Directores, familias y sindicatos elevan la presión para enfriar las aulas madrileñas
El mensaje de las organizaciones es claro: el problema golpea con más fuerza a los más pequeños.
Las organizaciones educativas madrileñas han vuelto a poner el foco en una idea muy concreta: sin climatización no hay seguridad, ni bienestar, ni una enseñanza de calidad. En dos comunicados difundidos este 11 de junio de 2026, directores, familias y sindicatos coinciden en exigir a la Consejería de Educación un plan transparente, con inversiones reales y un calendario verificable para adaptar los centros al calor cada vez más extremo.
La denuncia compartida dibuja un escenario que ya no se limita a episodios aislados de calor. ADIMAD, el Consejo de Directores y la FAPA Francisco Giner de los Ríos sostienen que las altas temperaturas se prolongan desde mayo hasta septiembre y que en muchas aulas madrileñas se superan con facilidad los 30 grados, algo que perjudica el aprendizaje y expone a alumnado y personal a un riesgo evitable. En esa misma línea, la federación de familias prepara un mapa del calor con sus AMPAS y se reunirá este viernes, 12 de junio de 2026, con el Defensor del Pueblo para pedir que interceda ante la Administración.
A esa presión se suma una demanda que recuerda a otras comunidades donde ya se reclamó el pasado curso una respuesta estructural, como en Murcia solicita al Ministerio un plan nacional de climatización de los centros educativos, una iniciativa que pone de relieve que el problema del calor escolar ha dejado de ser local para convertirse en una preocupación cada vez más extendida.
El mensaje de las organizaciones es claro: el problema golpea con más fuerza a los más pequeños. El Consejo de Directores subraya que un niño o una niña de Educación Infantil o Primaria se acalora antes que un adulto, tarda más en recuperarse y depende por completo de otros para hidratarse o avisar de que se encuentra mal. En los centros de Educación Especial y en los CEIPSO, añaden, la situación se agrava todavía más porque hay alumnado con mayores dificultades para autorregular su temperatura o expresar su malestar.
CSIT Unión Profesional, por su parte, centra su alarma en los centros públicos con alumnado de 0 a 3 años y denuncia que Escuelas Infantiles públicas y CEIP con primer ciclo de Infantil no pueden quedar fuera del plan anunciado por la Comunidad de Madrid. El sindicato recuerda que viene reclamando esta climatización desde octubre de 2025 y que, el pasado 27 de mayo de 2026, registró una comunicación urgente ante varias direcciones generales de la Consejería por la situación de estrés térmico que se repite cada verano.
La protesta no se ha quedado en palabras. CSIT afirma haber recogido 687 firmas en 65 centros educativos públicos -30 Escuelas Infantiles y 35 CEIP- y avisa de que, si no llegan medidas correctoras antes del periodo de mayores temperaturas, sus técnicos en prevención realizarán mediciones y análisis térmicos para trasladar los resultados a la Inspección de Trabajo y otros organismos competentes. El sindicato considera que podrían estarse produciendo incumplimientos graves en materia de salud laboral y prevención de riesgos.
En paralelo, ADIMAD y las familias insisten en que no basta con hablar de cifras globales de inversión si no se concreta qué centros están realmente incluidos, cuáles quedan pendientes y qué horizonte existe hasta 2027 para completar las actuaciones. Reclaman una planificación específica, financiación suficiente y una comisión de seguimiento con presencia de la comunidad educativa para que la adaptación no dependa de actuaciones aisladas ni de soluciones de urgencia cuando el calor ya aprieta.
Por su parte, USO Enseñanza Madrid ha puesto el foco en una demanda que no es nueva: que las ayudas para climatización no se queden solo en la red pública y alcancen también a la concertada. El sindicato valora el anuncio de inversiones, pero considera que la medida resulta insuficiente si no se amplía a todo el sistema sostenido con fondos públicos.
La organización sindical sostiene que las aulas vuelven a sufrir temperaturas extremas cada curso y que las respuestas institucionales han llegado tarde. En su nota, la secretaria de Acción Sindical de USO Enseñanza Madrid, Yolanda Jáuregui Miñano, advierte de que estas inversiones “llegan tarde” y no pueden quedarse a medias.
El sindicato critica que, según la información disponible, las ayudas se dirijan únicamente a centros públicos, dejando fuera a la enseñanza concertada. Para USO, esa exclusión es inaceptable porque rompe la lógica de un mismo sistema educativo financiado con fondos públicos.
USO recuerda que lleva años denunciando, junto a familias y profesionales, las altas temperaturas en las aulas, una situación que afecta tanto a la salud laboral del profesorado como al bienestar del alumnado. El sindicato afirma además que ha recibido peticiones, mensajes y materiales enviados por familias y trabajadores, incluidas fotografías de termómetros en las clases que, a su juicio, evidencian unas condiciones especialmente duras en determinados periodos del curso.
La petición final de la organización va más allá de una convocatoria concreta: reclama la extensión inmediata de estas ayudas a la red concertada y un plan global de adaptación para todos los centros educativos, incluidas las escuelas infantiles. Para USO, la respuesta a un problema que se repite cada verano debe ser estructural, estable y sin discriminación entre centros.