La Secretaría de Educación del PSOE, que dirige Cándida Martínez, celebró los pasados días 17 y 18 de diciembre, en La Granja (Segovia), un encuentro al que asistieron los responsables educativos de las federaciones socialistas, portavoces y parlamentarios autonómicos y representantes del Ministerio con el objetivo de abordar el contenido y desarrollo del Pacto por la Educación que está impulsando el Gobierno y analizar otros temas relacionados con la actualidad educativa en nuestro país.

En el transcurso de estas jornadas se celebraron sucesivas sesiones de trabajo para tratar temas como el desarrollo legislativo de la LOE, las leyes autonómicas de Educación o la reforma de la FP, entre otros.

La secretaria de Educación del partido, Cándida Martínez, lanzó una advertencia sobre el Pacto al señalar que “no se trata de hacer ajustes con los años anteriores, sino que es un Pacto que tiene que mirar al futuro”. Desde esta perspectiva, es importante para el PSOE “que lo haga [el Pacto] toda la sociedad”.

Por su parte, el ministro Gabilondo parece querer ir más allá y reiteró que el Pacto también “es necesario para el PSOE”. No hay que olvidar que ahora mismo algunas de las resistencias más importantes las encuentra en su propio partido. Gabilondo señaló que el acuerdo no sólo debe de ser válido para sus impulsores, sino “también para todo partido que tenga alguna expectativa de gobernar este país”, en clara alusión al PP, único partido con opciones de gobierno.

El ministro está convencido de que hay más puntos de encuentro que de desencuentro con el principal partido de la oposición porque “tenemos intereses legítimos compartidos”, dijo Gabilondo, quien subrayó que “quien tenga alguna expectativa de gobernar en serio este país, poniendo la Educación en el corazón de la economía, necesita estabilidad educativa de generaciones y no de elecciones”.

Gabilondo está convencido de que el Pacto no puede ser un mero acuerdo en la superficie. “El Pacto no es un fin –dijo– para hacerse la foto, sino un medio para mejorar el sistema educativo, un medio para incidir y profundizar en un modelo de sociedad en el que creemos, que pone la Educación en su corazón, como motor social”.

El ministro aclaró también que el Pacto “exige también la financiación” y que “gobierne quien gobierne, estemos en crisis o no lo estemos, lo pasemos bien o mal, en los Presupuestos Generales del Estado hay que garantizar que vamos en la dirección de equipararnos con los países de nuestro entorno en relación con el PIB y en gasto por alumno”. Añadió que “esto hay que pactarlo”, y concluyó que un Pacto de éstos le interesa al Gobierno y a la oposición”.

Cándida Martínez estuvo mucho más inconcreta al señalar que “si realmente la Educación es tan central en esta sociedad que debemos construir, hace falta toda la sociedad”. Para ello, añadió, “hay que lograr el máximo acuerdo posible con las fuerzas políticas, con la comunidad educativa y con las comunidades autónomas”.

El Pacto, contra la LEC
Por su parte, el portavoz de CiU, Josep A. Duran i Lleida, que en su día se entrevistó con el ministro de Educación para abordar el Pacto, ha denunciado recientemente que “el Gobierno y el PP están dejando de lado a las demás fuerzas políticas y están negociando la reforma educativa de espaldas al Parlamento”.

Duran recuerda que CiU, y particularmente él mismo, fue la primera fuerza política que “defendió la necesidad de un Pacto que diera estabilidad y calidad al sistema educativo”.

El dirigente de CiU advirtió que “si Gobierno y el PP fundamentan su Pacto en recortes en las competencias autonómicas no simplemente no se pondrán de acuerdo con CiU sino que hará todo lo que esté a su alcance para que se aplique, al menos en Cataluña, la Ley de Educación pactada básicamente entre CiU y los socialistas”.

El portavoz de CiU considera que “el Pacto tiene que otorgar mayor autonomía a los centros, más autoridad a sus directores y más exigencia en el cumplimiento de los deberes de los alumnos, así como una mayor implicación de las familias en todo el sistema”.

Finalmente, le recuerda a Gabilondo que “si ha habido una fuerza política que ha estado siempre en todos los pactos aportando centralidad y libertad al sistema educativo ésta ha sido CiU”. Por todo ello, Duran ha asegurado que “le parece una temeridad la negociación a dos y la expulsión de las demás formaciones políticas”.

Por otro lado, el Gobierno no ha activado hasta ahora –como era su intención– el procedimiento de conciliación en la LEC para llegar a un acuerdo en la comisión bilateral Generalitat-Estado. Este protocolo está recogido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que admite esta posibilidad en caso de que algún articulado merezca ser estudiado o ser objeto de análisis.

Gabilondo insistió en que “no es al Ministerio de Educación al que le corresponde decidir, sino al de Política Territorial, que es también el responsable de promover acciones ante el Tribunal Constitucional y que, recibidos los distintos informes, se encarga de remitirlos a la Generalitat”.

En el informe correspondiente a la Ley de Educación de Cataluña (LEC) se habla, entre otros asuntos, de la ordenación de enseñanzas o el régimen de la función pública docente.

La LEC, obstáculo para el Pacto

Para el PP, la normativa catalana en este momento “más que sumar, resta” a la negociación del Pacto. Los motivos son los siguientes:
–“Estamos ante una ley que vulnera la normativa básica estatal, arrogándose competencias del Estado”.

–“Faculta a la Generalitat para establecer un currículum al margen de los reales decretos de enseñanzas mínimas a través de los cuales el Estado garantiza un currículum básico común a todo el Estado”.

–“Supone la desaparición de los cuerpos nacionales de profesorado, porque se ordenan en cinco mientras que la LOE lo hace en 12, cambia su denominación e introduce homogeneidad entre perfiles profesionales distintos”.

–“No reconoce las funciones preferentes de los cuerpos de catedráticos, a los que vacía de contenido sin remitirse ni directa ni indirectamente a la LOE”.

–“Atribuye a la Generalitat la competencia estatal para la determinación de especialidades de los cuerpos docentes y se la niega al Estado”.

–“No cita ninguna de las leyes orgánicas vigentes, ni la LODE ni la LOE ni las que son aplicables por razón de jerarquía y de materia”.

–“Va en contra de la sociedad catalana, naturalmente bilingüe, e intenta convertirla en una sociedad vehicularmente monolingüe”.