Directores, familias y sindicatos elevan la presión para enfriar las aulas madrileñas
Las organizaciones educativas madrileñas han vuelto a poner el foco en una idea muy concreta: sin climatización no hay seguridad, ni bienestar, ni una enseñanza de calidad. En dos comunicados difundidos este 11 de junio de 2026, directores, familias y sindicatos coinciden en exigir a la Consejería de Educación un plan transparente, con inversiones reales y un calendario verificable para adaptar los centros al calor cada vez más extremo.
La denuncia compartida dibuja un escenario que ya no se limita a episodios aislados de calor. ADIMAD, el Consejo de Directores y la FAPA Francisco Giner de los Ríos sostienen que las altas temperaturas se prolongan desde mayo hasta septiembre y que en muchas aulas madrileñas se superan con facilidad los 30 grados, algo que perjudica el aprendizaje y expone a alumnado y personal a un riesgo evitable. En esa misma línea, la federación de familias prepara un mapa del calor con sus AMPAS y se reunirá este viernes, 12 de junio de 2026, con el Defensor del Pueblo para pedir que interceda ante la Administración.
A esa presión se suma una demanda que recuerda a otras comunidades donde ya se reclamó el pasado curso una respuesta estructural, como en Murcia solicita al Ministerio un plan nacional de climatización de los centros educativos, una iniciativa que pone de relieve que el problema del calor escolar ha dejado de ser local para convertirse en una preocupación cada vez más extendida.
El mensaje de las organizaciones es claro: el problema golpea con más fuerza a los más pequeños. El Consejo de Directores subraya que un niño o una niña de Educación Infantil o Primaria se acalora antes que un adulto, tarda más en recuperarse y depende por completo de otros para hidratarse o avisar de que se encuentra mal. En los centros de Educación Especial y en los CEIPSO, añaden, la situación se agrava todavía más porque hay alumnado con mayores dificultades para autorregular su temperatura o expresar su malestar.
CSIT Unión Profesional, por su parte, centra su alarma en los centros públicos con alumnado de 0 a 3 años y denuncia que Escuelas Infantiles públicas y CEIP con primer ciclo de Infantil no pueden quedar fuera del plan anunciado por la Comunidad de Madrid. El sindicato recuerda que viene reclamando esta climatización desde octubre de 2025 y que, el pasado 27 de mayo de 2026, registró una comunicación urgente ante varias direcciones generales de la Consejería por la situación de estrés térmico que se repite cada verano.
La protesta no se ha quedado en palabras. CSIT afirma haber recogido 687 firmas en 65 centros educativos públicos -30 Escuelas Infantiles y 35 CEIP- y avisa de que, si no llegan medidas correctoras antes del periodo de mayores temperaturas, sus técnicos en prevención realizarán mediciones y análisis térmicos para trasladar los resultados a la Inspección de Trabajo y otros organismos competentes. El sindicato considera que podrían estarse produciendo incumplimientos graves en materia de salud laboral y prevención de riesgos.
En paralelo, ADIMAD y las familias insisten en que no basta con hablar de cifras globales de inversión si no se concreta qué centros están realmente incluidos, cuáles quedan pendientes y qué horizonte existe hasta 2027 para completar las actuaciones. Reclaman una planificación específica, financiación suficiente y una comisión de seguimiento con presencia de la comunidad educativa para que la adaptación no dependa de actuaciones aisladas ni de soluciones de urgencia cuando el calor ya aprieta.
El fondo del debate es compartido: el cambio climático ya ha entrado en la escuela y la Administración, sostienen las organizaciones, debe responder con una estrategia estable y no con remedios puntuales. Directores, familias y sindicatos coinciden en que los centros públicos madrileños necesitan espacios seguros, saludables y sostenibles para que no sean los estudiantes, ni especialmente los bebés y niños de 0 a 3 años, quienes paguen las consecuencias de una infraestructura todavía insuficiente. La cuestión, remarcan, no es solo de confort, sino de salud, de igualdad y de dignidad educativa.