El pasado jueves, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que reconoce la lengua de signos española: contempla las garantías legales para el acceso a la comunicación en distintos campos, como sanidad, Educación, cultura e información institucional, y equipara este lenguaje con la lengua catalana.
Sin embargo no siempre se apoya a este colectivo en materia de acceso al mundo laboral. La pasada semana, diez sordomudos aspirantes al Cuerpo de maestros en la especialidad de Pedagogía Terapéutica en Andalucía, tras haber realizado la prueba escrita de la oposición con un intérprete de lenguaje de signos, no sabían cómo realizarían la prueba oral porque la Consejería de Educación les había negado la posibilidad de realizarla con traductor. La razón que daba la Administración era que estos opositores el día de mañana, si aprobaban las oposiciones, tendrían que dar clase a todo tipo de alumnado, y entonces no tendrían un intérprete de lenguaje de signos.

Cambio de planes

El pasado viernes José Pérez Martín, uno de los aspirantes, se presentaba al examen oral a las 8’05 de la mañana acompañado de un intérprete, aún sabiendo que no le permitirían examinarse. Sin embargo, al entrar en el examen le comunicaron que se había pospuesto la prueba y que él, junto con los demás opositores con problemas de audición, tendrían la posibilidad de realizarlo hoy miércoles con un traductor.
Este opositor en concreto lleva ya cuatro años como profesor interino en un colegio de Granada, al igual que otros cuatro aspirantes que llevan ya tiempo trabajando como maestros.
La Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS) se mostró desconcertada y decepcionada en un primer momento por la negativa de la Consejería, aunque ahora celebran que haya cambiado de opinión. Durante estos días intentarán conocer a qué se debe este cambio de actitud.