Regular la inteligencia artificial para proteger al alumnado: el reto compartido de las administraciones educativas

La necesidad de contar con una normativa clara que regule el uso de la inteligencia artificial en la educación fue una de las cuestiones que mayor interés despertó durante el I Foro Europeo EducaIA. El debate quedó especialmente patente en la mesa dedicada al análisis del marco regulatorio, en la que representantes institucionales y responsables educativos abordaron los retos que plantea la incorporación de esta tecnología a las aulas.

Una de las principales preocupaciones compartidas fue la protección de los derechos fundamentales del alumnado. Enrique Calvo Cádiz, jefe de la División Jurídica, Relaciones Institucionales y Asuntos Generales de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), subrayó la necesidad de establecer «requisitos, salvaguardias y medidas concretas en todas las autonomías» para garantizar un uso de la IA respetuoso con estos derechos.

En esta línea, Ignasi Giménez Renom, Secretari de Millora Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, explicó que su comunidad ya ha desarrollado un marco propio para garantizar que la tecnología esté al servicio del aprendizaje, y no al contrario. A su juicio, este principio debería convertirse en una referencia común para el conjunto de las administraciones educativas.

La necesidad de avanzar hacia una regulación compartida también fue defendida por Carmen Gómez Labrador, directora general de Innovación e Inclusión de Extremadura, quien apostó por un marco estatal que contribuya a mejorar el bienestar digital y garantice una inclusión digital efectiva. El objetivo, señaló, es conseguir «que la IA entre en las aulas de forma beneficiosa».

Por su parte, Javier Fernández, director general de Estrategia Digital de Asturias, explicó que su comunidad ha optado por establecer un decreto específico para ordenar el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. No obstante, advirtió de que la regulación, por sí sola, no es suficiente. Es imprescindible acompañarla de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan comprobar su eficacia y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. Un trabajo de supervisión que, según indicó, ya se está llevando a cabo en Asturias.

La protección de datos y la capacitación del profesorado fueron otros de los aspectos destacados durante el debate. Carmen Ávila Camacho, directora general de Innovación y Formación del Profesorado de Andalucía, explicó que su comunidad trabaja de forma coordinada con los organismos competentes en materia de transparencia y protección de datos para garantizar la privacidad y ofrecer seguridad tanto a las familias como al profesorado.

En este contexto, puso en valor los avances de Andalucía en la acreditación de la competencia digital docente. Según detalló, 124.000 de los 131.000 profesores de la comunidad ya cuentan con esta acreditación, que vinculó con la capacitación necesaria para incorporar la inteligencia artificial a la práctica educativa. La responsable autonómica insistió en la importancia de que el profesorado disponga de las competencias adecuadas para utilizar estas herramientas con garantías.

El debate, moderado por Isabel Martínez Lozano, de la Fundación ONCE, concluyó con la intervención de Manuel Vila, secretario general técnico de la Xunta de Galicia, quien avanzó los trabajos de la Administración gallega para impulsar su primera Ley de Educación Digital.

Según explicó, la futura norma, cuya aprobación corresponderá al Parlamento de Galicia y tendrá lugar en breve, contará con 74 artículos destinados a establecer derechos, obligaciones y garantías para toda la comunidad educativa. Entre las materias que abordará figuran la protección de datos, los derechos de los menores y la regulación del uso de las tecnologías digitales en el ámbito educativo.

Vila destacó que esta legislación permitirá definir qué usos de la inteligencia artificial estarán permitidos y cuáles quedarán restringidos o prohibidos, teniendo en cuenta los riesgos que puede entrañar su aplicación en la educación.

La mesa puso así de manifiesto que la incorporación de la inteligencia artificial al sistema educativo no puede abordarse únicamente desde la innovación tecnológica. Requiere también de normas claras, profesorado capacitado y mecanismos eficaces de supervisión que sitúen los derechos y el bienestar del alumnado en el centro de las decisiones.