Autor: Marta SERRANO

Preocupado por las condiciones laborales de colectivos como el profesorado de Religión, el secretario general de enseñanza de Comisiones Obreras no descarta movilizaciones contra la LOE. El Pacto Educativo y Social por el que ha apostado CCOO desde el principio ha resultado una utopía. ¿Apoyará CCOO una LOE que no tiene el respaldo del principal partido de la oposición y de numerosos colectivos de profesores? La posición de CCOO. la establecen nuestros órganos de gobierno, independientemente de la que mantengan otras organizaciones. El apoyo parlamentario del PP y de otros partidos se va a resolver en el Congreso y sería irresponsable no apostar por algo demandado por la inmensa mayoría del profesorado, de la comunidad educativa, de la sociedad y por propio Consejo de Estado. Precisamente el Consejo de Estado fue muy duro con la LOE incluso afirmando que era una Ley innecesaria, ¿está de acuerdo? La verdad es que también el Consejo de Estado ha dado un varapalo a quienes acusaban de inconstitucional el texto del anteproyecto. Además, ha considerado positivo que sea un texto sobre el que han podido opinar las CCAA, que cuenta con memoria económica… Buena parte de la comunidad educativa ya prepara una respuesta en la calle. Se habla de una gran manifestación con el lema “Contra la LOE” el 5 de noviembre. ¿Estarán presentes? Usted lo ha dicho: una parte de la comunidad educativa. Nosotros estamos por una LOE que resuelva los problemas educativos y laborales existentes, que supere la carencia de compromiso financiero de la LOCE. Para conseguir estos objetivos no descartamos movilizaciones, aunque no parece que estos objetivos se persigan precisamente en la convocatoria del 5 de noviembre. No obstante, le repito que consideramos imprescindible que la LOE acabe respaldada por un gran acuerdo social y político. ¿Cómo valora el parón del Estatuto Docente? Con gran preocupación. La LOE –como la LOCE– incluye la regulación de múltiples aspectos laborales: número y estructura de cuerpos docentes, acceso, formación, jubilaciones..., que deben ser objeto de negociación colectiva y, luego, de regulación normativa.