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El MECD perfila el nuevo sistema educativo

El gabinete de Pilar del Castillo trabaja con este documento para fijar las bases y contenidos de la próxima Ley de Calidad de la enseñanza, que ya empieza a perfilarse en los círculos más estrechos a la ministra.
Miércoles, 21 de February de 2001
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Poco se sabe hasta ahora de la Ley de Calidad aunque MAGISTERIO ha podido tener acceso a la primera plantilla sobre la que trabaja el MECD, que ya está teniendo sus primeros contactos con sindicatos, patronales y asociaciones tanto de padres como de alumnos.
En principio se trata de tomar contacto e intentar aproximar posiciones en materia educativa para consensuar lo más posible una Ley que reformará la totalidad del sistema educativo y que, por tanto, afectará a aspectos actualmente regulados por LODE, LOGSE y LOPEG.

Los principios de la Ley

Aunque está por definir el cómo, el gabinete de Pilar del Castillo tiene ya las cosas claras en cuanto al establecimiento de un sistema escolar muy flexible que permita diversificar las opciones de formación y dar oportunidades a los alumnos que por cualquier circunstancia abandonen el sistema educativo en un momento determinado, pero luego decidan reengancharse a los estudios.

En este sentido, parece que los polémicos itinerarios no marcarán caminos cerrados hacia un tipo de Bachillerato en concreto, estudios de Formación Profesional o formación de tipo ocupacional o garantía social para los menores que se definen como “objetores escolares”.

Lo que parece claro es que todos los itinerarios conducirán al mismo título, tal y como los alumnos de BUP obtenían el título de Bachiller. Este título de carácter generalista de enseñanza Secundaria no cerraría por tanto ninguna puerta.

Además, la Ley pretende reformar los aspectos de la enseñanza Secundaria que no funcionan actualmente tales como la promoción automática que parece que tiene los días contados, y la necesidad de otorgar una mayor autonomía a los centros y mayor capacidad de actuación y decisión a los docentes.

En este aspecto, en el que hay sintonía entre todas las partes, las confederaciones de padres de alumnos se muestran favorables de aumentar la autonomía de los centros siempre que se aumente también el control, mientras que el presidente de la Confederación Española de Centros de enseñanza (CECE), Felix Falcón, se mostró partidario de la necesidad de unos contenidos mínimos comunes para todos los centros independientemente de su titularidad.

Libertad de elección

Pero sin duda otro de los grandes principios de la Ley de Calidad será el de salvaguardar, ante todo, el derecho a la libre elección de centro por parte de los padres. Además, todo parece indicar que se especificará la actual normativa que contempla la Atención de la Diversidad de manera obligatoria y genérica.

Calendario Escolar

La Ley también tratará el tema de los días lectivos. En principio parece que el gabinete de Pilar del Castillo es partidario a la ampliación del calendario escolar, aunque en este momento España se encuentra dentro de la media europea en este aspecto. Diversos expertos consultados por MAGISTERIO apuntan a la necesidad de tener muy en cuenta el calendario escolar de los países de nuestro entorno. Y esto implicaría adelantar un poco el comienzo del curso escolar para no tener que aumentar la carga horaria diaria de los alumnos.

En cuanto a la formación del profesorado hay que distinguir entre la formación inicial y la permanente. La primera de ellas seguirá dependiendo de las universidades, aunque se pretende reforzar esta formación a través de la oferta en todas las carreras de asignaturas optativas de Pedagogía y Psicología. (Véase la edición de MAGISTERIO de 10 de enero de 2001). Mientras que se pretende reforzar la formación permanente de los docentes a través del Instituto Superior de Formación del Profesorado y los programas estatales de formación. En lo referido a la carrera docente, el secretario de comunicación del sindicato ANPE, Javier Carrascal, declaró que “los funcionarios docentes deberían poder promocionar desde la Educación Infantil y Primaria hasta la Universidad con los requisitos necesarios de titulación y experiencia que se establezcan”. En este sentido, es unánime además entre la comunidad educativa la idea de la necesidad de reformar los estudios de Magisterio convirtiendolos en una Licenciatura de al menos cuatro años. Respecto a este asunto el presidente de la patronal Educación y Gestión, Nestor Ferrera, declaró a MAGISTERIO “la importancia de unificar la formación base de todos los docentes, ofreciendo distintas especialidades y adecuándolas a la diversificación de los currículos y a las nuevas especificidades del sistema educativo”. Sin embargo, no parece que el gabinete de Pilar del Castillo esté por la labor de que los docentes puedan pasar de impartir clases de un nivel educativo a otro distinto como piden oposición y sindicatos.

(viene de la página anterior)

El MECD establecerá una titulación y unos requisitos determinados según la etapa en la que se opte por impartir clase ya que en cada etapa es preciso un tipo de conocimiento.

La Inspección

El Cuerpo de inspectores también se verá afectado por esta Ley que, según anunció el secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, durante su ponencia sobre Educación en el último Foro 2000 del PP, estará lista para finales de año. La regulación afectará incluso a la Alta Inspección.

Pero, al mismo tiempo, parece que la intención inicial del Ministerio de Educación y Cultura es mantener el artículo 36 de la vigente LOPEG sobre las funciones de la Inspección en Educación. En concreto, este artículo establece como funciones básicas de los inspectores el control y supervisión, tanto desde el punto de vista pedagógico como desde el organizativo, del funcionamiento de los centros educativos sea cual sea su titularidad. Además, sus cometidos incluirían la colaboración en la mejora de la práctica docente y el funcionamiento de los centros, así como la participación en la evaluación del sistema educativo y el asesoramiento a los distintos sectores de la comunidad educativa.

En este sentido, el sindicato ANPE declaró a MAGISTERIO que “es necesario que se creen unos Servicios de Inspección en todas las comunidades autónomas que actúen como asesores y con criterios exclusivamente técnicos y profesionales para que sea garante del derecho a la Educación y de la mejora de la calidad”. Según Javier Carrascal, “la Inspección debe moverse por criterios profesionales e independientes, de modo que sólo dependan de la legislación educativa”.

En definitiva, el MECD prepara una Ley que mantiene en vilo a toda la comunidad educativa por la amplitud de los temas que abarcará y que, como en el caso de los decretos de contenidos mínimos o la Ley de Formación Profesional y las Cualificaciones, tendrán que desarrollar las distintas comunidades autónomas que son quienes en última instancia tienen las competencias necesarias para hacerlo.

La Atención a la Diversidad

Sin duda uno de los temas que tendrán que ser debatidos e incluidos en la Ley de Calidad de la Educación será el del creciente número de alumnos de procedencia extranjera que cada año se incorporan a nuestro sistema educativo.

El Ministerio de Educación y Cultura sabe que en este punto tiene una “patata caliente” pero aún así, tiene claro que por encima de todo está el derecho de libertad de elección de centro de todos los padres. Este derecho incluiría también a los adultos que no tuvieran resuelta la situación administrativa en nuestro país. En este sentido, el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, Eugenio Nasarre aclaró a este periódico que “en Educación no puede haber ningún ciudadano de segunda clase”.

Pero otra cosa bien distinta será la manera de articular la Atención a la Diversidad ya que la incorporación a las aulas de alumnos de distinta procedencia, y a veces incluso a mitad de curso, supone una distorsión tanto para profesores como para el centro en conjunto. Además habría que tener en cuenta la procedencia de estos alumnos, ya que la integración de alumnos procedentes de países sudamericanos por ejemplo siempre es más fácil que la de los menores llegados de África o Asia.

La multiculturalidad supone riqueza pero es también fuente de conflictos. Por ello, hay quien duda de si este tipo de alumnos deben incorporarse a nuestro sistema educativo a través de unas aulas o centros especiales que les introduzcan en la lengua y la cultura españolas, frente a los que afirman que esto sería un tipo de discriminación y bastaría con incorporar “normalmente” a los alumnos, ofreciéndoles apoyos para tratar las especificidades de estos menores.

En cualquier caso, parece que la intención del MECD es, ante todo, regular la enseñanza de estos alumnos al igual que la de los superdotados, la formación de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), las minorías, y toda la oferta de Atención a la Diversidad.

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