Galicia no repetirá parte de la PAU pero sí habrá “criterios extraordinarios” al corregir
En una rueda de prensa después de tres jornadas cargadas de polémica y reclamaciones en varios exámenes, el responsable de la CIUG ha admitido que en la preparación de este tipo de pruebas puede producirse “algún error humano” debido al cuidado y confidencialidad con la que se elaboran. Area ha recordado en una intervención ante los medios de comunicación en Santiago que desde la suspensión de tres de las pruebas de selectividad por filtraciones en 1992 el trabajo para la realización de las mismas es totalmente riguroso ya que solo una persona realiza varios modelos de exámenes en ordenadores sin conexión a internet.
Después se numeran las propuestas de cada materia en orden aleatorio y se realiza un sorteo público para decidir qué examen es el de la convocatoria ordinaria y qué examen es el de la convocatoria extraordinaria”, por lo que nadie conoce cuál es el examen que se realizará. “Pero este rigor tiene limitaciones. Al reducir tan drásticamente las personas con acceso al examen se dificulta la comprobación”, lo que puede derivar este tipo de errores dado que “no hay ningún sistema infalible”, ha expuesto.
Con todo, el presidente de la CIUG ha reivindicado que las problemáticas en este ejercicio solo se han producido en dos pruebas de las cuarenta realizadas, por lo que los otros “38 exámenes han sido impecables” pese a otras protestas “infundadas”. De este modo, los criterios de corrección se flexibilizarán en Historia de España y en Dibujo Técnico, aunque todavía será este viernes cuando se perfilen esos criterios y se establezcan las “instrucción detalladas” para la corrección. Ha defendido, en síntesis, que se tomarán estas medidas para que “ningún estudiante sea perjudicado”.
En el caso del examen de Dibujo la comisión interuniversitaria ha admitido que en la versión en gallego había una frase que sobraba y creaba contradicciones en las instrucciones del examen, así como un gráfico de más, que no aparecía en el documento en castellano. En la primera media hora del examen, que permite plantear dudas y solicitar aclaraciones, se mandó suprimir la frase y el gráfico sobrantes. Además, mediante una orden de WhatsApp que se remitió a todas las comisiones, se permitió que la totalidad del alumnado contase con 30 minutos más para desarrollar la prueba.
Petición de responsabilidades
El presidente de la CIUG ha evitado entrar en confrontación con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que este jueves ha pedido explicaciones por los errores aunque ha aclarado que la comisión que se encarga de la preparación de la PAU sí cuenta con responsables de la Xunta. Area ha remarcado que desde que se constituyó la CIUG cuenta con «representantes de las tres universidades y tres representantes de la Consellería competente”, porque así lo recoge la norma de 2011. La conformación de la comisión organizadora de la PAU, ha recordado, se publicó en el DOG en noviembre de 2025, por lo que la información es pública.
Respecto a la elaboración de la prueba, Area ha recordado que los tres delegados de las universidades públicas de Galicia realizaron en 2024 “una propuesta de modificación de esa orden” y, entre otras cosas, reclamaron “que fuesen dos personas las que revisasen cada examen” en lugar de una única persona como sucede en la actualidad. Sin embargo, la Xunta no dio respuesta a esta propuesta, ha asegurado.
Area se ha manifestado a favor de mejorar la elaboración de las pruebas, pero a la par ha reivindicado la independencia de la CIUG así como el carácter técnico de los profesionales que elaboran estos exámenes. “Son profesionales técnicos los que ponen los exámenes y así debe seguir”, ha expuesto respecto a la intención de la administración gallega de tener más peso en la elaboración de este examen de acceso a la universidad.
El Gobierno del Estado aboca a la Xunta a prescindir del programa de auxiliares de conversación el próximo curso, después de que el Ministerio de Educación acabe de reconocer por escrito a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP que las inspecciones de Trabajo pueden continuar, exponiendo a Galicia a multas millonarias como las ya impuestas en otras comunidades autónomas.
El secretario general técnico de la Consellería, Manuel Vila, y la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, participaron esta mañana de manera telemática en la Conferencia Sectorial de Educación, donde se puso de manifiesto la falta de voluntad del Ministerio por resolver un problema creado por ellos mismos, del que la Consellería viene advirtiendo desde hace meses y para la cual no ofrece ningún tipo de solución ni certezas jurídicas, como se le exigió en reiteradas ocasiones.
«Nos sentimos estafados y engañados por un Gobierno central que se lava las manos ante las incongruencias, irresponsabilidad y enfrentamiento entre dos ministerios de un mismo ejecutivo, el de Educación, en manos del PSOE, y el de Trabajo, en manos de Sumar», denunció el secretario general técnico, que reiteró que el Gobierno del Estado «es el único responsable» de que Galicia no pueda continuar con el programa.
De hecho, expuso en la reunión que esta misma semana, el Ministerio de Trabajo le acaba de reclamar a la Xunta nueva documentación sobre el expediente abierto en la provincia de A Coruña y que podría derivar en multas con cargo al bolsillo de todos los gallegos pese a estar cumpliendo las bases del programa fijadas por el Ministerio de Educación.
Ante este escenario, la Xunta de Galicia se ofreció a ceder al Gobierno del Estado los 4,8 M€ de fondos autonómicos que dedica cada curso al programa de auxiliares de conversación, de manera que fuera el Ministerio de Educación el que se había encargado directamente de la incorporación de estas personas durante el próximo curso 2026-2027. Esto, a la vista de las sentencias en otras comunidades, permitiría evitar las inspecciones de Trabajo, que solo se dirigen a los auxiliares que dependen de las comunidades y no a los del propio Ministerio.
Nuevo programa autonómico
Dado que la única respuesta obtenida por el Ministerio es el reconocimiento de que las inspecciones pueden continuar, el Gobierno gallego va a seguir actuando con la máxima responsabilidad ante la ciudadanía y, por lo tanto, dedicará los 4,8 M€ del programa a nuevas acciones de carácter autonómico para mejorar las competencias lingüísticas del alumnado gallego, que está a la cabeza de España en inglés, según el informe EF.
Hace falta recordar que el programa de auxiliares de conversación está diseñado por el Ministerio de Educación, que es quien marca los requisitos. El Gobierno gallego siempre cumplió con las condiciones fijadas desde el Estado y, además, se hace cargo de la mayor parte del coste del mismo asumiendo el 90% de su financiación. Las personas que participan en este programa no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora está exigiendo la Inspección de Trabajo. No obstante, cuentan con todas las coberturas y seguro médico, así como con un ingreso en concepto de ayuda para gastos de alojamiento y mantenimiento que sufraga la propia Xunta (4,8 M€ de los 5,2 M€ totales).