El examen de Historia de la PAU gallega se revisará con criterios flexibles tras la polémica
Las instrucciones del blog del grupo de trabajo de historia de España de la CIUG especificaban que socialismo y anarquismo podían aparecer en la pregunta número 3, a través de un comentario de fuentes documentales, pero en el examen se incluyó en la pregunta 2, que pedía un análisis comparativo. «La comparativa tenía un propósito exclusivamente ideológico, aspecto central de ese tipo de preguntas, por lo que se consideraba adecuada para que el alumnado supiese resolverla sin dificultad», ha señalado este miércoles el citado grupo de trabajo en una nota aclaratoria a los medios de comunicación.
Pese a esta explicación, el grupo asume «plenamente» la incidencia y ha detallado que se revisarán las instrucciones del blog para el próximo curso. Para garantizar la «equidad», la pregunta se corregirá siguiendo «criterios flexibles», valorando el conocimiento del alumnado sobre ambos movimientos, «independientemente de que la respuesta adopte un formato comparativo estricto». «Ningún estudiante será perjudicado por la formulación de la pregunta», ha asegurado el grupo de trabajo, que ha agradecido al profesorado su «comprensión» y ha lamentado las «molestias ocasionadas». Por último, se ha comprometido a «reforzar» los procedimientos de revisión para evitar que una situación similar pueda repetirse.
La PAU 2026 arrancó el martes en Galicia con 13.441 estudiantes matriculados para realizar los exámenes, 495 más que en la convocatoria del año pasado.
El Gobierno del Estado aboca a la Xunta a prescindir del programa de auxiliares de conversación el próximo curso, después de que el Ministerio de Educación acabe de reconocer por escrito a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP que las inspecciones de Trabajo pueden continuar, exponiendo a Galicia a multas millonarias como las ya impuestas en otras comunidades autónomas.
El secretario general técnico de la Consellería, Manuel Vila, y la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, participaron esta mañana de manera telemática en la Conferencia Sectorial de Educación, donde se puso de manifiesto la falta de voluntad del Ministerio por resolver un problema creado por ellos mismos, del que la Consellería viene advirtiendo desde hace meses y para la cual no ofrece ningún tipo de solución ni certezas jurídicas, como se le exigió en reiteradas ocasiones.
«Nos sentimos estafados y engañados por un Gobierno central que se lava las manos ante las incongruencias, irresponsabilidad y enfrentamiento entre dos ministerios de un mismo ejecutivo, el de Educación, en manos del PSOE, y el de Trabajo, en manos de Sumar», denunció el secretario general técnico, que reiteró que el Gobierno del Estado «es el único responsable» de que Galicia no pueda continuar con el programa.
De hecho, expuso en la reunión que esta misma semana, el Ministerio de Trabajo le acaba de reclamar a la Xunta nueva documentación sobre el expediente abierto en la provincia de A Coruña y que podría derivar en multas con cargo al bolsillo de todos los gallegos pese a estar cumpliendo las bases del programa fijadas por el Ministerio de Educación.
Ante este escenario, la Xunta de Galicia se ofreció a ceder al Gobierno del Estado los 4,8 M€ de fondos autonómicos que dedica cada curso al programa de auxiliares de conversación, de manera que fuera el Ministerio de Educación el que se había encargado directamente de la incorporación de estas personas durante el próximo curso 2026-2027. Esto, a la vista de las sentencias en otras comunidades, permitiría evitar las inspecciones de Trabajo, que solo se dirigen a los auxiliares que dependen de las comunidades y no a los del propio Ministerio.
Nuevo programa autonómico
Dado que la única respuesta obtenida por el Ministerio es el reconocimiento de que las inspecciones pueden continuar, el Gobierno gallego va a seguir actuando con la máxima responsabilidad ante la ciudadanía y, por lo tanto, dedicará los 4,8 M€ del programa a nuevas acciones de carácter autonómico para mejorar las competencias lingüísticas del alumnado gallego, que está a la cabeza de España en inglés, según el informe EF.
Hace falta recordar que el programa de auxiliares de conversación está diseñado por el Ministerio de Educación, que es quien marca los requisitos. El Gobierno gallego siempre cumplió con las condiciones fijadas desde el Estado y, además, se hace cargo de la mayor parte del coste del mismo asumiendo el 90% de su financiación. Las personas que participan en este programa no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora está exigiendo la Inspección de Trabajo. No obstante, cuentan con todas las coberturas y seguro médico, así como con un ingreso en concepto de ayuda para gastos de alojamiento y mantenimiento que sufraga la propia Xunta (4,8 M€ de los 5,2 M€ totales).