La Asamblea Educativa de Cataluña llama a la huelga el primer día del curso escolar
Así lo ha decidido en una reunión este sábado en Sant Celoni (Barcelona) en el Centro de Formación y Empleo del Baix Montseny, según han trasladado a Efe fuentes sindicales que han participado en el encuentro. Uno de los presentes era Ustec, sindicato mayoritario, que ha manifestado su apoyo a la petición de convocar esta huelga. Precisamente, los afiliados a Ustec avalaron esta semana reactivar la lucha e impulsar un «otoño caliente» de movilizaciones y huelgas en los centros educativos para defender la educación pública.
Por otro lado, la consellera de Educación, Esther Niubó, se ha reunido con más de cien equipos y direcciones de centros educativos catalanes para «rebajar el malestar» en las aulas y recuperar la confianza después de las movilizaciones y las veintitrés huelgas del sector de los últimos meses. Acabado el curso, Niubó ha llevado a cabo esos encuentros, que se prolongarán hasta finales de julio y que continuarán con la reanudación de las clases.
La consellera, en declaraciones a los medios, ha agradecido la «participación e implicación de todos estos profesionales» y ha explicado que, desde esta escucha activa, les están trasladado retos del sistema educativo y problemáticas del día a día. «Desde esta proximidad, podemos ver que hay elementos a mejorar», ha indicado, a la vez que constata «una gran vocación de servicio público». Niubó se declara «consciente del malestar» que hay en el sector educativo, pero también aprecia entre el profesorado «ganas de contribuir a fortalecer el sistema, a mejorarlo».
Entre los temas que aparecen en esas reuniones, ha destacado todo lo que tiene que ver «con el refuerzo y la reorientación de los recursos en relación a la atención a la diversidad». También ha apuntado que en las reuniones se aborda la reducción de burocracia para que los profesionales tengan «más tiempo para enseñar». «Estamos hablando también del estado de las infraestructuras. Creo que estamos en un momento importante, porque gracias a la aprobación de presupuestos se están haciendo inversiones que se habían perdido después de años de desinversión», ha indicado.
Otras cuestiones planteadas tienen que ver con la agilización del procedimiento de sustitución cuando hay bajas de profesorado, así como el reto de la digitalización y la inteligencia artificial «y cómo está impactando en las aulas, especialmente en secundaria».
Asimismo, hla renovación del 99% de los conciertos educativos durante los próximos seis años y una «reducción desigual» de las ratios entre las redes pública y privada mantendrán la sobreoferta de plazas y provocarán que la eliminación de líneas «recaiga sobre la escuela pública». Así lo advierte un informe de Equitat.org (antes Fundació Bofill), elaborado a partir del análisis de las diez últimas preinscripciones escolares en las localidades catalanas de más de 10.000 habitantes en las que hay centros concertados.
Según el estudio, llamado El pes de l’escola pública a Catalunya, un 94% de los centros públicos tienen ratios por debajo de los 20 alumnos mientras que un 20 % de los concertados mantiene una ratio mínima de 25 estudiantes y un 28% de ellos, de entre 21 y 24. En paralelo, sostiene que la oferta de la red pública en Cataluña ha caído del 59,3% en el curso 2023-24 al 57,9% en el 2026-27, una tendencia que califica de «señal de alerta» en el contexto actual de caída de la natalidad y que en los últimos cuatro cursos se ha hecho evidente en ocho de cada diez municipios catalanes.
Una oportunidad «desaprovechada»
El documento señala que el Departamento de Educación ha desaprovechado una oportunidad excepcional para regular el exceso de plazas provocado por el descenso de la natalidad desde 2008. En lugar de equilibrar el sistema, la administración ha renovado un total de 913 de los 923 grupos concertados existentes (el 99%), a pesar de que la red concertada registraba un 11,5% de plazas vacantes en el curso 2025-26 (tres puntos más que la pública).
En este contexto, Equitat.org asevera que, dado que la normativa actual no fija límites obligatorios de reducción de ratios para la concertada, la supresión preventiva de grupos de cara a los próximos seis años afectará exclusivamente a la red pública. A esto se suma la decisión de aumentar un 19,6 % las ayudas destinadas al alumnado vulnerable (las denominadas mochilas económicas) solo en la red concertada, pasando de 988,10 euros a 1.181,65 euros por alumno, sin subirlas en la escuela pública, que arrastra una infrafinanciación de 641,10 euros por estudiante.
Actualmente, la red pública escolariza a un 39% de alumnado con necesidades socioculturales (NESCD) en sus niveles inferiores, frente al 23% que asume la concertada.
El ejemplo de Barcelona y propuestas de futuro
Frente a la tendencia generalizada, el informe destaca el caso de Barcelona como ejemplo de gestión responsable, siendo de las pocas ciudades donde la escuela pública gana peso gracias a una política activa de incorporación de centros a la red pública y a una equiparación equilibrada de ratios entre ambas redes. Para revertir la situación de cara al proceso de preinscripción del curso 2027-28, Equitat.org insta a la Generalitat a activar medidas como impedir que ningún centro concertado ofrezca ratios superiores a la pública en un mismo municipio o suprimir los grupos concertados sobrantes en la planificación inicial.
También pone sobre la mesa soluciones como implementar un plan de eliminación progresiva de las cuotas familiares mediante auditorías, incrementar las mochilas económicas en la escuela pública o aprobar definitivamente el decreto de conciertos, que permanece congelado en su tramitación desde 2020.