Las protestas en Valencia revelan las grietas de un sistema educativo que no se adapta a los nuevos tiempos

En base a esos años de formación y trabajo, este artículo no nace de una opinión improvisada, sino de una experiencia acumulada durante décadas en seminarios, grupos de calidad y proyectos de transformación educativa.

A continuación, presento algunos puntos que, para mí, son clave y nos ayudarán a entender por qué la huelga docente en Valencia no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema que lleva demasiado tiempo enquistado, sin evolucionar para adaptarse a los nuevos retos sociales, una situación que se ha visto claramente agravada por la falta de altura de miras de algunos responsables políticos desde hace décadas, así como por decisiones cortoplacistas, intereses propios de cada partido y una preocupante desconexión con la realidad de los centros educativos.

En la Comunidad Valenciana llevamos más de 30 años arrastrando los mismos problemas estructurales: ratios de alumnado elevados, infraestructuras obsoletas, falta de recursos educativos y humanos, burocracia excesiva y condiciones laborales que no se ajustan a la realidad actual. La huelga docente no es un gesto caprichoso: es un grito de agotamiento. Y conviene subrayarlo: el problema no es de las políticas de un partido concreto como algunos pretende achacar. El problema es que el sistema educativo público español funciona con políticas que fueron diseñadas para un país que ya no existe.

Además, los centros públicos asumen hoy una complejidad mucho mayor que los privados o concertados, por razones estructurales evidentes:

• Reciben más alumnado inmigrante, muchos sin dominio del español y menos todavía del valenciano.
• Atienden niveles educativos muy heterogéneos dentro de la misma aula.
• Acogen un porcentaje significativamente mayor de alumnado con necesidades educativas especiales, tanto permanentes como transitorias.
• Gestionan situaciones de vulnerabilidad social, económica y emocional que requieren recursos específicos.
• Afrontan una conflictividad creciente en las aulas y nuevas formas de convivencia que requieren equipos especializados.

Todo esto, y muchas cosas más, recae sobre los centros públicos sin que las políticas educativas hayan evolucionado para dar respuesta a esta nueva realidad.

En el debate educativo español se insiste una y otra vez en que la solución pasa por aumentar el presupuesto. Sin embargo, los datos internacionales muestran que esta visión es incompleta. De hecho, los estudios de McKinsey (referencia mundial en análisis comparado de sistemas educativos) concluyen que el verdadero problema no es solo cuánto se invierte, sino cómo se gestiona lo que ya se invierte.

Como señalaban Barber y Mourshed (2007), en su informe para la consultora McKinsey & Company, numerosos países han incrementado el gasto durante décadas sin mejorar sus resultados, mientras que los sistemas de mayor rendimiento del mundo destacan por una gestión rigurosa, prioridades claras y un uso eficiente del presupuesto. El informe recuerda que países como Singapur obtienen resultados excelentes gastando menos que muchos miembros de la OCDE, lo que evidencia que no es una cuestión de volumen de gasto, sino de calidad en la gestión.

Aplicado a España, el diagnóstico es evidente: además de invertir, es imprescindible reducir el despilfarro, mejorar la eficiencia administrativa y reforzar la rendición de cuentas. Sin una gestión profesionalizada y orientada a resultados, cualquier aumento presupuestario se diluye sin transformar realmente el sistema educativo.

Los países que lideran PISA: Estonia, Canadá, Japón, Singapur y Corea del Sur, no solo destacan por su inversión educativa, sino por cómo gestionan esa inversión. Algunos invierten más que España, otros incluso menos, pero todos comparten un elemento clave: la eficiencia en el uso de los recursos.

Mientras España tiende a centrar el debate en “cuánto” se invierte, estos países ponen el foco en la:

• Planificación a largo plazo, no en ciclos electorales.
• Autonomía de los centros para decidir cómo usar los recursos.
• Formación docente de calidad como prioridad estratégica.
• Estabilidad normativa, que evita el despilfarro en cambios constantes.
• Evaluación real de políticas, no solo de resultados académicos.
• Respeto institucional al profesorado.

Por lo tanto, incrementar la inversión educativa es necesario, pero no suficiente.

Sin eficiencia, sin control y sin una estrategia coherente, más dinero no se traduce en mejores resultados. Los países que funcionan no gastan más: gestionan mejor.

Mientras España ha aprobado hasta 8 leyes educativas en apenas cuatro décadas, los países con mejores resultados en PISA se caracterizan por la estabilidad de sus marcos normativos, con una o dos leyes de base que evolucionan progresivamente sin rupturas continuas.

Ante el nuevo panorama y los retos a los que se enfrentan los centros educativos, no se necesita una revolución radical del sistema educativo, sino decisiones políticas valientes, coherentes y sostenidas en el tiempo.

A continuación, recojo algunas líneas imprescindibles que están en la base de esta huelga y que van mucho más allá de la cuestión salarial, pese a lo que algunos sostienen:

• Reducir ratios de forma progresiva y realista, se podría empezar por los centros con mayor complejidad social y más alumnado vulnerable.
• Modernizar infraestructuras con un plan a 10 años, evaluable y público, que no dependa del color político de cada legislatura. Priorizar aquellos centros cuyas instalaciones están más obsoletas.
• Dotar a los centros de equipos de apoyo suficientes: orientación profesional y educativa, especialistas en pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje, mediación, trabajo social, salud mental. Etc.
• Simplificar la inmensa burocracia que roba horas de docencia, tutoría y coordinación, y que además obliga a los equipos directivos a dedicar una parte desproporcionada de su tiempo a tareas administrativas que no aportan valor, en lugar de centrarse en la planificación estratégica, la gestión pedagógica y la evaluación del funcionamiento del centro.
• Dar autonomía real a los centros para adaptar horarios, agrupamientos, proyectos y metodologías a su contexto, así como autonomía en el destino del presupuesto, constituye una de las demandas recurrentes de los equipos directivos. Tal y como recoge el informe TALIS de la OCDE (2025), los directores reclaman mayor capacidad de decisión en la organización de los centros, al considerar que la autonomía favorece una mejor respuesta educativa y mejora las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
• Los centros educativos necesitan que la Consellería de Educación actúe con agilidad y rapidez en la sustitución del profesorado y del personal de administración y servicios (PAS), para garantizar el normal funcionamiento de la actividad educativa y evitar sobrecargas innecesarias en los equipos docentes y organizativos.
• Abordar un incremento salarial justo y sostenido que recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos 20 años, incluida la restitución completa de las pagas extraordinaria, y que, además, tenga en cuenta la evolución del coste de la vida en los próximos años, evitando que los profesionales de la educación sigan perdiendo capacidad económica de forma progresiva.
• Blindar la inversión educativa como política de Estado, no como moneda de cambio electoral.

En el escenario político que nos encontramos, resulta imprescindible incorporar la dimensión del liderazgo ético como condición necesaria para hacer efectivas las demandas planteadas. Ninguna de las reivindicaciones derivadas de la huelga docente podrá llevarse a cabo sin la concurrencia de responsables políticos que actúen conforme a principios éticos, priorizando las necesidades sociales y educativas por encima de intereses personales o partidistas. La ética constituye el fundamento de la confianza y de la credibilidad personal e institucional, elementos especialmente debilitados en el actual escenario político español. En este sentido, y desde mi experiencia profesional como evaluador y asesor acreditado del modelo de excelencia EFQM/CAF, cabe señalar que en el criterio 1 del modelo se analiza el liderazgo directivo, destacando explícitamente la necesidad de contar con líderes éticos como base de la credibilidad y la confianza en las organizaciones. Por ello, se hace más necesario que nunca contar con políticos éticos, capaces de orientar la acción pública hacia el bien común y solo de esta manera se podrá restablecer la confianza perdida de la ciudadanía en las instituciones.

Esta huelga no va solo de condiciones laborales. Es el aviso claro de que los docentes y equipos directivos de los centros educativos llevan años haciendo malabares para sostener un sistema que necesita decisiones valientes de una vez por todas.

A ustedes, responsables políticos, les toca dar un paso al frente. Dejen a un lado las siglas, las ideologías y el corto plazo. La educación no puede seguir cambiando cada vez que cambia un gobierno, ni utilizarse como campo de batalla política. Así no se construye nada sólido. Llevamos 8 leyes educativas en España y no se han solucionado los problemas de deterioro del sistema educativo público.

Los profesionales de la educación ya han hecho su parte: adaptarse, innovar, resistir y seguir adelante pese a las grandes dificultades encontradas. Ahora les corresponde a ustedes estar a la altura de las circunstancias y alcanzar un acuerdo estable, serio y duradero que dé respuesta real a los problemas que todos conocemos.

Si se aspira a que el sistema educativo público atraiga y retenga a los mejores profesionales, resulta imprescindible dar respuesta a los aspectos analizados. Solo mediante la mejora de las condiciones descritas, el reconocimiento y un liderazgo ético será posible generar un entorno educativo atractivo y de calidad.

Porque no se trata de ver quién tiene razón, sino de asumir una responsabilidad compartida. Y porque, siendo claros, lo que ya no nos podemos permitir es seguir mirando hacia otro lado.

Ernest Castelló es doctor en Ciencias de la Educación y experto en Modelos y sistemas de gestión de la calidad.