En torno a 300 personas, entre padres e hijos, demandaron el pasado 19 de marzo al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por vulnerar los derechos fundamentales de los objetores a Educación para la Ciudadanía. En rueda de prensa, José Luis Bazán, director de la asesoría jurídica de Profesionales por la Ética, explicó que solicitan “adoptar las medidas provisionales que obliguen al Estado a no forzar la entrada de los niños en clase de esa asignatura y que la no asistencia no tenga consecuencias negativas para el currículo de los alumnos”. Exigen también compensación por los daños morales causados.

En la rueda de prensa intervino también Inmaculada López, madre de cinco hijos, tres de los cuales son objetores. López aseguró que “la objeción no fue una decisión fácil ni cómoda, sus consecuencias inmediatas suponían que nuestros hijos en el momento en que les correspondiera cursarlas debían salir de cada clase. Y esto no es nada fácil para ellos ni para nosotros”. También señaló que “ni el Gobierno de España ni los autonómicos nos han dejado otra opción para poder educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestras convicciones morales y religiosas”.

Por su parte, Bazán también puso de manifiesto “la escasa sensibilidad del Tribunal Supremo, que dictó unas sentencias disconformes con los principios más básicos de un Estado de Derecho”. “Debe anteponerse la defensa de los derechos fundamentales de las personas a los intereses de Estado o de la ideología que sustenta un gobierno no respetuoso con la libertad ideológica de sus ciudadanos”, afirmó.