Cierres y pérdidas: las escuelas infantiles privadas rebaten la acusación de grandes beneficios
Madrid registra el cierre del 28,60% de los centros privados; Cataluña, del 24,16%; Aragón, del 40,29%; Galicia, del 12,79%; y Castilla-La Mancha, del 21,05%. Para el sector, esas cifras desmontan la idea de un negocio boyante.
La acusación de que las escuelas infantiles privadas viven al calor de supuestos grandes beneficios choca con una realidad mucho más dura: en varios territorios, el sector arrastra cierres acumulados de enorme magnitud. Las organizaciones patronales firmantes del XIII Convenio Colectivo Estatal del sector recuerdan que el primer ciclo de Infantil no solo es una etapa educativa esencial, sino también un ámbito compuesto mayoritariamente por autónomos, micro-pymes y pymes, con más de 50.000 personas trabajadoras y más de 224.000 menores escolarizados.
Los datos que las patronales ponen sobre la mesa son difíciles de ignorar. Según recogen los datos oficiales del Ministerio de Educación entre 2014 y 2023, Madrid registra el cierre del 28,60% de los centros privados; Cataluña, del 24,16%; Aragón, del 40,29%; Galicia, del 12,79%; y Castilla-La Mancha, del 21,05%. Para el sector, esas cifras desmontan la idea de un negocio boyante y apuntan, más bien, a un tejido muy castigado por la falta de estabilidad.
El comunicado insiste en que hablar de grandes beneficios no se sostiene cuando detrás hay una estructura empresarial marcada por autónomos, micro-pymes y pymes, además de un sector altamente feminizado, cualificado y joven. Las patronales subrayan también que el ciclo 0-3 es fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social del alumnado, y que su debilitamiento tendría consecuencias directas sobre las familias, el empleo y la propia cohesión social.
Las organizaciones firmantes sostienen que el problema no está en el convenio colectivo ni en sus tablas salariales, sino en una crisis estructural acumulada durante años: descenso de la natalidad, impacto de la pandemia y una financiación pública que consideran insuficiente. También recuerdan que, en los centros de gestión indirecta, los salarios dependen de los pliegos de contratación y de la voluntad de la Administración, lo que explica la disparidad entre tipologías de centros y la dificultad para absorber mejoras retributivas sin poner en riesgo la viabilidad.
En su comunicado, las patronales también advierten de que cualquier iniciativa legislativa que ignore la realidad económica del 0-3 puede traducirse en más cierres, pérdida de empleo y un deterioro de la oferta educativa para miles de familias. Insisten en que la educación infantil privada no debe convertirse en el chivo expiatorio de un conflicto más amplio, y defienden que el sector forma parte de la solución por su papel en la escolarización temprana, la conciliación y el acceso a una atención educativa de calidad.
Las patronales añaden además que, si se quiere preservar una red suficiente de escuelas infantiles, hace falta una financiación estable, realista y suficiente por parte de las administraciones públicas. A su juicio, cualquier mejora retributiva o regulación adicional debe ir acompañada de medidas que garanticen la viabilidad de los centros, porque de lo contrario el efecto inmediato será el cierre de unidades y la reducción de plazas disponibles. En ese escenario, advierten, la primera perjudicada sería la propia comunidad educativa, especialmente en los territorios con menor oferta.
También ponen el acento en que no todas las escuelas funcionan bajo las mismas condiciones económicas ni contractuales, y que esa diversidad obliga a evitar soluciones uniformes. Por eso reclaman que se tenga en cuenta la especificidad de los centros de gestión directa e indirecta, la presión de los costes laborales y la necesidad de preservar un servicio que, recuerdan, cumple una función social clave para miles de familias trabajadoras.
Con ese marco, las patronales defienden que la Educación Infantil privada de 0 a 3 años no es el problema, sino parte de la solución. Su advertencia es clara: si las medidas legislativas ignoran la realidad del sector, el resultado puede ser más cierres, más destrucción de empleo y un perjuicio directo para miles de familias. En plena marea amarilla y en un clima de presión creciente sobre el modelo, el sector quiere dejar una idea muy concreta: no se puede convertir a las escuelas infantiles privadas en el chivo expiatorio de un conflicto mucho más profundo.