Las comunidades sitúan al profesorado en el centro de la transformación educativa impulsada por la IA

La formación del profesorado, el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado y la reflexión ética se perfilan como prioridades para afrontar los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el sistema educativo. Así lo señalaron los responsables de Educación de cuatro comunidades autónomas durante el I Foro Europeo Educaia, donde también se pusieron de manifiesto las diferencias sobre la necesidad de establecer un marco normativo común para toda España.

El encuentro no podía concluir sin que los máximos responsables de las consejerías de Educación presentes en el evento respondieran a una pregunta directa: ¿cuál debería ser hoy la principal prioridad de las políticas educativas ante la irrupción de la inteligencia artificial?

Los representantes de Galicia, Andalucía, Illes Balears y Castilla y León coincidieron en que no existe una solución única para afrontar los retos que plantea esta tecnología. «Se trata de una problemática que no puede resolverse con una sola bala, porque el enemigo es muy grande», afirmó Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP de la Xunta de Galicia.

«Sin duda podríamos decir que se trata de una pregunta trampa, ya que son muchos los elementos sobre los que hay que trabajar para garantizar un uso correcto de una tecnología que, no lo olvidemos, vamos a tener que utilizar queramos o no», añadió.

Rodríguez explicó que Galicia apuesta por la formación del alumnado a partir de cuarto de ESO para fomentar la reflexión sobre las implicaciones morales y éticas de la inteligencia artificial, así como por la formación continua del profesorado.

También destacó la necesidad de avanzar en su aplicación a la gestión educativa, especialmente en el tratamiento de grandes volúmenes de datos, y defendió la creación de un marco normativo estatal. A su juicio, resulta esencial contar con un «código de circulación con derechos y obligaciones» que facilite una aplicación homogénea de la inteligencia artificial en todas las comunidades autónomas.

Por su parte, el responsable de Educación y Universidades de Illes Balears, Antoni Vera Alemany, puso el acento en las oportunidades que ofrece la IA para mejorar el trabajo docente, tanto en la calidad de la enseñanza como en la reducción de las tareas administrativas.

«Sin duda, reducir horas de burocracia ayudará a mejorar la formación que se aporte en el aula. No solo tenemos que pensar en que la IA va a afectar a los alumnos, es esencial que el foco lo pongamos también en la IA y el docente, y para ello es fundamental darle la mejor de las formaciones en esta nueva tecnología».

Vera Alemany insistió, además, en la importancia de incorporar la formación en inteligencia artificial desde las primeras etapas educativas. «Cuando hay un problema en la educación hay un problema en la sociedad. Y en ese sentido, debemos comenzar a formar a unos y otros ya en las etapas más básicas», señaló.

La regulación estatal a debate

La consejera de Educación de Castilla y León, María Pardo Álvarez, coincidió con Galicia en la necesidad de contar con un marco normativo común. «Los departamentos educativos de toda España compartimos un problema común, el de que no existe una legislación específica en materia de IA para el ámbito educativo», advirtió.

Pardo Álvarez defendió que el alumnado debe finalizar su etapa educativa no solo con conocimientos sobre inteligencia artificial, sino también con capacidad para analizarla críticamente. Aunque recordó que las comunidades autónomas ya han avanzado en la regulación de determinados contenidos, consideró imprescindible ir más allá.

«No es fácil lograr ese marco común, pero es vital, porque ese vacío es difícil de cubrir. Por eso, estamos convencidos de que hace falta un pacto de estado para poner fin a esa cierta inseguridad jurídica con la que vivimos en estos momentos. No hay legislación, ni buena ni mala, y alguien tendrá que ponerle el cascabel al gato».

La responsable castellano-leonesa subrayó también la importancia de implicar a las familias en este proceso, junto con las administraciones educativas, el profesorado y el alumnado. «Ellas no pueden quedar fuera de esta situación», recordó.

La discrepancia llegó desde Andalucía. Su responsable de Educación, María del Carmen Castillo Mena, rechazó la necesidad de aprobar una regulación estatal específica y defendió una visión más centrada en el papel del profesorado. «La IA no es un sujeto, sino un objeto. Es igual que un libro», argumentó.

Para Castillo Mena, la principal prioridad de las políticas educativas debe ser el fortalecimiento de la figura docente. «Como sociedad no terminamos de darle al maestro la relevancia que tiene. Debemos conseguir que nuestros profesores sean los mejores, porque son los que forman a nuestros hijos, al futuro».

En este sentido, defendió la formación del profesorado como condición imprescindible para trasladar adecuadamente los nuevos conocimientos al alumnado. «A mayor refuerzo del docente y mayor confianza en él, mejor resultará el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes», aseguró.

Pese a las diferencias sobre la regulación, la representante andaluza coincidió con Castilla y León en la necesidad de involucrar a las familias para prevenir los riesgos asociados a la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema educativo.

De este modo, el debate celebrado en Educaia dejó patente que, más allá de las diferencias normativas, las administraciones educativas comparten un desafío: preparar al profesorado y al alumnado para aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial sin renunciar al pensamiento crítico, la ética y la calidad de la enseñanza.