El Ministerio no se compromete con más financiación para Infantil 0-3

La reunión entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas volvió a dejar una sensación de decepción y distancia. Según fuentes presentes en el encuentro, el Gobierno escuchó las reclamaciones autonómicas, pero no asumió compromisos nuevos ni para reforzar la financiación de la etapa 0-3 ni para despejar las dudas sobre los auxiliares de conversación.

En el capítulo de Infantil, las comunidades trasladaron que no basta con el marco general de la LOE y que hace falta un desarrollo normativo más preciso, especialmente en materias como personal, espacios y funcionamiento. También pidieron que el Ministerio aportara más financiación para sostener el coste añadido de esas mejoras, pero la respuesta fue evasiva: no hubo compromiso económico y, de hecho, tampoco se concretó ningún calendario de fondos.

Las autonomías propusieron que se incorporara un nuevo programa de cooperación territorial o, en su defecto, algún otro instrumento que permitiera canalizar financiación estatal hacia los territorios. Esa idea enlaza con reclamaciones ya conocidas en el sector, como la que recogió Magisterio cuando Castilla y León pidió al Gobierno una financiación compartida para la escolaridad de 0 a 3 años en este artículo: Castilla y León pide al Gobierno una financiación compartida para la escolaridad 0-3 años.

Más allá del dinero, varias comunidades insistieron en una idea de fondo: si el Ministerio anuncia un nuevo Real Decreto para Infantil, el proceso debería construirse desde el principio con las autonomías. En la reunión se repitió el argumento de la cogobernanza real, porque las comunidades consideran contradictorio que se les atribuya la competencia práctica del servicio y, al mismo tiempo, no se les dé voz suficiente en la redacción de la norma.

El malestar se agravó porque tampoco se concretó cómo se compensarán los cambios que puedan derivarse de futuras exigencias normativas sobre ratios, espacios o condiciones de prestación del servicio. Para las autonomías, si cambian las reglas del juego, debe revisarse también la financiación. Es una lógica que ya había aparecido en debates recientes sobre el estatus de los auxiliares de conversación, como mostró la petición de la Xunta al Gobierno para resolver las discrepancias jurídicas sobre este programa.

El otro gran foco de la reunión fue el de los auxiliares de conversación. Aquí la fotografía es muy desigual. Hay comunidades que han decidido seguir adelante con la convocatoria, pero lo hacen reconociendo que existe una inseguridad jurídica de base y que las garantías ofrecidas por el Gobierno no les parecen suficientes. Otras, en cambio, han optado por no arriesgarse y no contratar a estos auxiliares este curso.

Según el resumen de la reunión, todas las autonomías coincidieron en una misma exigencia: querían ver por escrito el acuerdo al que, supuestamente, habían llegado el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, ese documento no se facilitó. Las comunidades sostienen que no basta con las explicaciones dadas en rueda de prensa y que, sin un respaldo jurídico claro, el programa sigue expuesto a conflictos y sanciones.

La sensación final entre varias autonomías fue que el Ministerio dio largas en los dos asuntos más delicados. Ni se comprometió a más financiación para sostener la etapa 0-3, ni despejó las dudas legales sobre los auxiliares de conversación. Y eso, en opinión de los participantes, deja la conferencia sectorial lejos de la cogobernanza que reclaman las comunidades.

Mientras tanto, unas autonomías se preparan para asumir el riesgo de convocar auxiliares y otras prefieren frenar antes de exponerse a nuevos problemas. En infantil, el debate sigue en el mismo punto: las comunidades piden recursos, el Ministerio promete estudiar fórmulas, pero no concreta ninguna. El conflicto, por ahora, queda abierto y sin cierre.