Bienestar Educativo entra en escena en el nuevo organigrama de Educación en Castilla y León
El nuevo organigrama de la Consejería de Educación de Castilla y León ya está en marcha: fue aprobado el 29 de junio y quedó fijado para entrar en vigor el 2 de julio, con una estructura más compacta que se articula en una secretaría general y seis direcciones generales. En el organigrama oficial se aprecia un giro hacia un esquema más sencillo y con una pieza inédita en el mapa educativo autonómico.
La principal incorporación es la Dirección General de Bienestar Educativo, una unidad de nueva creación que ya figura en el organigrama oficial y que asume funciones antes repartidas entre Planificación, Ordenación y Equidad Educativa e Innovación y Formación del Profesorado. Al frente de esta área está Diego del Pozo de Andrés, cuya misión será vigilar y potenciar la convivencia, la salud emocional y la equidad dentro de las aulas; de hecho, la consejera de Educación, María Pardo, ha defendido la medida como una apuesta necesaria. En declaraciones recogidas por La Razón, la consejera destacó que se trata de una “decisión valiente” porque “reconoce que existe un problema” en el ámbito educativo y obliga a darle una respuesta específica.
En la cúpula administrativa también hay movimientos de calado. María del Valle Ares González asume la Secretaría General; Helena Villarejo Galende dirigirá Planificación y Ordenación Académica; Ángel María Marinero Peral se hace cargo de Infraestructuras y Servicios; Teresa Barroso Bofrán, de Profesionales de la Educación; Luis Domingo González Núñez, de Innovación y Formación del Profesorado; y Agustín Sigüenza Molina continúa al frente de Formación Profesional y Régimen Especial.
En paralelo, el departamento educativo se reorganiza para dejar una foto más limpia de responsabilidades: por un lado, se refuerza el área de planificación e infraestructuras con dos centros diferenciados; por otro, se preserva la continuidad en innovación y en formación profesional, aunque el área de personal adopta ahora la denominación de Profesionales de la Educación.
La lectura de fondo es nítida: el bienestar escolar deja de ser una cuestión secundaria para convertirse en eje de la política educativa autonómica. Pardo ha defendido que la nueva dirección general responde a un problema real en las aulas y ha insistido en que la salud emocional, la prevención del acoso, la inclusión, la atención a la diversidad y el uso responsable de la tecnología no son asuntos accesorios, sino prioridades que exigen respuestas específicas y coordinadas.
Con esta reorganización, Castilla y León busca una Consejería más ágil en la forma y más precisa en el fondo, capaz de repartir mejor las competencias y de dar visibilidad a una agenda en la que la convivencia y el clima escolar ganan protagonismo. El mensaje es claro: la escuela no solo debe gestionar, también debe cuidar.