El objetivo es que la nueva ley pueda ser aprobada sólo con los votos de los laboristas (y no con la ayuda del Partido Conservador, que ha mostrado públicamente su apoyo) durante la votación definitiva que tendrá lugar en la Cámara de los Comunes a mediados de este mes de marzo. Los opositores aducen que el texto de reforma –cuyo objetivo es ahondar en la diversificación de la Secundaria británica– abre demasiado la puerta a la iniciativa privada (iglesias, empresas, grupos de presión...) para que gestione centros de la red pública. Al otorgar mayor libertad y autonomía a este tipo de escuelas, algunos sectores del laborismo temen que el sistema público dé luz verde a la selección de alumnado en su propio seno. Es por ello que el texto que se someterá a votación prohibe expresamente la realización de entrevistas durante el proceso de admisión, una concesión que convenció a varios diputados laboristas, si bien unos 50 o 60 continúan reticentes a otorgar su voto a la reforma.