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Las escuelas públicas catalanas tienen 7 veces más inmigrantes que la Privada

Las estadísticas no engañan: los centros públicos son los que escolarizan a la mayor parte del alumnado inmigrante residente en Cataluña. El origen de estos estudiantes es distinto dependiendo de la autonomía.
Miércoles, 17 de enero de 2001
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Autor: Federico NAVARRO

2001, el año en el que hemos entrado según el calendario cristiano. 1422, según los musulmanes. 2544, si seguimos las creencias budistas o 4698 si somos chinos. Distintas cifras para denominar una misma realidad, aunque el tiempo no se pueda ver ni tocar. Lo que si se comprueba con los cinco sentidos es que las cuatro culturas nombradas pueden llegar a convivir en una misma aula en nuestro país.

Más datos. Éstos pertenecientes a un estudio elaborado por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña sobre la escolarización en Cataluña durante el curso 1999-2000 y que ha puesto en negro sobre blanco lo que se ha venido diciendo desde siempre: los centros públicos catalanes son los que escolarizan a la mayor parte de los extranjeros residentes en esta comunidad autónoma.

Para muestra, un botón: sólo en Primaria, la Escuela Pública escolarizó a 7.041 inmigrantes frente a los 961 que fueron a centros concertados. Este dato significa que las escuelas públicas tienen en sus aulas siete veces más inmigrantes que la Privada.
En lo que respecta a la ESO, el abismo numérico entre Pública y Concertada sigue siendo grande: 5.437 estudiantes extranjeros fueron a institutos públicos mientras que sólo 901 lo hicieron a centros privados.

Profundizando más en las estadísticas, se descubre que la mayor parte de los inmigrantes procede del Magreb (8.875). De este total, 8.211 van a la Pública y sólo 664 a la Concertada, es decir, doce veces menos.

De todas formas, no se trata de una cuestión que ataña únicamente a Cataluña, ya que se trata de una constante en todas las autonomías del Levante, en particular de Murcia o de algunas regiones andaluzas como Almería. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, 3.795 inmigrantes ingresaron en el sistema educativo durante el curso 1997-98 según datos aportados por FETE-UGT.

Cabe señalar que el caso valenciano presenta también sus propias particularidades ya que 633 de los estudiantes extranjeros eran de procedencia anglosajona, dado el atractivo turístico de localidades alicantinas como Altea, Calpe o Benidorm.

En el caso catalán, las cifras son muy diferentes, pues, en términos globales, únicamente los alumnos del Magreb (8.875) cuadruplican a los de Unión Europea (2.355). En Valencia, en cambio, hay 1.706 estudiantes comunitarios frente a 606 de origen árabe o africano. El denominador común de las dos autonomías es que la presencia de inmigrantes tiende al crecimiento.

Únicamente en Educación Especial, las distancias se acortan en Cataluña, aunque distan mucho de estar igualadas: 91 alumnos inmigrantes fueron a la Pública ante los 53 que lo hicieron a centros concertados.

El decreto

Ante este panorama el descontento de los docentes de la Pública es mayúsculo. En el epicentro del conflicto se encuentra el Decreto de Matriculación, cuyas negocaciaciones entre fuerzas sindicales y Conselleria han vuelto a dar un resultado negativo.
La Plataforma Unitaria (FETE-UGT, CC.OO, Ustec-Stes y CGT) quiso incluir dos medidas que pusieran trabas a los centros concertados que pretendan hacer selección de alumnado. La primera de esas medidas, que incluso obtuvo el beneplácito del Consejo Escolar de Catalunya, era la creación de un punto de información en cada municipio o zona donde fueran necesarios. Estos puntos servirían para informar a los inmigrantes de los derechos sobre la escolarización de sus hijos.

La medida se complementaría con la unificación de las áreas territoriales para los centros concertados. Ambas inciativas toparon con la oposición de la administración.
Carles Martínez, portavoz de Ustec-Stes en Cataluña, siempre se ha destacado por denunciar que la Conselleria mantiene una “doble red” que “segrega y selecciona al alumnado”. Por esta razón, Ustec-Stes se muestra partidario de poner freno a la concesión de conciertos llevada a cabo por la Generalitat de Cataluña.

La opinión de Martínez no es precisamente una excepción. Más bien al contrario: en todo el ámbito docente de la Pública es difícil, por no decir imposible, encontrar a un profesor que crea que el alumnado inmigrante está repartido equitativamente entre centros concertados y públicos.

Por su lado, el Departament argumenta que el nuevo decreto de Matriculación incluirá la reserva de cuatro plazas por grupo en cada centro como mínimo.

También es cierto, tal y como sostiene la misma consellera de Ensenyament, Carme Laura Gil, que hay delegaciones territoriales donde la Concertada tiene muy poco peso. En el caso de Girona, una de las delegaciones que más extranjeros acoge, hay un total de 318 centros públicos frente a los 94 privados.

En todo caso, todo indica que la presencia de los inmigrantes va a seguir creciendo durante los próximos años y las comunidades autónomas donde su número es mayor deberán tener en consideración este factor: la interculturalidad ha llegado a las aulas y hay que saber adaptarse a los nuevos vientos. Vientos que vienen de África, América Latina, del sudeste asiático…

Soluciones a un problema complejo

Aunque la voz de los sindicatos defienda a capa y espada un reparto del alumnado inmigrante entre Pública y Concertada, esta solución sólo seria viable allí donde coexistieran los dos tipos de centro. A esto hay que añadir el derecho de los padres a escoger la escuela que deseen para sus hijos.

Néstor Ferrera, presidente de la Patronal Educación y Gestión rompe una lanza en favor de la Privada al afirmar que “no es cierto que haya rechazo“ y que “muchos centros concertados tienen las ratios llenas”.

Existen dos cuestiones que dificultan la escolarización de los inmigrantes: muchos no conocen en absoluto la lengua del país de acogida y una gran parte llegan al centro una vez iniciado el curso.

Zamir Bechara, que lídera la Plataforma de Enseñanza Secundaria (PES) cree que “hay que buscar profesores competentes en las lenguas que hablan los alumnos inmigrantes”. Desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. en Cataluña se propone la descentralización de ciertas competencias, que deberían traspasarse a ayuntamientos y consejos comarcales. En el plano pedagógico, el sindicato propone una educación intercultural que concierna a toda la comunidad educativa y fomente la tolerancia”.

Josep Alsina, secretario general del Aspepc, afirma que “no tengo constancia de que el alumnado inmigrante sea conflictivo de por sí”. 

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