Los datos proporcionados por la AEAT, junto con otros datos oficiales proporcionados por el catastro u otros organismos, deberían servir para determinar el derecho a ayudas públicas como puedan ser las becas.
Según Evarist Carbonell, secretario de nuevas tecnologías del sindicato, “no es justo, por ejemplo, que la puntuación por renta familiar asigne 0,5 puntos a las rentas iguales o por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, puesto que esta medida puede ser discriminatoria dependiendo del número de miembros de la unidad familiar”.
Por ello, añade, “consideramos más justo establecer tramos de puntuación en función de la renta per cápita de los miembros de la familia”.
Según fuentes de este sindicato, “no son necesarias las comisiones de escolarización puesto que en la misma normativa de admisión de alumnos se regula la asignación de plazas y los mecanismos para asignación en centros no elegidos como primera o segunda opción”. Dicha fuente apunta que “sería tal vez interesante ampliar el número de opciones elegidas para garantizar la admisión en uno de ellos”.
A juicio de Evarist Carbonell, “hay que garantizar el derecho de elección de un modelo educativo por los padres, que está por encima de todo”.