EsadeEcPol alerta del alto coste de reducir ratios y de su escaso impacto en el aprendizaje
El debate sobre la rebaja de ratios vuelve al primer plano con la publicación, este 26 de mayo de 2026, del informe “La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico”, de EsadeEcPol Insight firmado por Lucas Gortazar y José Montalbán Castilla. El documento pone números a una reforma que, además de reorganizar aulas y plantillas, obliga a decidir con mucha precisión dónde merece la pena concentrar cada euro público.
Los autores distinguen tres conceptos clave: el «coste real», el «dividendo demográfico» y el «coste presupuestario neto». El primero es el gasto adicional que supondrá abrir nuevas aulas y contratar más profesorado; el segundo, el ahorro que genera la caída natural del número de estudiantes; y el tercero, la diferencia final que tendrá que asumir la administración. En palabras del informe, se trata de medir con rigor si la reforma puede ser realmente «coste-efectiva».
Las cifras que manejan son de gran magnitud. Entre 2027 y 2036, el coste presupuestario neto medio será de al menos 2.818 millones de euros al año, con un acumulado de 28.184 millones. El año de mayor tensión será 2031, cuando la reforma esté implantada por completo en Primaria y ESO: entonces, el coste real alcanzará los 6.549 millones, el dividendo demográfico será de 1.380 millones y el coste presupuestario neto quedará en 5.169 millones, equivalente al 13,8% del gasto público español en esas etapas.
El reparto territorial tampoco será homogéneo. Andalucía, Cataluña y Madrid concentrarán el 63% del coste nacional, mientras que la reforma beneficiará en mayor medida a centros situados en zonas con perfiles socioeconómicos más altos. Según el informe, los centros con mayor porcentaje de alumnado de nivel socioeconómico alto absorberán el 31% del gasto, frente al 22% de los centros con menor nivel, porque las aulas que superan el nuevo tope están más concentradas en áreas urbanas con mayor demanda.
La otra gran conclusión del trabajo es menos favorable para los defensores de la medida. Tras revisar el meta-análisis de Opatrny et al. (2025), basado en 66 estudios causales, los autores sostienen que reducir la ratio «no tiene efectos significativos agregados» sobre el aprendizaje del alumnado, la repetición o el bienestar escolar. Sí detectan mejoras en el bienestar de las familias y, sobre todo, del profesorado, pero el efecto en satisfacción laboral es modesto: su valor equivalente en salario sería del 6%, muy lejos del 21% que podría financiarse si ese mismo presupuesto se destinara directamente a mejorar retribuciones.
El debate, además, no es nuevo en la agenda educativa española. Magisterio ya recogió el pulso político sobre esta cuestión en Educación acuerda con los sindicatos nuevas medidas para reducir las ratios, en un contexto donde varias comunidades y el propio Ministerio vienen moviendo ficha sobre tamaños de grupo y organización escolar.
A partir de ese diagnóstico, EsadeEcPol plantea tres líneas de actuación. La primera es acotar el despliegue universal de la medida y centrarla solo en centros de alta complejidad y riesgo educativo, donde la evidencia apunta a efectos algo mayores. La segunda consiste en redirigir parte del dinero a políticas con mejor respaldo empírico, como las tutorías intensivas tipo PROA+, los complementos salariales para docentes en destinos difíciles y un MIR educativo. La tercera pide aprovechar la ventana demográfica de la próxima década para invertir donde el retorno educativo es mayor, especialmente en el alumnado de menor nivel socioeconómico.
En suma, el informe dibuja una advertencia clara: bajar ratios puede sonar bien en términos políticos, pero su factura es muy alta y su rendimiento pedagógico, según la evidencia revisada, resulta demasiado incierto. Por eso, Gortazar y Montalbán Castilla insisten en que la reforma debe ser selectiva, evaluada y acompañada por otras políticas con mayor capacidad de impacto real en el aprendizaje y la equidad.