El Gobierno propone que los centros de Educación Especial apoyen a los colegios ordinarios
El Gobierno propone replantear las funciones de los centros de Educación Especial para que se conviertan en centros de referencia y apoyo a los colegios ordinarios. Así, los profesionales de educación especial colaborarían, dentro de su horario lectivo, con el profesorado de las escuelas ordinarias en la propia aula. El objetivo es orientar y aportar experiencia, metodologías y tecnologías de apoyo, según recoge el Plan Estratégico de Educación Inclusiva.
El documento fue rechazado en la Conferencia Sectorial de Educación por las comunidades autónomas gobernadas por el PP y por Canarias. El texto insiste en que la transformación de los CEE «no supondrá un debilitamiento de la respuesta especializada» ni el cierre o la desatención de estos centros. «Se garantizará la escolarización directa para aquel alumnado que, por la complejidad de sus necesidades, requiera una atención altamente especializada», señala el plan.
La estrategia afectaría a todo el alumnado y, especialmente, a los 319.115 estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), que requieren apoyos por discapacidad o trastornos graves. Su objetivo es evitar la derivación sistemática de estudiantes fuera del aula común. Actualmente, el 85,7% de los estudiantes con NEE está escolarizado en centros ordinarios, mientras que el 14,3% acude a centros de educación especial, lo que representa unos 45.633 alumnos.
La estrategia no establece cuántos traslados deberían producirse desde los centros de Educación Especial a los ordinarios. En su lugar, plantea una transformación progresiva destinada a reforzar la capacidad de los centros ordinarios. El documento aboga por una estructura de redes territoriales, integradas por equipos mixtos de centros ordinarios y de educación especial, siempre con los tiempos lectivos protegidos. Este planteamiento permitiría que hubiera dos o más profesionales docentes o de apoyo dentro de una misma aula.
En el ámbito de la enseñanza, la primera medida consistiría en planificar un modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) e incorporar los apoyos específicos que requiera cada alumno.
El plan no fija un presupuesto global cerrado, pero prevé impulsar mecanismos de financiación específicos destinados a los centros que escolarizan a una mayor proporción de alumnado vulnerable o con dificultades de aprendizaje. Estas dotaciones presupuestarias, que todavía no han sido cuantificadas en el documento, constituyen otra de las causas del rechazo de las comunidades gobernadas por el PP.
El Ministerio de Educación también plantea inversiones para eliminar barreras físicas y cognitivas, comunicativas o sensoriales, además de incorporar recursos didácticos accesibles y tecnologías de apoyo. Asimismo, contempla el uso de herramientas de inteligencia artificial con criterio pedagógico para favorecer una enseñanza personalizada.
La estrategia prevé un aumento del profesorado ordinario y especialista, especialmente en Pedagogía Terapéutica, educación inclusiva y Audición y Lenguaje dentro de las aulas ordinarias. También propone incorporar nuevos perfiles profesionales, como educadores sociales, mediadores interculturales y auxiliares de Educación Especial en los colegios.
El plan incluye la creación de un Observatorio de la Inclusión, que tendría como funciones resolver dificultades, contrastar avances y compartir aprendizajes útiles entre los distintos territorios y centros educativos.
Por último, plantea mejorar el acceso a los grados universitarios de Educación e integrar de manera transversal la inclusión en sus planes de estudio.


