horas lectivas reducidas en esos términos y el Ministerio podría haber hecho un esfuerzo mayor para que hubiera adaptado la jornada lectiva a la media europea. Lo mismo ocurre con la reducción de alumnos», recalca.