Sindicatos piden criterios de evaluación transparentes en las oposiciones a maestro
A falta de los resultados definitivos, los sindicatos de la Mesa sectorial –CCOO, ANPE, CSIF y UGT– reconocen que las quejas de los opositores aumentan cada año, por lo que habría que revisar el sistema de acceso, mientras que UGT ha solicitado por el Portal de Transparencia que se «publiquen las plantillas de corrección». CCOO critica que los criterios de evaluación «no son públicos, los que se publican son muy generales y el temario tampoco está desarrollado», afirma el sindicato que ha apoyado la concentración de unos setenta opositores ante la Consejería de Educación.
Además, la Comunidad de Madrid «no atiende las reclamaciones. Te cambian la nota o no, pero no te responden, no te dejan ver el examen» para conocer los errores, y la gran mayoría de los afectados «no da el paso de presentar un recurso de alzada», explica la secretaria de Educación de CCOO, Aida San Millán.
Para ANPE, la gran cantidad de suspensos «es algo que se va produciendo con más frecuencia en cada convocatoria. Habría que valorar la conveniencia de revisar el sistema de acceso», afirma Carolina Fernández. Dado que los tribunales «están compuestos por docentes que no tienen ningún interés oculto y que hacen su trabajo con la mejor de sus intenciones», Fernández considera «urgente analizar que está fallando».
Desde CSIF expresan «máximo respeto a la decisión de los tribunales», así como a la protesta de los afectados, según su responsable Miguel Ángel González para quien «en las convocatorias viene bien claro los criterios de corrección ortográfica y hay que seguirlos a rajatabla». Tras señalar que en el cuerpo de maestros el número de aprobados suele ser elevado incluso sin plaza, González ha manifestado su apoyo también a los docentes integrantes de los más de cuatrocientos tribunales «en este año caluroso».
La UGT ha registrado ante la consejería «una solicitud de acceso a la información pública» para conocer los criterios de corrección y el desglose de las calificaciones, explica su secretario Javier Becerra. La convocatoria «prevé expresamente» que la Parte A1 (Prueba común) de la primera prueba tenga una plantilla de corrección específica, que sin embargo «no se hace pública, lo que impide a los aspirantes verificar la corrección objetiva de su calificación y limita en la práctica su derecho» a alegar.
Además, esta «opacidad» genera «una disparidad llamativa en los resultados, tanto en las notas como en la proporción de aptos y no aptos», entre distintos tribunales de una misma especialidad, «sin que la Administración ofrezca explicación alguna». Para Becerra, «no puede ser que cada año miles de opositores se enfrenten a un proceso en el que desconocen por qué no lo han superado o por qué unos tribunales son sistemáticamente más exigentes que otros», generando «indefensión». La transparencia «no es un favor que nos debe la Administración: es una obligación legal que hasta ahora no se está cumpliendo», concluye.