Canarias refuerza la atención al alumnado con necesidades educativas especiales tras años de déficit acumulado

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en Canarias atraviesa una etapa de refuerzo tras años de déficit acumulado en recursos, personal y programas especializados. La Consejería de Educación casi ha duplicado el personal auxiliar desde 2023, ha aumentado los docentes dedicados a la atención a la diversidad y tramita una ley propia para ordenar y consolidar la respuesta del sistema. El esfuerzo es notable, aunque parte de una base muy deteriorada y sus efectos no siempre son inmediatos en las aulas.

El consejero de Educación, Poli Suárez, defendió hace poco este planteamiento en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias, durante una comparecencia sobre los avances en la tramitación del Anteproyecto de Ley por la que se regula la atención a la diversidad y el bienestar del alumnado en el ámbito educativo no universitario. “La inclusión no se logra con acciones aisladas, con parches o medidas provisionales, sino con una estrategia bien definida, coherente, estable y, sobre todo, eficaz”, sostuvo.

Desde esa premisa, la Consejería presenta los refuerzos de esta legislatura como parte de un cambio de modelo y no solo como una suma de recursos. El dato más llamativo está en el personal auxiliar. Canarias ha pasado de 998 profesionales en 2023 a 1.902 en 2026, lo que supone un incremento del 90,6%. Este refuerzo ha permitido atender a más de 5.000 alumnos con apoyo auxiliar, 2.100 más que en 2023, un 72% más. Se trata de una figura clave para estudiantes que necesitan acompañamiento en desplazamientos, autonomía personal, higiene, alimentación, comunicación o participación en la dinámica ordinaria del aula.

El incremento alcanza también al personal docente dedicado a la atención a la diversidad. Los docentes especializados han pasado de 2.638 en el curso 2022-23 a 3.484 en el curso 2025-26, 846 más en tres cursos. La inversión en personal docente para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo supera ya los 50 millones de euros, según los datos de la Consejería.

Las cifras muestran un esfuerzo relevante, pero no borran de un día para otro la tensión acumulada en los centros y en las familias. Durante el curso se han sucedido protestas de padres y madres que reclaman más auxiliares, más apoyos y respuestas más ágiles para sus hijos. Suárez asegura que entiende esa presión: “Acepto que se nos pidan más recursos, acepto y apoyo que las reivindicaciones tengan que seguir existiendo, que las familias no se conformen para lograr más medios para su hijo”.

La demanda refleja la profundidad del déficit heredado: cuando el sistema parte de una base insuficiente, incluso los incrementos importantes tardan en traducirse en una mejora visible para todos. El equilibrio es complejo. La atención a la diversidad no es el único frente de la escuela pública, que también debe responder a ratios, infraestructuras, sustituciones, convivencia, digitalización, FP, lenguas extranjeras o abandono escolar. Pero el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo requiere recursos especialmente sensibles, porque un retraso en la asignación de un auxiliar, un diagnóstico tardío o una orientación insuficiente puede condicionar de forma directa su autonomía, su aprendizaje y su vida cotidiana en el aula.

Educación sostiene que el refuerzo no se limita a contratar más personal. La red de centros TEA ha incorporado 20 nuevos centros al proyecto y prevé sumar otros cuatro el próximo curso. El objetivo es ampliar la respuesta educativa al alumnado con trastorno del espectro autista, favorecer entornos más estructurados y mejorar la capacidad de los centros para adaptar metodologías, espacios y apoyos.

También se han creado dos nuevos equipos de orientación especializados en atención temprana y dos equipos especializados en altas capacidades. La detección precoz es uno de los puntos críticos del sistema, porque una identificación tardía puede condicionar toda la trayectoria educativa del alumno. En el caso de las altas capacidades, además, el reto no es solo reconocerlas, sino ofrecer una respuesta que evite desmotivación, aislamiento o fracaso escolar encubierto.

Uno de los cambios más relevantes está en la ampliación de la permanencia en el sistema educativo. La FP Adaptada eleva la edad máxima de 23 a 33 años y permite cursar más de una familia profesional. La medida da más margen a alumnado que necesita tiempos más largos para consolidar aprendizajes, ganar autonomía y adquirir competencias laborales.

En esa misma línea se sitúa el proyecto NEAE+21, una iniciativa pionera en España que amplía la permanencia en el sistema educativo hasta los 27 años. Hasta ahora, muchos jóvenes quedaban fuera al cumplir los 21, en una edad especialmente delicada para las familias, que se enfrentaban de golpe a la pregunta de qué ocurre después de la escuela. La ampliación no resuelve por sí sola la transición a la vida adulta, pero evita una salida prematura y permite preparar mejor ese paso.

La Consejería ha puesto en marcha, además, un nuevo servicio específico de atención a familias de alumnado con NEAE. Es una medida relevante porque buena parte del desgaste recae precisamente sobre los hogares, obligados a coordinar informes, diagnósticos, citas médicas, trámites administrativos, reuniones con centros y solicitudes de apoyo. Para que el servicio funcione, deberá ser accesible, rápido y con capacidad real para resolver, no solo para orientar.

El refuerzo incluye también una línea de 800.000 euros en ayudas al alumnado con TDAH que queda fuera de las becas del Ministerio. A ello se suma la reducción de ratios para mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, una reivindicación histórica de familias y centros, porque la inclusión no depende solo de la voluntad del profesorado, sino también del número de alumnos por aula y de la disponibilidad efectiva de apoyos.

El futuro texto legal será la prueba de si este esfuerzo se consolida como una política estructural. Suárez explica que la norma nace precisamente de la escucha a las familias: “La ley viene dada por esa escucha y esas peticiones que nos hacían las propias familias”. La Consejería había trabajado inicialmente en un decreto, pero optó por elevar la respuesta a rango legal tras recoger aportaciones de colectivos, familias, profesorado y equipos de orientación.

Uno de los cambios centrales afectará a las aulas enclave. El consejero sostiene que “no pueden desaparecer”, pero sí “reconvertirse hacia un modelo más inclusivo” a través de la nueva ley. La propuesta es que dejen de funcionar como una modalidad de escolarización paralela y pasen a ser “una medida de atención a la diversidad”. El alumnado, según explicó Suárez, seguirá escolarizado en su grupo ordinario y acudirá al aula enclave de forma puntual para trabajar de manera personalizada aquellos aspectos que requiera mejorar.

La norma llega en un momento de alta exigencia social, con familias movilizadas y una administración que exhibe cifras de crecimiento importantes. El desafío será convertir esos números en atención real, estable y equitativa, sin olvidar que las mejoras en educación rara vez son automáticas y que corregir años de déficit exige tiempo, planificación y continuidad.